El próximo 16 de julio se conmemoran los 50 años de la promulgación de la Ley 16.640, de Reforma Agraria. Esta Ley que fue sancionada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, permitió profundizar la Ley 15.020 dictada durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri. Con la nueva ley se crearon nuevas causales de expropiación que incluían aquellos predios mayores de 80 hectáreas de riego básicas (HRB); cuyos propietarios fueran personas jurídicas de derecho público o privado salvo excepciones contempladas por la legislación (cooperativas campesinas y de reforma agraria); que las tierras se encontrasen abandonadas o sub-explotadas; los predios que estaban en arrendamiento o mediería y que infringieran la legislación que regula los correspondientes contratos; los predios que se encontraban comprendidos dentro del área en que el Estado estuviere realizando obras de riego o de mejoramiento del mismo; etc.
La Reforma Agraria era pensada sobretodo como una estrategia para hacer justicia social y también para socavar los cimientos del poder de las oligarquías agrarias que se mantenía casi incólume en el país desde los tiempos de la colonia.
En las tierras expropiadas se organizaba un sistema transitorio de expropiación – llamado asentamiento – en el cual el Estado apoyaba a los campesinos que allí habían estado trabajando por un periodo no inferior a tres años. El objetivo del asentamiento era establecer un sistema planificado de explotación en el cual se estudiara un plan de subdivisión de la tierra y se analizaran las mejores inversiones a ser realizadas en cada explotación, junto con la preparación y capacitación de los campesinos (a través de ICIRA) para que ellos realizaran una mejor gestión del asentamiento. Al final de dicho proceso, se contemplaba asignar la tierra a los campesinos bajo la forma de parcelas individuales o unidades familiares indivisibles, en forma de cooperativas de producción o en forma de sistemas mixtos, siendo una parte de propiedad familiar y la otra de propiedad cooperativa.
La Reforma Agraria de Frei (1965-1970) consiguió expropiar 3.4 millones de hectáreas correspondientes al 30% de las explotaciones y 40% de la tierra, beneficiando aproximadamente a 28 mil familias campesinas organizadas en cooperativas o asentamientos de Reforma Agraria. Sin embargo, la meta que se había planteado el gobierno de Frei Montalva en términos de expropiaciones no pudo ser cumplida. Debido a la frustración generada por las promesas incumplidas, al final de la administración Demócrata Cristiana una serie de movilizaciones y tomas de fundos se desataron en el país, presionando al gobierno para acelerar el programa de expropiaciones, lo cual solo sería posible con del triunfo de la coalición denominada Unidad Popular y de su abanderado, el socialista Salvador Allende.
Con el triunfo de Allende en las elecciones de 1970, la Reforma Agraria experimentó un ciclo de notable profundización. En respuesta al fracaso del programa de cambios conocido como “revolución en libertad” y como respuesta a su propia decepción sobre la lentitud y burocracia del proceso, los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana declararon que solamente una alianza de todas las izquierdas – marxista y cristiana- tendría la fuerza suficiente para impulsar las transformaciones que el país requería urgentemente, en oposición a la derecha política y a los grupos más conservadores que deseaban mantener sus privilegios económicos y su poder político.
La victoria de Allende en las elecciones de 1970 significó pensar dicho proceso no solamente como una política destinada a ampliar el mercado interno, a través de la incorporación de vastos sectores de la población que se encontraban sin poder de compra de bienes industriales, fenómeno especialmente agudo en el caso de los trabajadores rurales, inquilinos y pequeños productores familiares. La Reforma Agraria era pensada sobretodo como una estrategia para hacer justicia social y también para socavar los cimientos del poder de las oligarquías agrarias que se mantenía casi incólume en el país desde los tiempos de la colonia.
En esta segunda etapa de la reforma, el gobierno de Allende intensificó y amplió el proceso de expropiaciones con una velocidad tal que con la misma ley 16.640 promulgada durante el gobierno anterior, a mediados de 1972 la casi totalidad de la tierra expropiable se encontraba en manos del Estado o de asentamientos campesinos. En el periodo que se ubica entre enero de 1971 y junio de 1972 se habían expropiado 6.4 millones de hectáreas que correspondían al resto de los predios (70%) y al 60% de la tierra. De esta manera se concluyó en 18 meses una tarea que el gobierno planificaba realizar en 6 años de mandato. Es decir, la reforma agraria en ese periodo fue realizada de una manera tan drástica y devastadora que el latifundio que había dominado por muchas décadas el Chile rural, prácticamente ya no existía en el país.
Lamentablemente el proceso de reforma agraria fue interrumpido por el Golpe de Estado de septiembre de 1973. No obstante, permanece el gran legado de la Reforma Agraria que no solamente le entregó la tierra a los que la trabajan -a los campesinos y peones del campo que la hacían producir con su esfuerzo de “sol a sol”-, sino que les proporcionó sobretodo la calidad de ciudadanos y la dignidad que se les había negado desde tiempos de la colonia.
Por lo mismo, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la Ley de Reforma Agraria (16.040) en Chile, el Centro de Estudios Territoriales Urbano-Rurales del Maule (CEUT) decidió organizar un Seminario con la participación de diversos expertos, académicos y actores que participaron el proceso de Reforma Agraria iniciado con la promulgación de la Ley 16.640 el día 16 de julio de 1967. El objetivo de este encuentro consiste en generar un amplio y rico debate sobre el impacto que tuvo la Reforma Agraria sobre la sociedad chilena y de reflexionar en perspectiva histórica sobre las transformaciones que experimentó la agricultura chilena a partir de este periodo primordial de la historia nacional y su impacto sobre la construcción de aquello que somos actualmente como país. Ello no solo en el ámbito de la producción silvoagropecuaria sino que fundamentalmente en términos de identidad nacional y de una voluntad para construir una sociedad más justa, inclusiva y fraterna.
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