Este año el gobierno planteó un “gran” aumento de los recursos para la salud pública de nuestro país. Sin embargo, cuando vemos el presupuesto del 2012 en relación con el PIB (Producto Interno Bruto), solo podemos llegar a la conclusión de que el aumento es mezquino, y no busca solucionar el problema de la desigualdad y segregación de nuestro sistema de salud.
Este año el presupuesto de salud creció en un 6,7% comparado con el año 2011. Hay un aumento del aporte fiscal y de las cotizaciones previsionales de los trabajadores afiliados a Fonasa. Cuando convertimos el total de los recursos de presupuesto de salud a PIB, resulta que 3,41% del PIB financia la Red Pública de Salud, en la cual se atienden más de 14 millones de chilenos. Esa cifra puede parecer enorme, pero cuando la comparamos con el sector privado de salud, queda al desnudo la cruda realidad del sistema de salud. El PIB correspondiente al subsistema privado de salud, es de 4,4% PIB (2009), que sirve para financiar a 3 millones de chilenos. Dicho de otra forma, por cada persona afiliada a Fonasa, el Estado y los mismos afiliados, proporcionan 300 mil pesos; en el sistema privado, este per cápita es de 720 mil pesos (2009). Esto nos muestra la gigantesca desigualdad que hay en nuestro sistema de salud que, por la existencia de las Isapres, es altamente segregado, consagrando así una salud para los pobres y
otra para los ricos.
El aporte fiscal en este presupuesto creció. Pero si traducimos este aumento a cifras PIB, resulta que el aumento alcanza solo un 0,09%, llegando a 2,36% del PIB. Debemos recordar que para llegar a los estándares promedios de la OCDE, el aporte fiscal debería llegar a 6,8% del PIB. Al ritmo de crecimiento que este gobierno le dio al aporte fiscal, nos tardaríamos al menos 50 años en llegar a los estándares de la OCDE.
En Chile requerimos de forma urgente solucionar la desigualdad, tanto en educación como en salud. Para lograr esto, no se pueden seguir preservando las lógicas que han orientado las políticas públicas durante al menos 30 años. Me refiero a los paradigmas ultra liberales, comprender el Estado como un ente castrado y fragmentado, aplicar las políticas públicas focalizándolas solo en la extrema pobreza. Estas concepciones están en crisis y están perdiendo hegemonía. Hoy debemos emprender una reforma tributaria que modifique la regresiva estructura impositiva que hoy existe. Esto debe permitir financiar a un aumento significativo para salud y educación.
Más allá de los aumentos y disminuciones que trae el presupuesto de salud, hay cuatro aspectos que son muy preocupantes y que no podemos dejar de mencionar.
En la atención primaria se anuncio con bombos y platillos aun aumento del per cápita que se transfiere a cada municipio para cubrir a cada uno de los pacientes inscritos en los establecimientos de salud primaria. El monto per cápita pasó de ser $2.750 a $3.160 pesos. Sin embargo, si vemos cuáles son los componentes considerados para construir esta cifra, vemos que el gobierno sumó los programas (inmunización, alimentación complementaria) que se entregan a través de la atención primaria, pero los recursos en esos programas son transferidos al sector privado para adquirir los insumos necesarios. Es decir, el gobierno está aumentando artificialmente el per cápita. Esto implica que hay un per cápita para la prensa y otro que es el real, que es el que finalmente se va a transferir a los municipios para financiar a la atención primaria.
Cenabast es el organismo que realiza las compras de medicamentos para el conjunto de la red pública de salud. Esta es una institución que se ha visto fuertemente cuestionada, que requiere una modernización. Sin embargo, ello no puede implicar ni la privatización ni el debilitamiento de Cenabast. Este organismo cumple una tarea fundamental: consolidar los requerimientos de medicamentos de la red pública y, una vez consolidados todos los requerimientos, compra a precios más baratos los medicamentos. Este proceso genera una gran disminución de costos para el Estado. Dado los grandes volúmenes de las compras, el ahorro que se genera llega a un 30% de lo que costaría comprar por otra vía los medicamentos.
El presupuesto contempla una abultada suma de compras a privados (M$ 398.213.338) para realizar atenciones médicas: Ellos incluyen el Bono AUGE y el bono de la modalidad de libre elección. Frente a esto debemos recordar las palabras del propio director de Fonasa, quien dijo que las compras del Estado a las clínicas privadas representan el 60% de los ingresos de estos prestadores privados. Recordemos que la gran mayoría sino todos los hospitales suelen funcionar a toda su capacidad solo durante media jornada, esto produce la necesidad de realizar compras a los privados, que podrían ser evitadas si el Estado invirtiera en aumentar la capacidad de nuestro desfinanciado sistema público.
El último elemento que debemos poner sobre la mesa, son los anuncios del Presidente a propósito de la construcción de hospitales y consultorios. Cuando revisamos el proyecto de ley de presupuesto vemos claramente que hay una falacia, aumentan los anuncios, pero no aumentan los recursos para concretar dichos anuncios. El presupuesto se reduce en un 3,27% en relación al año pasado. Tampoco existe claridad de si los proyectos que se debería ejecutar durante este año, se han realizado dado que a la fecha solo se ha gastado un 14% del total de recursos disponibles por ley. (Esta es la lista de proyectos, frente a los cuales es necesaria hacer un control ciudadano http://bit.ly/oTdzoU).
La discusión del presupuesto debe ser democratizada; no puede seguir de la forma en la cual se ha venido realizado durante años. Los ciudadanos también tenemos opinión sobre cómo queremos que se utilicen los recursos que son de todos, y también es necesario realizar un control de cómo los gobierno gastan estos recursos.
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