En este contexto, no abordar las violaciones a la igualdad como por ejemplo la negación del derecho a la identidad de las personas trans o la falta de protección a las familias lesbo y homoparentales, se levanta como un error, pues se ha dicho que este discurso es la hoja de ruta hacía la construcción de un país más democrático, inclusivo e igualitario.
Las organizaciones de la Diversidad Sexual han declarado unánimemente que las demandas de este sector estuvieron ausentes en el reciente discurso del 21 de mayo del poder ejecutivo. En relación a los derechos sexuales y reproductivos, de la agenda o demandas de los movimientos de la diversidad sexual sólo fue tratado el aborto terapéutico, anunciándose un debate al respecto, en razón del envío de un proyecto de Ley en la materia, sin indicar fecha ni plazos para el mismo. Si bien cabe destacar que una coalición política como la Concertación (Nueva Mayoría) se abra a discutir este tópico es algo loable, llama la atención que este anuncio aparezca desligado de una política real y seria en relación a los derechos sexuales y reproductivos, vale decir, el anuncio parece ser entendido como suficiente por sí mismo, lo que está lejos de ser una adecuada comprensión de lo que son las obligaciones del Estado en relación a la sexualidad de sus ciudadanas y ciudadanos.
Por otra parte, la omisión de otras temáticas de diversidad sexual, como el otorgamiento de derechos civiles a personas lesbianas, homosexuales y trans, reflejadas en demandas como la Ley de Identidad de Género, Acuerdo de Vida en Pareja y Matrimonio Igualitario, fueron obvios. Nada se dijo al respecto, ni sobre lo que se ha hecho en relación a ello, ni los caminos que seguirá el ejecutivo en estos temas, a lo que se suma la inexistencia de anuncios respecto de la lucha contra el fenómeno de la discriminación que afecta a Chile. Estos son los hechos, pero ¿qué significan? ¿qué nos dice esta omisión? Siendo el primer discurso del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y tal como ella lo indicó, más que una cuenta pública, este acto es una carta guía o de dirección para el año que viene, parece del todo relevante indicar que la falta de mención de las temáticas y demandas de la diversidad sexual es grave, en tanto la desigualdad se irguió como uno de los principales problemas de Chile y, por ende, el principal desafío por superar.
La desigualdad aberrante que posee Chile fue una de las principales plataformas de campaña, no sólo del actual gobierno, sino de muchas de las campañas que buscaban algún cupo parlamentario en las pasadas elecciones. En este contexto, no abordar las violaciones a la igualdad como por ejemplo la negación del derecho a la identidad de las personas trans o la falta de protección a las familias lesbo y homoparentales, se levanta como un error, pues se ha dicho que este discurso es la hoja de ruta hacía la construcción de un país más democrático, inclusivo e igualitario. Esta omisión da cuenta de la falta de entendimiento en relación a la obligación que posee el Estado de Chile en el respeto de los Derechos Humanos de todas y todos. No abordar el fenómeno de la discriminación no sólo deja la ejecución del programa de gobierno como inconsecuente en comparación a lo prometido en campaña, sino que además se transforma en una señal grave del compromiso que el ejecutivo posee en esta materia.
Chile posee una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Atala Riffo e Hijas versus Chile” el año 2012, donde se declaró la vulneración de derechos fundamentales por discriminación debido a orientación sexual y en donde se le indicó a Chile la obligación de promover, defender y respetar los Derechos Humanos sin discriminación, en razón de la orientación sexual e identidad de género de las personas. De la misma forma, el 20 de mayo recién pasado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en forma conjunta con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en una declaración pública, condenó el atentado homofóbico sufrido por el MOVILH y llamó al Estado de Chile a la necesidad de construir una cultura de derechos humanos que promueva el valor de la igualdad y de la no discriminación.
De este modo, siendo la desigualdad una de las principales plataformas de campaña del actual gobierno y de muchas y muchos parlamentarios, existiendo una obligación por parte del Estado de Chile de promover, defender y respetar los Derechos Humanos de todas y todos sin discriminación en razón de su orientación sexual e identidad de género, obligación que emerge de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Chile y de la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de referencia a las demandas que por años han defendido las organizaciones de la diversidad sexual y la falta de pronunciamiento en relación a la creación de un Instituto Nacional Contra la Discriminación, es un hecho grave y que lleva a cuestionarnos hasta cuándo seremos los olvidados de siempre.
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