Fonasa es la institución encargada de entregar cobertura financiera a más de doce millones de chilenos. Sin embargo es aquí donde se están generando cambios que apuntan a exacerbar la lógica mercantil en la salud. Esto se está realizando por al menos dos mecanismos: la ampliación de las transferencias de recursos públicos al sector privado y especialmente el crecimiento de la modalidad libre elección (bonos para atenderse en el sector privado y cuantioso gasto de bolsillo del paciente). A esto debemos sumar la depuración de afiliados al Fonasa que se atendían gratuitamente, y ahora deberán cotizar y gastar de su bolsillo para acceder a salud.
Hoy la mercantilización de la salud sigue avanzando. Esto se está realizando de una forma no tan explícita a diferencia de los años ochentas, pero sí de forma constante y progresivamente mayor. Estamos hablando de mantener el desfinanciamiento crónico de la red pública, de aumentar las transferencias al sector privado tanto de recursos financieros como de los mismos pacientes.
Menos gratuidad
Fonasa, a comienzos de este año, anuncia que se están cruzando las bases de datos del Servicio de impuestos internos (SII), los datos del Ministerio de Planificación (a través de la CASEN), y los afiliados a Fonasa. El objetivo, pesquisar a aquellos afiliados que se estaban atendiendo gratuitamente en el sistema público de salud y que están en condiciones de pagar por su salud (http://bit.ly/kMjrbN y http://bit.ly/thj03D). Para finales de junio había traspasado a 500 mil afiliados desde el grupo A, al grupo B (se destaca que podrán acceder a las clínicas privadas a través de la modalidad libre elección) y se indica que serán cambiados un total de 1,5 millones personas (http://bit.ly/l0ppfJ). Sin embargo aun no hay un planteamiento oficial sobre este proceso, algo que debería quedar más claro con la publicación de las estadísticas demográficas correspondientes al 2011 por parte de Fonasa. Si bien esta medida busca generar una mayor recaudación para la institución, también implica una profundización de la lógica de entender la salud como un “bien privado”, sobre todo si consideramos que el gasto de bolsillo es el mayor agente de financiamiento de la salud un Chile (40% del total del gasto en salud http://bit.ly/vyNyAM).
Más recursos públicos a privados
Las clínicas privadas perciben recursos públicos no menores. Tomando en consideración el presupuesto para el 2012, estos fondos están alcanzando los 512 mil millones de pesos anuales. Estas transferencias se hacen por tres vías: los “convenios de provisión de prestaciones médicas”, el bono AUGE, y las bonificaciones en la modalidad libre elección de Fonasa. El problema de los traspasos de recursos que se realizan al sector privado, es que quita al sector público de recursos claves, para poder realizar mejoras sustantivas, tanto un su calidad como en cobertura, manteniéndose de esta forma un grave problema de desfinanciamiento.
Modalidad libre elección y los copagos
El Fonasa tiene dos modalidades para la atención de sus afiliados. La primera es la “modalidad de atención institucional” (MAI), donde se atiende exclusivamente en los establecimientos públicos de salud. El segundo mecanismo es la “modalidad de libre elección” (MLE), donde el supuesto es que los pacientes pueden escoger entre distintos prestadores, pero hay que destacar casi la totalidad de las atenciones que se realizan por esta vía, se ejecutan en prestadores privados.
Ambas modalidades tienen aranceles para las distintas prestaciones, donde se definen el valor total de la prestación, así como los copagos que debe cubrir el paciente. De esta forma, en ambas modalidades hay un aporte del Estado, un subsidio por cada atención de salud y una parte que debe cancelar el propio paciente. Estos montos varían según el grupo o tramo de Fonasa en que se encuentre el paciente (que varían según los ingresos de los afiliados).
Sin embargo, cuando comenzamos a examinar los aranceles de ambas modalidades comenzamos a ver que aunque sean las mismas prestaciones, los precios son diferentes. Los precios de la MLE que está destinada al sector privado tiene comparativamente precios más altos, y con copagos que van desde el 50% al 69%, del valor total de la prestación, que son desembolsados por los pacientes. Estos altos precios están principalmente destinados a pagar el lucro de las instituciones privadas. Recordemos las palabras del director de Fonasa: el 60% de los ingresos de las clínicas provienen de recursos del Estado.
La política del gobierno, en relación a la modalidad libre elección, ha sido su ampliación, sumando nuevos procedimientos y exámenes de distinto tipo (http://bit.ly/nViy9d). Es más: está pensando ampliar este complejo mecanismo, con la incorporación de los afiliados de Fonasa pertenecientes al grupo A (4,5 millones hasta el año 2010). Desde el gobierno se argumenta que esto tiene que ver con la igualdad entre los distintos afiliados. Es cierto, tiene relación con la igualdad, pero la igualdad de copagar, dado que los copagos que deben hacer los pacientes en esta modalidad es muy superior a los que se contemplan en la modalidad de atención institucional (para establecimientos públicos).
En Salud un Derecho pensamos que estamos frente a una profundización de las lógicas mercantiles en el seno de la salud pública, con el objeto de consolidar un modelo que busca entender la salud como bien privado. Creemos firmemente que la salud debe ser gratuita y de calidad para todos, dado que la salud, al igual que la educación y previsión social, son derechos del conjunto de la población. Para asegurar esto se debe generar una reforma tributaria que permita financiar un incremento del aporte del Estado (para el 2012 es de 2,05% del PIB) que es uno de los más reducidos del conjunto de los países de la OCDE (que en promedio destinan 6,8% PIB en el aporte fiscal a salud).
Si a todos nos duele por igual, la salud debe ser igual para todos!
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Foto: Sapóthefrog / Licencia CC
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