La historia de la protección de la infancia está atravesada irremediablemente por la negligencia y la violencia al interior de las instituciones que se han propuesto como tarea cuidar y resguardar el bienestar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Desde su origen, y pese al sentimiento de caridad que impulsa la fundación de proyectos de acogimiento para niños vulnerados en sus derechos, estos lugares están signados por la precariedad y las dificultades para sostener el cuidado de los más vulnerables.
Esta realidad, que atraviesa otras latitudes del mundo, sigue vigente en nuestro país, escribiendo año tras año nuevos capítulos dolorosos que dan cuenta de una situación que, pese a su profunda gravedad, se resiste a cambios y transformaciones que impacten positivamente en las vidas de los niños, familias y trabajadores del sistema de protección.
Si bien desde los años noventa existe un discurso que apela a una representación de niño como sujeto de derechos, en la práctica, la ideología imperante que se plasma en el abordaje de la política pública de infancia sigue siendo una visión marginadora, paternalista, tutelada y punitiva. Prueba de ello es el funcionamiento que se observa en la mayoría de los contextos residenciales que terminan siendo espacios que sustituyen las funciones de la familia de origen y la comunidad, generando, muchas veces, la ruptura total entre el niño y sus referentes significativos.
A la luz de estos antecedentes, es necesario señalar que la llamada crisis del Sename no es una crisis reciente, sino una permanente, anterior a la fundación de este servicio en 1979, que da cuenta del silencio y el olvido, pero también de la captura, manipulación e ideologización de la infancia desde diferentes discursos de poder que instalan una determinada representación de niño en virtud de intereses privados y estatales. Esta no es la crisis del Sename, sino la crisis histórica de la infancia desvalida, criminalizada, psicopatologizada y maltratada de nuestro país.
No es posible que acciones cuyo propósito es proteger los derechos, por ejemplo, cuando se decide la separación e internación de un niño, generen un daño del que nadie se hace cargo finalmente. Bajo ninguna justificación una medida de protección puede terminar siendo una acción vulneradora. Es insostenible que un sistema que tiene por misión promover y proteger los derechos de los niños termine vulnerándolos.
Se debe reconocer que hoy esta situación ha calado en el sentir de una parte de nuestra sociedad que pone de manifiesto su indignación y descontento. La movilización de algunos se hace visible y comienza a tomar forma a través de denuncias, críticas y propuestas que rompen con la reacción tradicional caracterizada por la indiferencia. Lamentablemente, la visibilización mediática se hace en muchas ocasiones apelando al escándalo y al sensacionalismo, poniendo en riesgo la posibilidad de acceder a una compresión respetuosa del dolor que se produce en las vidas de niños y familias que atraviesan experiencias de violencia, desarraigo y estigmatización.
Los rótulos con los que se circunscribe el problema de la infancia vulnerada han sufrido transformaciones. Si en el siglo XIX se buscaba resolver la situación de los expósitos abandonados a través de la internación, hoy nos cuestionamos las competencias del Estado y de los organismos privados para garantizar la protección de los derechos de los niños en contextos residenciales. La falta de cuidado y la violencia que se ejerce en contra de la infancia se nos presenta de diversas formas en la historia, pero remite siempre a las mismas preguntas de fondo: ¿Cuál es el lugar que tienen en nuestra sociedad los niños más desprotegidos? ¿Cómo se les protege de situaciones que vulneran su bienestar y dignidad? ¿Cuál es el rol del Estado en el cuidado de la infancia?
El cuidado y la protección de los niños siempre se ha presentado como un desafío altamente complejo para cualquier sociedad. No es que exista una voluntad que premeditadamente tenga por objetivo vulnerar sistemáticamente los derechos de los niños, pero sí existen discursos, condiciones estructurales y prácticas anquilosadas en los sistemas de protección de la infancia que naturalizan y reproducen formas de violencia difíciles de desarticular. De ahí el drama y la imposibilidad histórica para revertir esta situación a través de políticas públicas que no reproduzcan la violencia que pretenden detener. Quienes trabajamos en este campo debemos cuestionarnos cuál es la causa por la que los sistemas de protección se vuelven ellos mismos negligentes y maltratadores.
Las vulneraciones de derechos no solo se producen al interior de la familia, la negligencia no es exclusiva responsabilidad de los padres. Hoy la evidencia es contundente y permite afirmar que la institucionalidad vigente también vulnera los derechos de los niños. Pensar que esta problemática se puede particularizar en individuos es denegar, una vez más, la dimensión institucional y social que forma parte de la violencia dirigida hacia la infancia.
