Después de 2 meses de investigación y de revisión caso a caso, el Servicio Nacional de Menores, (SENAME), entregó la cifra de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos entre el 1 de enero del 2005 y el 30 de junio del 2016, tanto en el sistema de protección como de justicia juvenil. La Directora Nacional del Sename, Solange Huerta, explicó que la revisión de las cifras incluyó un cruce de datos con el Registro Civil y con el Servicio Médico Legal.
Así las cosas, se informó que en el Sistema de Protección Residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados) fallecieron en este período 210 niñas, niños y adolescentes. De ellos, 131 decesos estaban asociados a alguna enfermedad, no obstante, no se informa si en ellos existieron negligencias de parte del cuidador o si hubo alguna otra causa de muerte.Hoy frente a los hechos, lo único que sirve es hacer un mea culpa de todos y cada uno de nosotros y reconocer que fallamos como sociedad con aquello que es lo más preciado que tenemos: nuestros niños.
La cifra de niños, niñas y adolescentes que fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en Programas Ambulatorios a cargo de organismos privados llega a 406. Además, se informó que en este período fallecieron 215 adultos que permanecían en Centros de Protección por tener graves discapacidades, al no existir otros organismos que los acojan.
En los Centros de Justicia Juvenil se registraron 33 fallecimientos de adolescentes que cumplían medida de internación provisoria o sanciones en un centro del Sename por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. A ellos se suman 22 adultos que cumplían sanciones en esos centros por la misma Ley.
Es decir, 865 personas fallecen y las cifras estremecen porque hablamos de menores que se encontraban al cuidado de un organismo público cuya misión es precisamente “Contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del servicio”.
Hoy ya no sirve lamentarse por el retraso en la entrega en la información, los procedimientos mal implementados, los recursos mal asignados, la falta de fiscalización por parte de los profesionales de este organismo, ni tampoco sirve buscar un nombre de tal o cual Gobierno de turno. Hoy frente a los hechos, lo único que sirve es hacer un mea culpa de todos y cada uno de nosotros y reconocer que fallamos como sociedad con aquello que es lo más preciado que tenemos: nuestros niños.
Hemos levantado la voz tantas veces por diversos motivos: desde los pingüinos hasta los camioneros, las reformas Tributaria, Constitucional, Educacional, hemos marchado frente al Palacio de La Moneda dando una voz de alerta para que no se legisle frente a las 3 causales que el Gobierno ha propuesto para el aborto en Chile, hemos debatido ampliamente quiénes serán nuestros candidatos para las próximas elecciones municipales y posteriores, presidenciales, pero lamentablemente mientras todo esto pasaba en Chile, se nos morían aquellos niños que no pidieron ir a “sobrevivir” al Sename, aquellos que no pidieron ser hijos de padres drogadictos, alcohólicos, o nacer en un ambiente donde no existe una red de apoyo para su educación. Si a un niño no se no le rehabilita a tiempo, lo más probable es que nunca se reinserte en la sociedad y terminará sus días en la cárcel como ya lo vemos en el aumento de la delincuencia que existe actualmente.
Y así suma y sigue pues después llegamos al hacinamiento en la población penal y una cosa lleva a la otra…
Cuando la Ministra de Justicia Javiera Blanco concurrió a la comisión investigadora de la Cámara por este caso, señaló que eran 187 los menores fallecidos sujetos a protección del Sename en los últimos 12 años. Posteriormente, el diputado René Saffirio aseguró que esa cifra se elevaba a 477, incluyendo a los jóvenes infractores de ley, no obstante, no hay boletines de información entre 2005 y 2009. Y ahora nos encontramos con una cifra que dobla y tal vez, triplicará una vez que el Ministerio Público termine la investigación que está en curso.
En 1990 Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño y con ello asumió una serie de obligaciones dirigidas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de las cuales los ajustes normativos juegan un rol crucial para alcanzar dicho objetivo. Transcurridos 26 años, y pese a que han existido avances en esta dirección, aún persisten ciertos nudos críticos que nos impiden hablar de la existencia de un Sistema de Protección Integral que garantice los derechos de la niñez en nuestro país. Esta ausencia de integralidad tiene a su base una carencia identificada unánimemente por quienes trabajan en la temática: la ausencia de una Ley de Protección Integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Es de esperar que el Presupuesto 2017 que se está discutiendo en el Congreso, ajuste y destine recursos para mejorar este sistema de menores que hoy se encuentra absolutamente a la deriva.
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