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La mentira, esa conducta humana de la que quizás nadie escapa ha sido un problema humano y filosófico desde hace siglos. Filósofos y pensadores de todos los tiempos la han tratado de abordar, analizar y criticar. Algunos la han justificado como un medio válido, cuyo uso depende de los fines pretendidos; otros la han cuestionado a priori como una falta ética, por ser una falta a la verdad o al menos a su búsqueda.
Cualquiera sea el caso, la mentira es un asunto complejo, en cuyo en torno siempre encontraremos justificaciones diversas -filosóficas, legales, técnicas- según quién la use, y el fin que con que lo haga. La actividad política no escapa a esos pretextos.
Cuando se desató la polémica en torno a las mentiras de Van Rysselberghe para obtener subsidios para no damnificados, algunos políticos enarbolaron diversas justificaciones en su favor, y otros levantaron sendas acusaciones en su contra. En todos los casos, se apeló a la ética, la probidad, la legalidad, la piedad, lo habitual que es mentir en política, y un largo etcétera. Todo parecía girar en torno a la doxa política, el mero sentir.
La discusión parecía no tener fin, porque en realidad no existe una sanción concreta para la mentira en política, cuestión no poco habitual, que va desde las promesas de campaña hasta las supuestas rivalidades entre élites políticas. La mentira es una práctica habitual en política y poco sancionada, se quiera o no.
No obstante, cuando se enarboló la posibilidad de una acusación constitucional, de inmediato se pasó del aspecto meramente político al legal. Entonces, la discusión comenzó a girar en torno a los límites jurídicos por los que camina la mentira en política y cuándo se podría constituir en una falta.
La posibilidad de una acusación constitucional implicaba que existían razones más allá de la mera doxa política para sancionar a la ahora ex intendenta de la octava región. Esa, al menos, parecía ser la situación hasta que los mismos que levantaron esa posibilidad legal, la descartan ante la renuncia de Van Rysselberghe.
Si la gravedad de la mentira ameritaba una acusación constitucional por un imperativo ético, ¿por qué se deja sin efecto ante la renuncia de la intendenta?
¿Es que acaso el tema jurídico no era tal o pierde importancia con la mera renuncia? ¿La acusación constitucional sólo fue otra mentira más dentro la natural mentira del show business político?
Peor aún ¿Eso no hace prácticamente cómplices de la mentira de Van Rysselberghe, a sus propios acusadores, los miembros del Congreso?
Parece ser que en todo esto, no sólo Van Rysselberghe mintió, sino también quienes le dijeron a la opinión pública que esa mentira rayaba en lo ilegal, que ameritabaacusación constitucional, y que ahora desisten de ejercer la legalidad en “pro de la verdad”.
Como es habitual en política, siempre tras una discusión hay dos dimensiones del debate: una que se reduce a la trinchera simplona de la política; y otra, la discusión profunda, donde se encuentran los temas de importancia radical: La Política. El caso Van Rysselberghe ha mostrado como la primera termina por dominar el debate público, mientras que la segunda pasa al olvido ante los ojos desatentos del público, aunque es la más importante.
Quizás no debería extrañarnos, porque lo que nunca se reconoce es que la mentira está presente siempre en política, en esa discusión de trincheras que tanto atrae al público y que tanto lo distrae.
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jorge1812
Estimado Nicolás:
La acusación constitucional en el presidencialismo, no es sólo un acto político al modo de voto de censura, como ocurre en el sistema parlamentario, sino que involucra una cuestión jurídica, que tiende a judicializar cuestiones de índole política.
Así, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 18918, Título IV, Artículo 51.- establece que: “Cada capítulo de la acusación se votará por separado. Se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para imponerla”.
De hecho, lo que el propio Navarro indicó hace tres días atrás luego de la renuncia, denota que lo de la Acusación fue usado más como instrumento ante la falta de un mecanismo revocatorio como un voto de censura: «La ex intendenta tiene todo el derecho y la legitimidad para competir en la próxima elección senatorial. Yo dije que si daba un paso al costado, la acusación constitucional pierde validez, porque no se trata de inhabilitarla para que no pudiera competir, sino que era para generar un cambio y eso se ha producido».
El propio texto de la acusación plantea que “respecto de los intendentes y gobernadores, que es la situación que nos corresponde considerar, la Constitución establece dos causales: la infracción de la Constitución y la comisión de ciertos delitos («traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión») (art. 52 N° 2, letra e)).
Luego agregan “Nosotros, en cambio, consideramos que hay antecedentes suficientes para acusar constitucionalmente a la Intendenta”.
Desistir puede ser razonable, pero no deja de ser sospechoso.
Saludos
martoclates
La política y la mentira, la mentira y la política, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No pretendo ser purista, la mentira coexiste con el ser humano no sólo en la política si no en cada ámbito de la vida, sin embargo, quienes ejercen cargos de representación o desiganados por el gobierno electo (como los Intendentes, que pasan a ser el representante del gobierno) tienen una responsabilidad mayor de acercarse a la verdad, debieran ser líderes, ejemplos, y no sólo meros ejecutivos de sus ideas a como dé lugar. La acusación constitucional en mi opinión era importante desde el punto de vista ético, ¡hay que sancionar a quién miente con tal desparpajo! no podemos aceptar esas mentiras sin sorprendernos y que se nos atore un grito de rebeldía. Una vez más me siento desilucionada de que solo por que haya renunciado se desista de la acusación, porque logicamente volverá a las lides políticas, y en este país sin memoria vaya que han resucitado muertos!
Saludos!
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kitad
Parece haber una confusión. Una acusación constitucional no es un acto juridico, sino más bien un acto político.
Por lo tanto, el desistir de tal acusación cuando esta renuncia me parece, al menos, razonable.