El plantear que productos que dañan la salud de las personas deban ser gravados, implica que el Estado ejerza su mandato establecido en la Constitución Política de la República de Chile en relación a promover el bien común, así como cautelar por derecho a la protección de la salud.
El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno liderado por la presidenta Bachelet -y actualmente en discusión en el Congreso de la Nación- ha representado una oportunidad para desnudar ante la ciudadanía la visión del Estado, así como la forma de ejercer la democracia, de diversos actores sociales del país. En este contexto, el debate respecto de a quiénes se debe exigir pagar más tributos, así como qué debe ser gravado, no sólo implica una discusión ideológica, sino también la comprensión del papel del Estado por parte de las élites políticas y económicas.
Sin embargo, la discusión del proyecto de reforma tributaria ha permitido evidenciar que como sociedad no nos concebimos como parte del Estado. Sin duda alguna, nuestra historia azotada por el abuso de grupos de poder y un desprecio por la capacidad del resto de la sociedad chilena para ser partícipe de los asuntos públicos, ha tenido como objetivo el fortalecer esta disociación. Asimismo, ha sido la principal vía para consolidar las profundas desigualdades que exhibimos como sociedad.
La discusión relacionada a gravar bebidas y alimentos que afectan la salud de las personas, es el mejor ejemplo en relación a lo planteado previamente. Nuestro Estado no es saludable. Los argumentos basados en la libertad de las personas, así como la retórica centrada en la generación de empleos e inversión, han evidenciado un Estado expuesto a la captura de intereses económicos y no así respecto del bien común.
El plantear que productos que dañan la salud de las personas deban ser gravados, implica que el Estado ejerza su mandato establecido en la Constitución Política de la República de Chile en relación a promover el bien común, así como cautelar por derecho a la protección de la salud. Por dicho motivo, la propuesta de reforma tributaria saludable abarca no sólo por una visión de salud pública en la forma en que el Estado obtiene los tributos, sino también aboga por un Estado saludable en donde el bien común este superpuesto a los intereses individuales.
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Foto: OmarRiva / Licencia CC
Comentarios
08 de Mayo
Con todo respeto y estima, discrepo en el principio de porque gravar y te lo planteo desde la siguiente perspectiva (aún cuando llegaremos a la misma conclusión y que es la necesidad de hacerlo).
El gravar un producto dañino para la salud no debe ser una medida para evitar su uso, sino que para paliar los costos que significa para el Estado su consumo. El desincentivo en el uso, pocas veces es monetario y va de la mano de políticas públicas de cambio ético y cultural de la ciudadanía (alzas en impuestos de cigarrillos y alcohol tienen prácticamente nulo impacto comparado con políticas públicas como demostrar los daños que causan en el organismo o a otros).
Si abrimos el debate como lo planteas hacia un Estado no Saludable, también aplica, toda vez que el Estado debe, vía impuestos, lograr generar los fondos para financiar una educación entendida como un derecho y no como un negocio.
Pero el problema de la desigualdad, al igual que en el ejemplo anterior, sugiere un giro ético y cultural, donde cambiemos el sistema del chorreo de crecimiento económico ya que claramente no funcionó.
Saludos
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10 de Mayo
Excelente columna. Comparto plenamente que el Estado, en aras del bien común, debe recaudar tributos para el financiamiento de los bienes públicos y para la satisfacción, progresiva y gradual, de los derechos económicos, sociales y culturales.
También comparto que a veces las conductas individuales deben ser direccionadas por el estado a fin de evitar los efectos nocivos del libre mercado descontrolado, incluyendo la protección de la salud de las personas.
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15 de Mayo
quizas
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