Formación de competencias y empleo en personas con discapacidad

En los últimos 10 años, Chile ha generado importantes avances en materia de inclusión social de personas con discapacidad. Esto incluye desde la firma y posterior ratificación del protocolo facultativo de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, hasta la reciente ley Nº 21.015 que promueve la reserva legal de puestos de trabajo en las empresas y Organismos del Estado para este grupo de la población. Sin embargo, debemos acentuar que la vanguardia legal no necesariamente se traduce en avances sociales. Por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Noruega y Dinamarca no han ratificado el protocolo facultativo de la Convención, pero son países que, por motivos ya sea culturales y derivados de los conflictos armados, han desarrollado una cultura de inclusión de las personas con discapacidad que permea todas las esferas del desarrollo social.

Con relación al acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad, en el IRV hemos promovido ampliamente que las comunidades incorporen a sus familiares en programas de formación en oficios, postulen a empleo y permanezcan en ellos. No es menor que personas que comienzan ganando el ingreso mínimo vigente, sumado al pago de la Pensión Básica de Invalidez que reciben mensualmente, pueden triplicar sus ingresos, mejorando su acceso a salud, seguridad social, autoimagen y con el consiguiente efecto positivo en los ingresos económicos de su grupo familiar.

Sin embargo, la oportunidad que implica para muchas familias la ley 21.015 de inclusión laboral debe ser puesta en perspectiva conforme al contexto social de nuestras comunidades y explicada a la empresa privada que debe cumplir con la nueva normativa. En Chile, la prevalencia de personas en situación de discapacidad en el quintil más vulnerable es superior al doble que en el quintil más rico. A su vez, en al comparar estos mismos quintiles, la prevalencia de las discapacidades severa es un 50% mayor en el quintil más pobre, respecto de la prevalencia nacional estimada. Otro aspecto muy importante es que 2 de cada 5 personas con discapacidad en Chile posee 8 años de escolaridad o menos. Según datos del SENADIS, esto es relevante pues si uno asume que la educación media y la educación superior son un catalizador importante de movilidad social, la brecha social en las personas con discapacidad debiera tender a acortarse comparado al resto de la población. El resultado de todo lo anterior es que la participación laboral en personas con discapacidad es de apenas un 56% en la población con discapacidades leves y un pobre 24% en las personas con discapacidades severas.

Por esto, para poder acercar la oferta laboral y la permanencia en éste, debemos trabajar como país en varios frente al mismo tiempo. En lo que respecta a las generaciones actuales, las empresas deben considerar que, para fomentar la inclusión laboral deben invertir en capacitación laboral. A través de SENCE, FOSIS y otros instrumentos, las empresas pueden acceder a oportunidades para preparar a los candidatos en las competencias necesarias y habilidades para el trabajo para seleccionar adecuadamente y facilitar la adherencia al puesto de trabajo. En paralelo, el Estado debe promover con la Sociedad Civil iniciativas de innovación social para conducir a los usuarios a los diversos programas de capacitación, motivar a las familias y sistematizar las experiencias exitosas y escalables. A nuestro juicio, el Estado de Chile debe preocuparse de verdad en la formación de competencias de adultos con discapacidad, crear incentivos para la accesibilidad en la ciudad y de transporte público, y generar incentivos potentes para estimular la incorporación al mercado del trabajo en personas con discapacidades severas.

El Estado de Chile debe preocuparse de verdad en la formación de competencias de adultos con discapacidad, crear incentivos para la accesibilidad en la ciudad y de transporte público, y generar incentivos potentes para estimular la incorporación al mercado del trabajo en personas con discapacidades severas.

Pero el futuro es la clave. Los avances en la medicina y el aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles inciden en la sobrevida de niños y adultos con diversas condiciones de salud, que posterior a su rehabilitación deben insertarse socialmente. Allí, es importante que el Estado invierta fuertemente en infancia en planes de intervención temprana sobre niños con discapacidad, en educación inclusiva a todo nivel, creando oportunidades desde el jardín hasta la educación superior y, para el caso de los adultos con discapacidades adquiridas, crear mecanismos fácilmente distinguibles para que, posterior a la recuperación, las familias y el mismo usuario puedan distinguir cómo volver al mercado del trabajo.

Por último, no debemos olvidar la participación ciudadana en esto. Es importante que las iniciativas de inclusión social incorporen la participación de la sociedad civil organizada, comunidades de personas con discapacidad, sus familias y actores locales. Son ellos y ellas quienes pueden interpretar mejor las dificultades económicas que involucra contar con un familiar con algún tipo de discapacidad y la falta de oportunidades que han transitado a lo largo de sus vidas.

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