En la edición del pasado domingo 27 de septiembre del diario El Mercurio, se publicó a página completa, destacándose la coloreada fotografía del contralor, la repetitiva e insidiosa crónica titulada «La última polémica del incómodo Bermúdez», con epígrafe ¿Se puede fiscalizar al fiscalizador?, en donde ese diario vuelve a la carga en contra del rol que ejerce la Contraloría General de la República.
En la crónica mercurial, entre otras cosas, se alude también a las varias críticas a Bermúdez formuladas por la alcaldesa UDI Evelyn Matthei, señalando que unos cuantos agentes públicos del gobierno han dicho que el contralor no ha mostrado «ni la prudencia ni la deferencia necesaria en algunos casos delicados» (sic) y como broche de oro se alude a una posible acusación constitucional por parte de parlamentarios de Chile Vamos.
En la sección cartas al director, del mismo día, dicho medio de prensa le dio tribuna a una abogada para que despotricara en contra del titular de la Contraloría, motivo por el cual nos vimos en la necesidad de enviarle el mismo día una comedida respuesta, para que se publicara, precisando algunos aspectos proferidos por esa lectora, texto que decía.Desde hace años estamos criticando con fuerza a este tipo de inversionistas que, para obtener ventajas en el mercado, actúan con el tejo pasado, aprovechando la debilidad de las municipalidades y de otros órganos públicos
Hoy día doña Pilar Arellano, profesora de Derecho Constitucional, publica la carta «Los sumarios de Contraloría» en la cual objeta el rol que la anterior ejerció respecto de 7 generales de Carabineros, pues se habría inmiscuido en materias de mérito, propias de la institución de seguridad. Asimismo, señaló que la Contraloría carecía de atribuciones para fiscalizar a Codelco o emitir dictámenes en materia urbanística y que los tribunales de justicia le han representado esas indebidas intrusiones.
Pues bien, los antiguos vecinos de ese balneario lacustre interpusieron en julio pasado una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra del aludido megaproyecto por haber incurrido en una serie de infracciones ambientales en una zona de alto valor ecológico. Según la tramitación ante esa SMA, desde el año 2015, la inmobiliaria Ambienta, a través de diversas figuras tendientes a eludir la fiscalización y la participación ciudadana, se encuentra desarrollando tres megaproyectos inmobiliarios (Aiwinco, Parque Pinares y Pinares del Lago) en el sector denominado “Punta Pucón”, en toda la ribera del Lago Villarrica.
La denuncia acusa que Aiwinco, Parque Pinares y Pinares del Lago constituyen un único megaproyecto y que ha sido fraccionado por la inmobiliaria Ambienta con el único objetivo de eludir su ingreso al Sistema Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que implica evadir una serie de exigentes estudios de protección medioambiental y la necesaria participación de la comunidad en megaproyectos de alto impacto territorial. De este modo, el fraccionamiento representa una infracción gravísima al ordenamiento ambiental que, como tal, se castiga con las más altas sanciones que dispone la ley.
Recientemente, SMA multó en más de $200 millones a Inversiones Panguipulli SpA, cuyo dueño es el mismo Claudio Cordero de Inmobiliaria Ambienta, por eludir también el SEIA, lo que ha dado esperanzas al grupo de vecinos de “No + Torres en el Lago” sobre su denuncia en Pucón, la que todavía no se resuelve.
Si bien el propio Cordero Tabach le ha informado al municipio que no seguirá adelante con el megaproyecto Lago Villarrica, existe desconfianza entre los vecinos porque formalmente la iniciativa sigue su curso en la Dirección de Obras Municipalidad de Pucón y otros organismos públicos.
Desde hace años estamos criticando con fuerza a este tipo de inversionistas que, para obtener ventajas en el mercado, actúan con el tejo pasado, aprovechando la debilidad de las municipalidades y de otros órganos públicos y en tal sentido no nos queda más que felicitar al movimiento “No + Torres en el Lago”, instancia de la sociedad civil informada que ha realizado las acciones conducentes a paralizar legalmente el intento comercial en Pucón que hemos comentado.
Tampoco podemos perder de vista que las normas urbanísticas consideradas en el PRC de Viña del Mar del año 2008 para el contaminado terreno de 16 hectáreas del grupo Angelini, llamado Sector Petroleras Las Salinas, no podrán aplicarse por una serie de errores que el 24/09/20 le representamos a la alcaldesa, al asesor urbano y al director jurídico de esa municipalidad.
Finalmente, con motivo de las reiterativas y ácidas críticas a la Contraloría, por parte de los mismos de siempre, se evidencia que tiene plena vigencia la conocida frase del Quijote «Sancho, si los perros ladran es señal de que avanzamos». Entonces si queremos avanzar en probidad y en transparencia en el aparato público hay que potenciar al órgano fiscalizador, aunque ello perjudique los intereses de los acostumbrados a mandar desde las sombras.
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