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El derecho a plebiscito

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En Chile funciona un sistema político que no alcanza a ser democrático, sino solo constitucional y  originado de modo antidemocrático. En un país donde se ha cuestionado el Estado y acrecentado el culto a la iniciativa privada, la consecuencia ha sido la gran desigualdad en que nos encontramos. En una república que carece de procedimientos para involucrar a las personas en las decisiones públicas se puede esperar apatía, desconfianza y rechazo. Solo hasta que las audiencias se toman la calle.
 
El sistema político actual tiene su origen en el golpe del Estado del año 1973. A partir de entonces la dictadura eliminó los derechos constitucionales. Los insurrectos mantuvieron un régimen de fuerza en base a bandos militares y se aliaron tempranamente a la oligarquía nacional. Esto tuvo como resultado un proceso de restauración a un “estado de cosas”, anterior a la Constitución del año 1925. Los consejos de generales del Ejército y el cuerpo del almirantazgo fueron los principales actores de este proceso, debido a que se auto-asignaron la formalidad del Poder Ejecutivo y el espectro de un Congreso, respectivamente. Ello convirtió a Pinochet en Presidente de la “Nación” y a Merino en Presidente del “Congreso” de las Fuerzas Armadas. Ambos órganos integrados, además, por civiles partidarios del régimen militar. 
 
Una posible guerra con Argentina llevó al régimen a intentar legitimarse ante el pueblo con la consulta de 1978, para fortalecer la cohesión social dañada por su estela de persecución, tortura y muerte en contra de la Unidad Popular. Posteriormente, el Congreso del Almirante Merino fue el lugar de los acuerdos para ultimar la Constitución de 1980. El acto plebiscitario para legitimarlo fue manipulado por el gobierno: sin prensa libre, coercitivo para los opositores y recuento de votos sin escrutinio público. Es por tanto, la constitución de una derecha política y económica que impuso sus ideas por la fuerza del Ejército Nacional. No es una constitución republicana, es una constitución pretoriana.  El ex presidente Eduardo Frei Montalva fue el primero que se opuso a ella en un acto público. Pero su voz fue acallada. 
 
En su lugar surgieron y acrecentaron las protestas sindicales y universitarias que pusieron en jaque al régimen, cuestionando su legitimidad política y la imposición de su modelo económico oligárquico. Fueron las grandes protestas de 1983. Después vino la negociación Jarpa – Valdés y un intento de magnicidio del PC, ambos fracasados. Fueron largas y agotadoras jornadas de protesta -Estado de Sitio de por medio- para finalmente rechazar al General Pinochet  en el plebiscito de 1988. 
 
Pero en 1989, los principales dirigentes del NO negociaron con el dictador confusas reformas a la misma Constitución del 80, que a la postre favorecieron a la derecha, a un ordenado repliegue de las Fuerzas Armadas a sus funciones propias y a la legitimación de los primeros dirigentes de la Concertación. Ello da origen a la idea profusamente utilizada que allí se habría producido una negociación espúrea, que determinaría los derroteros de la transición hasta la eliminación de los senadores designados en marzo del 2006. En 1990, Aylwin optó por el continuismo económico y hubo de establecer una co-habitación con Pinochet y sus partidarios en el Senado, como respuesta a los ejercicios militares expresivos con que el Comandante en Jefe del Ejército buscaba atemorizar a sus adversarios y presionar al gobierno. A pesar de que Frei y su equipo archivaron por razones de Estado los negocios de armas de los Pinochet, no se logra avanzar en obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. 
 
El tratamiento del caso Pinochet en Londres es emblemático de un sistema político empatado. Su repatriación -solicitada a los socialistas ingleses- a cambio del retiro de la vida política del anciano general. Lagos es el primer gobernante concertacionista que gana en segunda vuelta. La Concertación venía perdiendo fuerzas desde 1997 y el “cosismo” de Lavín impedía el debate sobre más y mejor democracia. Empero, su gobierno persistió en reformar la Constitución, aunque solo fuera para terminar la intervención de los militares en el sistema político. Siendo relevante, sus efectos fueron pocos y estuvieron limitados al ámbito de la Defensa. 
 
En el 2006 Bachelet no requiere de la Concertación para imponerse en las encuestas. Su liderazgo se distancia de la clase dirigente tradicional, al proponerse un gobierno “ciudadano”. Al no ejercer como jefa de la coalición, la Concertación comienza un desenfreno faccionalista que a la postre favorece a la derecha que logra hacerse de la mayoría en el Senado, con el apoyo de ex- concertacionistas. En retrospectiva, durante su gobierno ya no había fuerza política para lograr cambios constitucionales. El derecho a plebiscito, que siempre había sido una demanda crucial para los otrora jóvenes del NO, debió esperar nuevamente. 
 
La dictadura realizó bajo distintos nombres cuatro consultas plebiscitarias. Dos ilegítimas,1978 y 1980, y dos legítimas, 1988 y 1989. Lo hacía por pragmatismo, porque desde antiguo los plebiscitos se han comprendido como catalizadores de grandes conflictos políticos o sociales. Allende no alcanzó a realizar el que tenía previsto.
 
La tradición plebiscitaria invoca directamente al pueblo. Evoca generalmente el contrato originario entre mandantes y mandatarios, y es el más genuino acto de legitimación democrática de las grandes decisiones políticas de un país. Es lo que el actual movimiento estudiantil nos ha devuelto como un objeto perdido. 
 
Tal vez, la mayor falta moral de la Concertación sea haber dado la espalda a la participación del pueblo. Tomar a los individuos como clientes o consumidores sin haber profundizado el carácter ciudadano de la democracia, olvidando que en democracia se gobierna con los ciudadanos, por mandato de los ciudadanos y para los ciudadanos. En democracias más avanzadas esta tradición convive armónicamente con las instituciones representativas. Se entiende que la convocatoria a plebiscito es un acto excepcional, fundado en razones y motivos sobre los que en la mayoría de los casos se tiene un alto grado de consenso para su realización. Algunas veces los ciudadanos quieren y deben tener la oportunidad de resolver por sí mismos. Son cuestiones en que la dirigencia de la Concertación dejó de creer, aún cuando un plebiscito les había puesto en el camino de gobernar Chile. 
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Foto: emol
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