el control de sustancias psicoactivas como la cannabis estaría mejor en manos de la sociedad organizada que en manos del narcotráfico, como lo está ahora: consumidores en Chile existen y ponerlos en el mismo saco que en el de los narcotraficantes configura un círculo vicioso funesto.
No es mi propósito promover el consumo de marihuana en la juventud chilena, sino que hacerse cargo de un problema flagrante en cuanto a la criminalización de los usuarios, en gran medida jóvenes, al alero de la expansión del narcotráfico y otros problemas derivados de éste. Efectivamente, hoy la política de drogas tiene efectos negativos que van mucho más allá de los efectos mismos del consumo de sustancias como la cannabis, y ello viene reflejado en que la actual estrategia dispuesta para la lucha contra el narcotráfico ha tenido resultados mediocres, tanto en disminuir el consumo como reducir el narcotráfico, ha generado además estigmatización y abandono a consumidores problemáticos y ha degradado al Estado poniéndolo en contra de los usuarios, hipócritamente tolerados por la ley vigente, malgastando así los recursos fiscales que bien podrían ir dirigidos a mejorar la oferta sanitaria, la educación y la seguridad.
La normalización respecto al consumo de cannabis es una cuestión indiscutible, así los estados en el resto del mundo han respondido con políticas tolerantes y progresistas, primero asimilando los malos resultados del prohibicionismo y después respetando el principio de las libertades individuales al amparo también de los efectos científicamente comprobados del consumo responsable de cannabis.
En Chile, la situación en la que nos encontramos demanda de una posición clara respecto al problema del narcotráfico y la criminalización contra los usuarios. Al respecto creo, de partida, que el control de sustancias psicoactivas como la cannabis estaría mejor en manos de la sociedad organizada que en manos del narcotráfico, como lo está ahora: consumidores en Chile existen y ponerlos en el mismo saco que en el de los narcotraficantes configura un círculo vicioso funesto.
Sacar la cannabis de la lista 1 de drogas duras y entregar el conocimiento de las faltas consideradas en la ley 20.000 a los Juzgados de Policía Local indudablemente son pasos importantes en este esfuerzo por imponer un enfoque sanitario y no exclusivamente punitivo, no obstante, lo principal es revisar los fundamentos en los que se sostiene la actual Política de Drogas en su conjunto, contraponiéndola a los resultados que ésta ha tenido en el tiempo y la evidencia que hoy tenemos y que viene a empujar un cambio de paradigma aún más importante respecto a la regulación y el consumo. Actuar sobre este problema específico puede servir de precedente en un cambio aún más sustancial sobre la actual estrategia en la lucha contra el narcotráfico, apuntando por una nueva Política de Drogas que obedezca a la evidencia científica, la educación, la salud y el respeto por los Derechos Humanos.
La Nueva Política de Drogas nos convoca a todos y todas.
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