Se requiere con urgencia de políticas públicas que consideren la prexistencia de estos discursos y prácticas, y cómo han institucionalizado la violencia al interior de los sistemas de protección. No es posible que acciones cuyo propósito es proteger los derechos, por ejemplo cuando se decide la separación e internación de un niño, generen un daño del que nadie se hace cargo finalmente. Bajo ninguna justificación una medida de protección puede terminar siendo una acción vulneradora. Es insostenible que un sistema que tiene por misión promover y proteger los derechos de los niños termine vulnerándolos. Por lo mismo, resulta fundamental analizar cada una de las propuestas de cambios y/o ajustes al sistema de protección considerando como fundamento el mejor interés de los niños y no lo que resulte más conveniente para mantener velado un funcionamiento que refuerza la idea de un niño que es objeto de la caridad y la tutela de los adultos.
La caridad y el asistencialismo siguen estando vigentes en la protección de niños que pierden el cuidado de sus familias. Bajo estos conceptos, los hijos de la pobreza y la exclusión son tomados y reformados por las instituciones, sus vínculos de origen poseen un estigma que requiere ser intervenido. No se considera la relevancia que puede tener para ese niño su familia de origen y su lugar de pertenencia. Estos elementos centrales en la vida de un niño tienden a ser marginados tarde o temprano. En este ámbito de tanta fragilidad y sufrimiento no resulta fácil distinguir cuándo el deseo por proteger al vulnerable puede terminar en el avasallamiento de la subjetividad del otro, de sus vínculos, su historia e identidad. Interesa recalcar este punto, ya que esta forma de compresión de la niñez ha determinado el modo en que el Estado y las organizaciones privadas diseñan y definen las políticas públicas. Por ejemplo, debemos preguntarnos si el interés por desarrollar contextos residenciales con características familiares tiene por finalidad sustituir el lugar de la familia o apunta a promover la relación entre el niño y su grupo familiar toda vez que se han fragilizado los vínculos producto de situaciones de vulneración de derechos.
La crisis permanente y la imposibilidad de mejorar el sistema es también la expresión de una comprensión de la niñez que se ha construido de forma parcial y externa, pero que se impone como un discurso oficial desde las instituciones públicas y privadas. Esta mirada ha tendido a tomar al niño sin considerar del todo la importancia de sus vínculos y contextos de origen. Existe un discurso que realza el lugar de la familia y la comunidad en el trabajo con niños vulnerados en sus derechos, pero que, en la práctica, las limitaciones y dificultades para integrar a la familia y a la comunidad en la protección y restitución de los derechos dan cuenta de permanentes tensiones a la hora de sostener un trabajo en esa línea.
Las políticas de infancia deben ser ante todo respetuosas de los niños, sus familias y comunidades. No podemos negar u olvidar que un niño que se encuentra en una residencia de protección no solo ha sufrido una experiencia de vulneración de sus derechos, sino que también sufre los efectos de la separación afectiva. Este doloroso acontecimiento genera efectos en el nivel de la relación particular que une a un niño o niña con su familia, pero también produce una ruptura en el plano social, cultural e institucional. En consecuencia, un niño internado también corre el riesgo de ser desarraigado de su contexto social y comunitario. Dimensionar las implicancias que tiene la situación de separación e internación sólo refuerza lo grave e indignante que ha sido tomar conocimiento público de las vulneraciones que experimentan los niños en contextos de cuidados alternativos.
Cuando las instituciones que encarnan la tarea de garantizar y proteger los derechos de los niños están fuertemente cuestionadas se produce una crisis de confianza que fragiliza las condiciones de posibilidad para el cuidado. Sin un proceso que permita reconocer, desde las propias instituciones de la protección, cómo se naturaliza la negligencia y el maltrato al interior de estos contextos es altamente probable que nuevamente seamos testigos de formas de violencia institucional. Negarse a este proceso solo confirma que los niños más vulnerables carecen de toda protección y derechos pues no existe ningún revestimiento social, jurídico y político que sea responsable de reparar el daño que se produce desde la propia institucionalidad.
Las políticas de infancia, hoy más que nunca, no pueden prescindir de tener una comprensión de la experiencia de los niños que buscan proteger considerando sus vínculos, historias, trayectorias y contextos sociales, así como tampoco pueden pasar por alto las representaciones sociales que hay entorno a la niñez de nuestro país y que no son exclusivas de la mirada de las instituciones creadas para cuidar y controlar a la infancia.
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