La madrugada del pasado 2 de septiembre en cercanías de las costas de Turquía y con 23 migrantes a bordo, naufragaron dos embarcaciones que pretendían alcanzar la isla griega de Kos. Con las primeras luces del día, el saldo parcial del siniestro era de doce muertos, nueve sobrevivientes y dos desaparecidos. La tragedia no hubiese sido más que una de las tantas que a diario se suceden en el Mediterráneo, de no ser por una fotografía que dio la vuelta al mundo. La instantánea mostraba en una playa el cuerpo sin vida de un niño. Su pecho en la arena, con el rostro ligeramente hacia un costado, como descansando sobre el suelo en un reposo eterno. Vestido con una polera rojo intenso y unos pantalones cortos color azul. Su cabeza en dirección al mar que lo acababa de regresar a tierra. Su nombre era Aylan Kurdi, tenía tres años y era de nacionalidad siria.
Si bien no es una dinámica reciente, en lo que va corrido del año el fenómeno de los movimientos poblacionales ha cobrado un interés particular en el público a nivel internacional por causa de la crisis derivada del flujo de los más de ochocientos mil migrantes y personas refugiadas provenientes principalmente de Siria, Afganistán y Eritrea, quienes corriendo todo tipo de riesgos han buscado la manera de llegar a las costas de Grecia e Italia con el fin de, en la mayoría de los casos, lograr su ingreso a la Eurozona en condición de refugiados/as.Amnistía Internacional ha insistido en la necesidad de avanzar en la discusión de esta nueva Ley Migratoria, partiendo del principio inalienable de la migración como un derecho y en línea con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en general y sobre las personas migrantes en particular.
Según UNICEF, tres de cada diez muertos por travesías de este tipo en el Mediterráneo, son niños y niñas, y uno de cada veinte de ellos/as, es menor de dos años.
En Chile esto parece muy lejano. Sin embargo, acá se puede ver otra cara de la migración, que no obedece necesariamente a la necesidad de huir de países en conflicto, sino a la llamada “migración económica”. Sólo en los últimos cinco años, Chile ha recibido a más de 160 mil inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad peruana (39.601), colombiana (18.947) y argentina (15.650).
Los índices de creación de empleo en el país, combinado con las bajas tasas de natalidad y las vacantes que dejarán los adultos mayores que cesen sus actividades laborales formales en la próxima década, constituyen un atractivo para aquella fuerza laboral extranjera que en el largo plazo contemple a nuestro país como destino para una eventual migración económica.
Esto también genera importantes desafíos a la hora de garantizar como Estado los derechos de las personas migrantes. El racismo, la discriminación, la dificultad de acceso a servicios, se han ido haciendo presentes en Chile y han revelado la necesidad de fortalecer la protección de los derechos de las personas migrantes. Se espera que la discusión de una nueva Ley Migratoria el próximo año en el Congreso propicie en este sentido mecanismos en favor de una política eficaz y eficiente, y en beneficio de la población migrante y del desarrollo del país.
En este sentido, Amnistía Internacional ha insistido en la necesidad de avanzar en la discusión de esta nueva Ley Migratoria, partiendo del principio inalienable de la migración como un derecho y en línea con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en general y sobre las personas migrantes en particular. El Estado a través de sus funcionarios tiene la obligación y la responsabilidad de brindar las personas extranjeras toda la información concerniente a las alternativas, deberes, derechos y garantías para el acceso a un estatus migratorio acorde a la normatividad vigente, y los tratados internacionales vinculantes.
Estas dos realidades – en Europa y en Chile – que parecen tan diferentes tienen como hilo conductor un fenómeno común: es cada vez más frecuente que las personas, por diversas razones, migren, se desplacen a países diferentes al país en que nacieron, generando diferentes desafíos para los Estados a los que llegan. La Resolución de la ONU N° 5593 del 04 de diciembre de 2000, proclamó el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante. En dicha resolución, y tal como se contempla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece claramente que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y todas las personas (migrantes o no) tenemos los derechos y libertades publicados en dicha Declaración, sin ningún tipo de distinción, particularmente por el color de nuestra piel, origen nacional o raza. Es importante por ello recordar que los Estados del mundo, y Chile en particular, tienen deudas pendientes para hacer que esos derechos sean realidad para todas las personas migrantes
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