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La política del gobierno en salud ha sido fortalecer el sector privado clínicas e Isapres, además de propiciar el constante debilitamiento de la red pública de salud. Lo que expresa esta política es la convicción de que la salud debe ser un bien de consumo y que “los privados lo hacen mejor”. La traducción de esta visión ideológica ha sido aumentar los traspasos de recursos fiscales a las clínicas, impulsar una política de concesiones hospitalarias, generar campañas como “elige vivir sano”, que promueve una visión individualista de política pública. En materia legislativa, está en discusión una reforma de isapres que pretende entregar certeza jurídica a la industria, es decir, solucionar el cuestionamiento que realizó el tribunal constitucional sobre la tabla de factores de riesgo para que así esta industria pueda seguir expandiéndose (lucrando).
La ideología
Este gobierno es un defensor del mercado como rector de los derechos sociales, y busca, mediante la política pública, expandir el rol del mercado en la provisión de nuestros derechos (situación que está consagrada desde tiempos de la dictadura). Esto, porque piensan que la intervención del Estado en la provisión de los derechos sociales es un acto de violencia, porque limita la libertad individual.
El problema de colocar la libertad individual por encima de todo es que se abre paso a incluir la opción de elección a aquellas cosas que producen desigualdad (algo que conocemos muy bien en Chile). Este paradigma, llevado al ámbito de la salud, así como en el resto de nuestros derechos, es una forma de cuestionar la universalidad de los derechos sociales.
La política
La política del gobierno es de continuidad respecto de lo que se venía realizando desde hace 30 años, es decir, aumentar la presencia e importancia de la provisión y el aseguramiento privado de la salud. Esto se expresa, por un lado, en administrar y no realizar mejoras sustantivas a la situación en la que se encuentra la red pública de salud y realizar acciones, tanto administrativas como legislativas, que favorezcan al sector de salud privado.
Desde la época de los gobiernos de la Concertación se han generando mecanismos que transfieren recursos públicos a las clínicas privadas. Estos mecanismos se crearon porque la oferta pública de salud era insuficiente (en infraestructura y recursos humanos). Se opta así por una visión de corto plazo, que es comprar servicios a las clínicas para solucionar esta falta de oferta pública. Es así como nace la modalidad libre elección de Fonasa y las compras directas de los hospitales y servicios de salud a las clínicas. Estos mecanismos han crecido en tamaño y en volumen de prestaciones. Con este gobierno, sin embargo, han tenido una expansión sin precedentes: el aumento equivale a un 20% respecto de la administración anterior y la cantidad de recursos supera los 1.000 millones de dólares anuales (esta cifra representa el 60% de la facturación de las clínicas privadas).
¿Cuál es el costo oportunidad de estos recursos en el sector público? Con semejante cantidad de recursos, se podría perfectamente ampliar la política de inversión sectorial en salud, para la construcción de nuevos consultorios y hospitales; también se podrían destinar a acortar las brechas de personal o en un sinnúmero de mejoras.
Este gobierno prefiere gastar en más en las clínicas privadas en vez de invertir en la construcción de nueva infraestructura, como se evidencia en el presupuesto de salud.
Reforma de Isapres
Las Isapres son empresas aseguradoras que lucran con un derecho social. El gobierno, en su “reforma”, no propone ningún mecanismo o medida que limite las excesivas utilidades o se haga cargo de la creciente concentración económica que existe en estas empresas (5 Isapres controlan el 91% del mercado además de ser dueñas de las clínicas a través de holdings). Muy por el contrario: el proyecto de ley busca hacerse cargo del fallo que emitió el Tribunal Constitucional, que cuestiona la tarificación en base a la discriminación por género y edad. Esto evidencia que el principal foco de esta reforma no son los asegurados, sino las aseguradoras, y pretende entregar viabilidad al negocio en el largo plazo.
El proyecto enviado al congreso por el gobierno, desplaza la discriminación por edad y sexo, del plan “garantizado”, pero esta discriminación se expresará en los copagos y planes complementarios ,que por cierto serán obligatorios, dado que el “plan de salud” tiene una cobertura insuficiente (ver más detalles aquí y aquí).
Otros aspectos de la gestión de salud del gobierno son las listas de espera, que fueron un eje de la política de salud durante los dos primeros años. Sin embargo hasta el día de hoy no existe evidencia de que estas listas se hayan acabado, y, si se acabaron, cómo se hizo. Con el pasar del tiempo, el diagnostico que realizamos en Salud un derecho, se confirma: este fue un proceso carente de transparencia, no fue una disminución efectiva, y más bien consistió en una limpieza administrativa.
Respecto al proceso de reconstrucción, debemos recordar que el gobierno la dio en febrero por finalizada, al menos en lo que a salud respecta. Sin embargo, luego de una revisión de los mismos diagnósticos que el gobierno entregó se evidencian graves inconsistencias. La política que se impulsó fue la construcción de hospitales modulares de carácter provisorio; estos hospitales demoraron más de un año en estar listos, gracias a que el ministerio de Salud adjudicó la construcción a una empresa que no contaba con ninguna experiencia. Y, como si lo anterior fuera poco, se da por finalizado este proceso, no con la construcción de los hospitales definitivos, sino que con estos hospitales provisorios. La construcción de los hospitales definitivos queda postergada, y se realizará a través de la modalidad de concesiones hospitalarias, generando un excelente nicho para seguir favoreciendo a los mercaderes de la salud.
Este gobierno será responsable de continuar la consolidación de un sistema de salud segregado y desigual. Esta política, cuenta con un alto rechazo en la población, como muestran las encuestas como Adimark y CEP. Las organizaciones que componemos la Mesa social por la Salud planeamos que la salud es un derecho humano fundamental y por ende es incompatible con el lucro y el negocio que se realiza con ella. Hoy, luego de efectuar un exitoso Plebiscito por la Salud, estamos convencidos en la necesidad de avanzar de generar un gran movimiento social que luche por conquistar una salud pública de calidad, universal y gratuita.
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Foto: Francisco Javier Argel / Licencia CC
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marceleau
Me gustaría preguntar desde la otra vereda. ¿Qué se hizo para fortalecer la asistencia médica pública en el mismo período? Tengo certeza que se aumentó el presupuesto, pero el problema se mantiene. Y el sector privado no es responsable de los presupuestos. ¿No será otro el problema Matías?