Cuando asumió la Presidenta Bachelet a La Moneda, una nueva fase de la historia republicana se iba a construir -creíamos todos-, con la firme convicción de que una sociedad de derecho nacía y que la desigualdad empezaría a quedar atrás. Es que por medio de una educación gratuita y de calidad, una nueva constitución política inclusiva y el reconocimiento de los pueblos originarios, un equilibrio en los impuestos para eliminar la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Era, por fin, el quiebre esperado, un gobierno de izquierda con eje en la igualdad.
Sin embargo, bastó un año de euforia para darse cuenta de que caímos en el mismo error de siempre. Se hizo creer a la gente que son escuchados, mientras se gobierna mirando al empresariado y dejándolos transitar con el fruto de la explotación de reivindicaciones y anhelos de los pueblos originarios.Si bien no podemos desconocer los avances desde la creación de la ley indígena y la ratificación del convenio 169, hoy es tiempo de más.
La presencia de los pueblos originarios en las discusiones sociales siguen siendo como estos últimos 500 años, sin su reconocimiento constitucional, y excluyéndolos de sus derechos políticos. Muchos gobiernos, políticos y voluntades se han sumado a remediar esta situación; pero han quedado apiñadas en un montón de buenas intenciones, de las cuales casi nulo fruto a una representación parlamentaria y ministerial que empuje las demandas históricas.
Hemos sido testigos, durante las últimas semanas, cómo las comunidades han tomado posesión de diversas oficinas de la CONADI. Claramente se ha transformado en un conflicto sin importancia ni prioridad para el gobierno. Para muchos sectores, esta constante discriminación es un escalón más para lograr que los diversos actores que componen nuestra sociedad no formen parte de la discusión de las políticas nacionales. La pregunta central de esta coyuntura es ¿cuánto cuesta nombrar a un ministro de desarrollo indígena? Para que, una vez en la historia del país, dejemos de entregar oficinas y direcciones sin peso político y sea una clara señal de inclusión social desde el gobierno al pueblo mapuche.
Claramente, el gobierno debe responder y discutir la actual política indígena, y optar por la de generación de condiciones políticas sociales de igualdad entre quienes conviven en una misma tierra. Si bien no podemos desconocer los avances desde la creación de la ley indígena y la ratificación del convenio 169, hoy es tiempo de más.
Ante tanta indefinición, que el inicio de un nuevo proceso constituyente sea la oportunidad reivindicatoria de la capacidad de instalar las temáticas urgentes en derechos políticos de las comunidades originarias, en vía de generar una cultura que respeta su pasado, genera legado en su presente y promueve el desarrollo de la cultura y de la integridad nacional.
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