Este año se celebra el 10º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) y su Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Luego de que nuestro país ratificara esta Convención, el año 2008, el Estado de Chile promulgó la Ley Nº 20.422, en febrero de 2010, basada en un marco universal de cultura y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, recogiendo el cambio de paradigma en materia de discapacidad, e induciendo un cambio en la visión estatal en la materia, desde el rol tradicional de asistencia a un enfoque centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía.
Ante mis ojos, esto es realmente no tener el más mínimo conocimiento de la realidad con las que viven miles de familias chilenas la discapacidad y, además, ser responsables como autoridades de Gobierno, de quitarles la posibilidad de una “educación de calidad” a personas que tienen el mismo derecho que otro estudiante a entregar y dar lo mejor de sí para enfrentar los futuros desafíos.
La Convención destaca “el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza”.
La adopción de esta Convención, como instrumento jurídico vinculante, obliga al Estado de Chile a promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y asegurar que gocen de plena igualdad ante la ley. Además, y muy principalmente, obliga a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos.
No obstante, las voluntades y la institucionalidad se alineaban para que todo resultara de acuerdo a lo que nos habíamos comprometido como Estado, hasta ahora poco y nada se ha podido materializar. Es más, en mi opinión personal, creo que hoy existe mucho menos voluntad política que hace 10 años para que el Estado de Chile resuelva hacerse cargo de más de 2.808.000 que actualmente viven con alguna discapacidad en nuestro país, lo cual corresponde al 16,7% de la población.
Hace unos días se dio a conocer otra desafortunada noticia para los niños y niñas con discapacidad por parte del Ministerio de Educación, la que tiene relación con la postergación del Decreto 83/2015 hasta el año 2019 (debía empezar ahora en 2017).
El Decreto 83, construía una nueva forma de educar, implicaba incorporar un modelo educativo que se enfocaba en asumir un universo diverso de alumnos en la sala, más allá de ver discapacidades se centraba en que la tarea educativa era el poder llegar con la información de manera diversa, de participar de manera diversa, de comprometerse y manifestar estos aprendizajes de manera diversa, es decir daba por sentada la diversidad de estudiantes dentro del aula, sin estigmatizar a los diferentes sino que más bien ampliando a mirada de los apoyos a todos los alumnos.
Otra mala decisión que seguramente por diversos motivos, que tampoco se hacen públicos, esta oportunidad que cada una de las familias que tienen hijos con alguna discapacidad, veía que se podía hacer realidad, se posterga por más de 2 años de manera que le corresponderá al próximo Gobierno tomar la decisión de implementarlo o no. Ante mis ojos, esto es realmente no tener el más mínimo conocimiento de la realidad con las que viven miles de familias chilenas la discapacidad y además, ser responsables como autoridades de Gobierno, de quitarles la posibilidad de una “educación de calidad” a personas que tienen el mismo derecho que otro estudiante a entregar y dar lo mejor de sí para enfrentar los futuros desafíos.
Lo mismo ha pasado en temas de trabajo con la discusión (por años) que hace referencia a la reserva de empleos para PcD; en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, Chile todavía no promulga una Ley de Salud Mental, que es prioridad nacional de acuerdo a lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y también, nos pasará en el Censo 2017, donde se excluyeron las únicas dos preguntas que se había logrado incluir hace unos años atrás y después de una larga discusión con el INE.
Nos falta mucho como país…nos falta voluntad…No hablemos de Inclusión si no sabemos lo que realmente implica hacerse cargo de un grupo tan vulnerado y olvidado por años.
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