Historia y doctrina

¿Qué es la historia? Una sencilla fábula que todos hemos aceptado.

Napoleón

Desde la culminación, en 1883, de las acciones militares desarrolladas entre Chile y los países de Bolivia y Perú durante la Guerra del Pacífico, la historia se ha escrito en más de una versión. La aprendida de manera sistemática a través de generaciones en nuestro país nos ha enseñado los hechos como suele hacerlo la narrativa de los victoriosos y, en general, como se articulan los relatos destinados a establecer una visión, la propia, como la verdad final y definitiva, en descrédito de otras interpretaciones. Así, y a lo largo de las décadas, la educación impartida en las aulas chilenas a niños, niñas y jóvenes ha entregado una historia oficial simplificada didácticamente, obviando en este reduccionismo aquellos elementos de análisis que pudiesen permitir conclusiones distintas. A través del adoctrinamiento se uniforma la opinión de la comunidad nacional en torno a la defensa de determinadas ideas, creencias y valores comunes, erigiendo un altar patrio en el cual poder reverenciar toda esta imaginería de efemérides escolares (bandera, escudo y su lema Por la razón o la fuerza como discutible declaración de principios, himno; exaltación de la figura del héroe mártir, de la derrota épica transfigurada gloriosamente en triunfo moral, por sobre hitos victoriosos como los de Huamachuco o la captura del Huáscar en Angamos, que no se conmemoran; etc.)

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Mediante una mirada panorámica que desde los hechos de nuestro pasado nos permita comprender las razones de nuestro presente, cabe preguntarse: ¿En qué medida la defensa de capitales privados, llevada a cabo por el Estado con el uso de la fuerza armada inclusive, ha respondido a una lógica histórica determinada por relaciones de poder que hoy son rechazadas y condenadas, ética y judicialmente, en tanto práctica impropia y sus alcances de naturaleza delictiva?

Dentro de este marco lógico, los revisionismos no tienen mayor cabida al momento de poder aportar miradas complementarias, entregando elementos de juicio diferentes, muchas veces desconocidos por acción u omisión del ente narrador, de manera de evitar eventuales interferencias en la transferencia informativa del discurso oficial de la historia,  que pudieren alterar el contenido y propósito del mensaje. Por lo mismo, dichas obras resultan nutrientes para la expansión del conocimiento y del despertar de la conciencia colectiva de una sociedad. Esa especie de proscripción que le ha otorgado la exclusión de las mallas curriculares, y que nos señala no ir más allá de la instrucción recibida, oculta terrenos donde yacen otras historias que la oficial ha preferido olvidar y no contar. Una masacre perpetrada en contra de 3 mil obreros en huelga ante su situación de explotación laboral, por ejemplo, no parece ser un hecho menor como para no merecer un espacio destacado dentro de la historia de un país. Sin embargo, en el nuestro ha sido -y sigue siendo- así. Haciendo el parangón en términos informativos, y guardando al mismo tiempo las proporciones con el ejemplo citado anteriormente, la costumbre tendiente al ocultamiento de ciertos temas continúa: los medios de comunicación vinculados al poder empresarial otorgan casi nula cobertura a las demandas sindicales por mejoras laborales, especialmente si afectan la imagen de grandes grupos económicos con incidencia en lo político. Sencillamente, lo que no sale en los grandes medios o en la bibliografía tradicional nunca sucedió.

En alguna ocasión, un profesor universitario de Historia de Chile comenzó la clase inaugural del curso advirtiendo a sus alumnos, recién egresados de la enseñanza media, que para aprender era necesario desaprender. En ese proceso, el desarrollo del juicio crítico para analizar los hechos conocidos, así como para indagar sobre aquellos no contados, resulta indispensable para la comprensión cabal de nuestra actualidad. Qué la ha determinado, cómo se explica su dinámica de relaciones sociales. Por qué somos lo que somos -y lo que no somos- como país. Si lo que vivimos hoy como sociedad respecto de ciertas prácticas político-empresariales corruptas es algo nuevo o si, lejos de ser una señal de los tiempos, se trata más bien de una tradicional habitualidad, extendida con paso elegante y aristocrático a través de los años.

En tal sentido, el rescate de la memoria permite descubrir, tras las guirnaldas nacionalistas que decoran toda guerra, un rostro más verdadero de las mismas. Mientras la asepsia de la narración criolla nos habla de la guerra “del Pacífico”, en Bolivia y Perú aquel conflicto bélico es recordado con un apellido distinto: “del salitre”, nombrando la riqueza que desató los apetitos chileno-británicos y las acciones militares, apoyadas por capitales ingleses, destinadas a adueñarse del entonces llamado “oro blanco”. Mediante una mirada panorámica que desde los hechos de nuestro pasado nos permita comprender las razones de nuestro presente, cabe preguntarse: ¿En qué medida la defensa de capitales privados, llevada a cabo por el Estado con el uso de la fuerza armada inclusive, ha respondido a una lógica histórica determinada por relaciones de poder que hoy son rechazadas y condenadas, ética y judicialmente, en tanto práctica impropia y su naturaleza delictiva?

A la luz del actual escenario en el que la ciudadanía ha logrado ir adquiriendo la lucidez necesaria para comenzar a comprender de qué forma, y con qué efectos, se relacionan de manera incompatible el resguardo de intereses privados con la función del servicio público, la lectura en perspectiva de los hechos adquiere un carácter revelador para entender cómo, desde la ampliación de la mirada, hemos sido determinados como sociedad desde nuestra construcción como país. Algunos investigadores han hecho al respecto un aporte importante, al acreditar documentadamente episodios que, debido a su carácter, pasan a ser datos relevantes de la causa: la situación de morosidad mantenida por el presidente chileno de la época, Aníbal Pinto, con el banco cuyos dueños eran los mismos de la compañía salitrera afectada por el alza tributaria impuesta por el gobierno boliviano a la concesión que permitía explotar el mineral en su territorio; el lobby llevado a cabo por los prestamistas y empresarios mineros en sucesivas visitas a La Moneda, a fin de demandar la intervención militar del Estado chileno en la defensa de estos intereses; el envío de un acorazado a las entonces costas bolivianas de Antofagasta, como medida de presión al gobierno de ese país tendientes a hacerlo reconsiderar las acciones emprendidas contra los capitales chilenos, y que detonó finalmente la declaración de guerra; la condonación de la deuda al mandatario luego del apoyo prestado por el Estado chileno para la defensa de la causa patrimonial de la empresa privada, en retribución a su gestión. Todos estos, elementos que sin duda configuran una secuencia abiertamente cuestionable, y en la que queda planteado un evidente conflicto ético, de proporciones que hoy resultarían escandalosas.

Por ello, la reflexión respecto de qué es lo que una sociedad defiende, en definitiva, al asimilar y actuar en concordancia con los principios y valores doctrinarios impartidos por el relato de la historia oficial, no parece antojadiza, sino de absoluta pertinencia en el momento que vive el Chile del presente.