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Sistema de salud chileno: una reforma pendiente

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Durante los últimos meses, Chile se ha visto enfrentado a uno de sus mayores conflictos sociales debido a los históricos problemas de su sistema educativo. Características propias del sistema, como su alta segregación social (nuestro ‘apartheid educacional’), el alto costo para las familias y su mala calidad, finalmente explotaron luego de 30 años de aparente aceptación. Sin embargo, la salud, ese otro sector tan dejado de lado por la mano del Estado desde aquellos años, sufre de muchos problemas similares, sin generar, todavía, la ola de indignación que ha provocado el sistema educativo.

El mercado de las Isapres se caracteriza por sufrir de un número importante de problemas, tales como asimetrías de información, barreras de entrada, salida y costos de cambio para los usuarios, por lo que más que sorprender por sus astronómicas utilidades, sorprende que haya sobrevivido por más de tres décadas sin reformas importantes.

Aunque los arquitectos de la reforma, durante los años 80’ eran muy críticos de la ineficiencia del Estado cuando se involucraba en prestar servicios (como lo hacía en el antiguo Servicio Nacional de Salud), lo cierto es que la nula competencia dentro del oligopolio de las Isapres, genera muy pocos incentivos para crear un mercado eficiente. De hecho, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, el año 2009 Chile gastó el 8,2% del PIB en salud, no muy distinto de países como España (9,7%), Italia (9,5%) o Reino Unido (9,3%), que se caracterizan por sistemas predominantemente estatales.  Curiosamente, de acuerdo a la misma fuente, sólo el 46,8% del gasto chileno en salud se debe a gasto público, pese a que el aseguramiento estatal cubre a más de 2/3 de la sociedad chilena. Esto tampoco debería ser tan extraño, considerando que el máximo referente de un sistema de salud privado, Estados Unidos, tiene algunos de los peores indicadores de salud del primer mundo, pese a gastar el 16,2% de su PIB en ese ítem (es el país con el mayor gasto en salud a nivel mundial).

Aparte de su alto costo e ineficiencia, otro aspecto importante de un sistema desregulado de salud privada es la segregación que genera. De manera similar a cualquier sistema de seguros, las Isapres chilenas obtienen sus utilidades a partir de las primas cobradas a sus clientes, de acuerdo a su nivel de riesgo esperado. De esta forma, una persona joven y sana enfrentará primas menores que personas de alto riesgo como ancianos, mujeres o enfermos crónicos. Esta lógica, de manera desregulada, provoca la evidente segregación del sistema de salud entre un servicio de alta calidad para aquellos que pueden pagar por su riesgo (jóvenes y sanos, o no tan jóvenes de mayores ingresos), y uno de menor calidad para aquellos que no pueden hacerlo. Haciendo honor a su rol subsidiario, el Estado dejó a Fonasa como última alternativa para este último sector, institucionalizando nuestro propio ‘apertheid sanitario’.

Esto no significa, en ningún caso, que debamos dar marcha atrás y rechazar la participación del mundo privado en salud. De hecho, existen muy buenos ejemplos de países (Holanda es uno de ellos) que han diseñado sistemas privados muy competitivos y de alta calidad, que se caracterizan por integrar a la sociedad en lugar de descremarla por rentabilidad. Sin embargo, esto requiere de importantes reformas que incentiven a que los participantes del mercado dejen de competir por sus inputs (clientes baratos y rentables), y comiencen a hacerlo por sus resultados (un servicio decente a un precio aceptable). La propuesta mayoritaria entregada por la Comisión Presidencial de Salud durante el año 2010 apuntaba en la dirección correcta en este aspecto, pese a haber sido deslegitimada por el propio gobierno que encargó el estudio.

La reciente explosión social, producto de las injusticias de nuestro sistema educacional, debería servirnos de lección para prevenir otras experiencias similares a futuro. Que el sistema de salud chileno se haya mantenido sin cambios relevantes por tres décadas no implica que sea justo ni aceptado socialmente. Mientras más nos demoremos en comenzar las reformas, más costoso será el proceso de cambio que tendremos que realizar cuando ese momento llegue.  

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Foto: DrakkDark / Licencia CC
 

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