Hemos avanzado, pero no importa cuánto camino hayamos recorrido mientras persista la impunidad sobre las violaciones sexuales, el incesto, la esclavitud, la tortura, el asesinato, el tráfico de personas o la discriminación en el acceso a la educación
Así como las niñas del hogar seguro, hay miles más esperando una justicia que no llega.
Escribo esto el 8 de marzo, una fecha simbólica para conmemorar la crueldad del patriarcado.
Entre mensajitos floridos y frases cliché, se cuela la verdadera dimensión de la discriminación y la impotencia en la cual viven millones de mujeres en todo el mundo, víctimas de un sistema capaz de transformar su vida en una esclavitud legalizada. Claro que hemos avanzado… Hoy podemos celebrar nuestro derecho al voto, aunque aún –en pleno siglo veintiuno- nos toca luchar por una paridad a la cual tenemos pleno derecho. Hemos avanzado porque existen leyes contra el feminicidio, pero no hemos logrado una acción consistente de los sistemas de administración de justicia para prevenirlo y sobre todo para castigarlo.
Hemos avanzado en tecnología y conocimiento, claro que sí, pero nuestras niñas son privadas de su derecho a la educación y a la atención sanitaria, condenándolas a un futuro de servidumbre sancionado por una sociedad ciega a la dimensión de esa injusticia. Hemos avanzado en conciencia sobre las inequidades y al mismo tiempo avalamos un sistema patriarcal capaz de anular las capacidades y el potencial de una mayoría silenciada por prejuicios y costumbre. Hoy, mientras escribo con la sorda indignación de saber cuánto falta para alcanzar un estatus digno para niñas y mujeres cuyos derechos son violados con total impunidad, me regresan las imágenes de las 56 niñas heridas y calcinadas por orden presidencial en Guatemala, un día como este.
Hemos avanzado, pero no importa cuánto camino hayamos recorrido mientras persista la impunidad sobre las violaciones sexuales, el incesto, la esclavitud, la tortura, el asesinato, el tráfico de personas o la discriminación en el acceso a la educación. Es imposible presumir de desarrollo cuando hemos transformado en auténticas rehenes a la mayoría de habitantes en nuestros países, privadas de derechos elementales por decisión de quienes han convertido el poder político en un gueto impenetrable, cuya apertura depende de la voluntad de quienes temen compartirlo.
Hemos avanzado porque hoy, por lo menos, se puede debatir, denunciar, protestar. Pero los muros continúan sólidos gracias a la fuerza de las tradiciones, prejuicios y costumbres instaurados desde hace siglos para monopolizar los mecanismos de control sobre nuestras sociedades. Derribarlos, por lo tanto, no es más un atentado contra lo establecido, sino un deber ciudadano y un acto de justicia. Hoy podemos decir cuánto hemos avanzado porque ya somos capaces de proclamar ante el mundo la importancia de la soberanía sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, falta ese tramo indispensable de la batalla para alcanzar un estatus legal desprovisto de estereotipos moralistas, impuestos por doctrinas religiosas cuyo propósito es someternos y anular nuestro derecho a la libertad.
El catálogo de las injusticias es un gordo tratado de restricciones y abusos que han ido desde lo más elemental, como un estatus jurídico que ha privado a las mujeres de sus derechos cívicos, hasta las aberraciones extremas como la tolerancia al incesto, los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, los obstáculos para su normal desarrollo y la constante desvalorización de su naturaleza, como si nacer con sexo femenino fuera un defecto biológico.
Este día 8 de marzo de 2020 dedico mi pensamiento a las 56 niñas del hogar seguro Virgen de la Asunción y a las miles de niñas y adolescentes recluidas en esos antros de miseria administrados por un Estado incapaz de velar por su integridad. Es mi homenaje y mi protesta.
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