Se van las altas temperaturas estivales y los recuerdos de aquellos días oscuros, producto de la contaminación atmosférica desde Rancagua al sur, se vienen a la retina.
También comenzamos a recordar que la ciudadanía pide soluciones concretas, efectivas y por sobre todo “coordinadas” de parte de las autoridades a cargo del tema. En este sentido, en febrero de este año se daba a conocer una noticia que pasó casi desapercibida para la ciudadanía, debido a la época principalmente, pero que ahora que se nos aproxima el problema del mal uso de la leña y la contaminación del aire, vale la pena recordar:En los últimos 5 años, como Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) hemos visto fallas en las políticas públicas debido principalmente a dos razones: por un lado, la evidente falta de coordinación entre los organismos competentes y, por el otro, medidas que si bien podrían ser buenas, no cuentan con los recursos necesarios para su ejecución.
Para contextualizar al lector, recordaremos que un estudio independiente presentado por la Asociación de Consumidores del Sur (CDS) indicó que un modelo de la empresa Amesti, que era usado en el programa de recambio por parte de la SEREMI de Medio Ambiente en Temuco, no cumplía con las exigencias para estar certificado por parte de la SEC, pero que, sin embargo, el laboratorio Cesmec recomendó su certificación en el proceso de estudio del modelo cuestionado, el que, luego de una revisión por parte de la SEC se determinó que la certificación fue otorgada de “forma errónea”, siendo suspendida momentáneamente la comercialización de 8 modelos de estufas Amesti que se encontraban a la venta en el mercado (principalmente por fallas en aspectos como emisiones, eficiencia y seguridad).
Esto trajo como consecuencia la paralización del programa de recambio que ya era conocido en la Araucanía por su enorme retraso, ya que aún no se terminaba el proceso del año 2013, tras otro gran error del Ministerio de Medio Ambiente, cuando se recambiaron calefactores de la empresa SAME, que presentaron fallas al momento de su uso, el resultado final: alrededor de 500 familias siguieron esperando su nuevo equipo de calefacción y, hasta donde tenemos entendido, la SEC aún investiga el proceso de certificación de los modelos de la empresa antes señalada, la que, en el caso de comprobarse que no cumple la normativa, deberá realizar las acciones necesarias para reparar las deficiencias antes de volver a vender los modelos cuestionados y, mientras tanto, el tiempo de espera para una respuesta satisfactoria a las familias pareciera alargarse.
Las consecuencias hoy también se comienzan a evidenciar en el programa de recambio de calefactores que ejecuta la SEREMI de Medio Ambiente en la región de Los Ríos, pues en los medios ya se ha expresado la molestia de dirigentes vecinales, debido a que no se comunicó oportunamente que estos modelos de estufas estaban con prohibición momentánea de venta desde el mes de febrero de este año, producto de la investigación que lleva a cabo la SEC, lo que ha significado la espera e incertidumbre de las familias Valdivianas que esperan su artefacto de calefacción y, otras que ya han instalado los modelos cuestionados ya no tengan la seguridad para usarlos, pues se suponía que eran “seguros, eficientes y menos contaminantes”.
Ahora cabe preguntarse una vez más: ¿porqué el Ministerio de Medio Ambiente no comunicó oportunamente a sus beneficiarios la situación que la misma SEC dio a conocer en febrero de este año?, ¿porqué mientras un organismo del estado anuncia públicamente las medidas tomadas, el ministerio que realiza el programa de recambio pareciera no estar en comunicación directa con éste?, ¿se ve bien que un organismo estatal que se supone vela por mejorar la calidad del aire, recambie calefactores no certificados? Y, finalmente ¿por qué se ve que el Estado insiste en realizar acciones aisladas y no hacerlas de manera conjunta entre las autoridades competentes en el tema?
Es aquí en donde toman valor los reiterados llamados de la ciudadanía a sus autoridades para que realicen una labor coordinada en torno a un tema en el que aún no se ven estrategias claras ni efectivas, muestra de ello es el primer plan de descontaminación ambiental de Temuco y Padre las Casas, el que en 10 años no mostró resultados concretos, o el famoso bono leña en la región de Aysén, que solo produjo efectos negativos en el mercado de la leña.
Mención aparte tienen las medidas adoptadas en episodios de emergencia ambiental, en donde los mensajes que se emiten por parte de diferentes instituciones públicas, en el receptor generan la sensación de incertidumbre en cuanto si la inversión estatal que se realiza por ejemplo en el aumento de leña seca en el mercado, tiene sentido si ésta de todos modos va a tener restricciones en su uso. La situación anterior ha ocurrido en regiones como VI, IX, XIV y XI, en donde, instituciones como el Ministerio de Energía, SERCOTEC, CORFO, CPL, los GOREs, SEREMIAs, realizan acciones para mejorar, aumentar y fomentar el uso de la leña a través de diversos fondos de apoyo, a su vez existen otros organismos como los Ministerios de Salud y de Medio Ambiente que anuncian restricciones y multas a quienes la utilicen, mensajes que con el pasar del tiempo se van clarificando pero de una forma tardía y ello genera principalmente incertidumbre a nivel de oferta (los vendedores de leña).
En los últimos 5 años, como Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) hemos visto fallas en las políticas públicas debido principalmente a dos razones: por un lado, la evidente falta de coordinación entre los organismos competentes y, por el otro, medidas que si bien podrían ser buenas, no cuentan con los recursos necesarios para su ejecución (ejemplos: acciones de fiscalización, programa de recambio, subsidios para mejorar la oferta de leña de calidad, entre otros).
Creemos firmemente en que las declaraciones realizadas por el Ministro de Energía en su reciente cuenta pública, respecto de legislar, ordenar, asignar recursos, declarar a la leña como combustible, e implementar una política transversal a nivel interministerial de manera coordinada de parte del estado, se hagan realidad en el corto plazo (ideal si el Ministerio de Medio Ambiente se siente convocado a ello), para evitar que los errores los sigan pagando los millones de chilenos que usamos la leña como combustible en nuestro hogares.
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