La reciente auditoria social realizada a los centros de administración directa de Sename confirma la situación de vulnerabilidad que experimentan miles de niños y niñas dentro de las residencias de protección del Estado. Esta ratificación, sustentada en una serie de indicadores y datos, está acompañada del reconocimiento por parte de la autoridad de las graves falencias presentes en el modelo de atención residencial vigente al día de hoy. Todo indica que mantener esta forma de intervención con los niños y sus familias es insostenible.
Por décadas nuestro país ha mantenido, con uno que otro retoque, una política pública de atención a la infancia vulnerada basada en un paradigma tutelar. A saber, un modo de intervención social que toma al niño como un objeto que es posible manipular y corregir según los ideales de las instituciones que los acogen bajo su cuidado. Un enfoque que tiende a intervenir separando y aislando al niño de su medio familiar y comunitario, culpabilizando y responsabilizando a la familia de todos sus problemas, sin considerar condiciones históricas, sociales y económicas de precariedad y malestar que inciden directamente en la intimidad del grupo familiar.
Estos centros que funcionan con una lógica carcelaria, como la propia directora nacional del Sename ha señalado en diversas entrevistas, son una consecuencia directa de este paradigma que produce instituciones totales, lugares donde los niños que las habitan experimentan cotidianamente diversas formas de exclusión y estigmatización. Un ejemplo de lo anterior es el alto porcentaje de niños que no asiste al colegio y sufren la cancelación de su matrícula por presentar dificultades conductuales.
Contextos que debiesen ser una alternativa para el cuidado, la protección y la reparación de graves vulneraciones de derechos son escenarios de nuevas formas de vulneración que no sólo afectan a los niños mientras permanecen internados. Sabemos, por diferentes relatos y testimonios, que las heridas y el dolor sufridos por una experiencia de separación e institucionalización dejan huellas difíciles de elaborar durante toda la vida. Por esa razón resulta inconcebible constatar, según la auditoria, que muchos niños no reciben intervenciones durante su permanencia en la residencia.
Los cambios cosméticos que se han implementado históricamente, como el mejoramiento de la infraestructura, ya no logran esconder el malestar y el daño acumulado por un sistema que vulnera en lugar de proteger. Sólo un cambio de paradigma que se traduzca en prácticas claras de cuidado, protección y promoción de los vínculos, a través de nuevos liderazgos técnicos puede ser la vía para forjar medidas que impacten en la experiencia de los niños y las familias que forman parte de un sistema que históricamente ha operado como un reducto de la injusticia social.
Sólo un cambio de paradigma que se traduzca en prácticas claras de cuidado, protección y promoción de los vínculos, a través de nuevos liderazgos técnicos puede ser la vía para forjar medidas que impacten en la experiencia de los niños y las familias
La auditoria social tiene el potencial de ser un punto de inflexión en la forma en que se ha gestionado la crisis permanente del Servicio Nacional de Menores, si va de la mano coordinadamente con las propuestas presentadas por la mesa de trabajo para un acuerdo nacional por la infancia. Lo anterior puede ayudar a sentar las bases del nuevo modelo que se ha esbozado en las declaraciones de la directora nacional: el paso de la institución total a un sistema de residencias familiares. Si bien, queda por conocer la especificad de este modelo, el hecho que la autoridad haya cuestionado, sin eufemismos, el sistema residencial vigente, mostrando el fracaso de sus prácticas y el daño que provocan, es una señal que hay que seguir de cerca. Una posible hoja de ruta en esta materia que se plasme en cambios profundos podría considerar los siguientes elementos:
En un escenario en donde la infancia adopta un rol protagónico pocas veces visto en el ambiente político de nuestro país, emergen condiciones de posibilidad que ofrecen un terreno para impulsar acciones novedosas orientadas a transformar la realidad de miles de niños y niñas. Lo anterior será posible siempre y cuando la apuesta a largo plazo sea intervenir la estructura que sostiene las dificultades del sistema de protección.
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Si los niños decidieran las elecciones serian tratados con dignidad.