Otro Chile es posible: otra salud también

El presente documento es producto de la elaboración colectiva de las organizaciones que componen la Mesa Social por la Salud, recoge propuestas con miras a realizar una reforma estructural al sistema de salud chileno, integrando la visión de trabajadores, usuarios, estudiantes y otros actores de la salud.

La salud, así como otras áreas de los derechos fundamentales de la ciudadanía han sido moldeadas por un modelo impuesto ilegítimamente desde hace más de 30 años y que hoy se encuentra en crisis. Esto implica refundar el sistema de salud en conjunto con todos nuestros derechos sociales, pues no pueden continuar siendo bienes transables en el mercado, situación que sistemáticamente ha producido segregación y desigualdad, manifestándose por ejemplo en una salud para pobres y enfermos, y otra muy diferente para ricos y sanos.

Los principios que deben orientar una nueva salud en Chile, deben ser la solidaridad, integralidad, universalidad, igualdad, y gratuidad, los cuales detallamos a continuación:

Visiones y propuestas de usuarios, trabajadores/as y estudiantes de la salud.

Salud, un Derecho Constitucional:

La salud debe ser un derecho constitucional y exigible a través de acciones concretas. Requerimos un sistema de salud integral, de cobertura universal e independiente del nivel de ingreso, que funcione en red, caracterizado por una atención de calidad digna de la condición humana según estándares internacionales de calidad, que a su vez reconozca las características socioculturales de cada comunidad y de nuestros pueblos originarios. No es posible seguir considerando el derecho a la salud sólo desde la perspectiva de la libertad de elección entre un sistema público o privado como se desprende de la constitución vigente, dado que no todos pueden elegir, pues en el actual modelo el derecho a la salud depende de la capacidad de pago de las personas.

Fortalecer la Salud Pública:

La Salud Pública debe ir mucho más allá de la enfermedad, trascendiendo la cama clínica y los centros asistenciales. La salud, como derecho es también un bien social que hay que cuidar, a través de la prevención, promoción y educación de la población. Cuando esos cuidados fallan, el Estado debe garantizar el acceso a la medicina, al tratamiento y la recuperación.

La provisión de los Servicios de Salud debe estar en manos del Estado, quien debe ser responsable de otorgar servicios públicos de calidad. La red asistencial pública debe ser la columna vertebral que resuelva efectivamente los problemas de salud de la población en todos sus niveles. El Sistema de Salud debe orientarse desde una perspectiva multisectorial, considerando el enfoque de los determinantes sociales de salud, para resolver de forma integral los problemas presentes en el estado de salud de la población.

Especial atención merece el trabajo de la Atención Primaria, de los Hospitales de Baja Complejidad y de las postas de Salud Rural como principal eslabón de la red asistencial en los territorios. Es urgente aumentar su capacidad resolutiva y fortalecer los sistemas de referencia y contra referencia.

Rechazamos todo intento de introducir el mercado y sus lógicas en el sistema público de salud, como el plan de concesiones de infraestructura hospitalaria, las crecientes transferencias de fondos públicos a clínicas privadas, la política de autogestión de los Servicios de Salud que constituyen una amenaza a la articulación de la red asistencial, así como las políticas arancelarias y copagos en las prestaciones de salud, que buscan replicar el modelo de salud privado. La descripción que hace la OMS de los procesos sanitarios, reafirma la integralidad de la atención de salud; a ella debe ser incorporada el derecho a los medicamentos como parte integrante del tratamiento. La distribución de los medicamentos se encuentra en manos de empresas inescrupulosas que lucran y se contraponen con un derecho social de la ciudadanía. Ello implica generar una mayor regulación e incluso generar una alternativa pública que asegure acceso a medicamentos de calidad y a precios razonables.

El Estado debe reconocer y fortalecer el rol fiscalizador de la Autoridad Sanitaria; del Instituto de Salud Pública y de las Seremis de Salud. Estas instancias deben operar sobre los factores ambientales que hacen que la población enferme de patologías susceptibles de evitar. Es responsabilidad del Estado mantener las funciones y potestades radicadas por Ley en la Subsecretaría de Salud Pública, en materias tendientes a la protección, prevención, educación y fomento de la Salud de la Ciudadanía y no hacerse parte del creciente desmantelamiento de la Autoridad Sanitaria, a través de acciones como desprenderse de la Licencia Médica desde la COMPIN hacia FONASA, con el directo objetivo de abrir la puerta a la inclusión de una política de seguros privados, el traspaso de funciones fiscalizadoras de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales -16744- desde la USO al Ministerio del Trabajo; la pérdida del Codex Alimentarius; el traspaso de las Fábricas de Alimentos al SAG, rompiendo la cadena de fiscalización, hasta hoy existente; las redes de monitoreo de contaminación atmosférica (material particulado) al Ministerio del Ambiente, centros en los que la mirada de salud NO está presente.

Es fundamental avanzar en terminar con las brechas y falta de profesionales y trabajadores de la salud que hoy existen en la salud pública, esto implica generar una mayor estabilidad laboral para los actuales trabajadores, así como generar un plan de mejoramiento de las condiciones salariales y laborales, acompañados por incentivos que consideren experiencia, merito, y con una consideración especial para aquellos que se desempeñan en las regiones extremas de nuestro país.

Actualmente la formación de recurso humano responde a un sistema de competencia y mercado basado en el lucro económico, lo que ha llevado a la apertura indiscriminada de Instituciones de Educación Superior sin estándares de calidad adecuados. Proponemos fortalecer a las Universidades Públicas para liderar la elaboración de política pública y formación de recurso humano, entregando a éstas todos los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de su misión. Además se hace estrictamente necesario regular el número y pertinencia de los profesionales y técnicos del área de la salud, apuntando a acabar con la lógica de la competencia. Respecto a la calidad integral de las Instituciones de Educación Superior y también de sus egresados, debe avanzarse en la revisión de los criterios de acreditación para carreras de salud y considerar su exigencia por ley a todas estas. La creciente aplicación de pruebas estandarizadas a egresados de carreras de la salud, que si bien aportan a la medición de ciertas capacidades cognoscitivas del egresado, son un instrumento que se ve limitado en la evaluación integral de la calidad profesional y reduce su formación a competencias que sólo valoran la adquisición de conceptos técnicos acotados.

La formación de los profesionales y técnicos del sector salud debe responder en primer lugar a los requerimientos de la población y del sistema público, siendo responsables de fomentar una vida sana y devolver la salud a los chilenos, en lugar de satisfacer las demandas del mercado como prioridad. Al tratarse de derechos fundamentales para todo ser humano, al igual que en la educación debe ponerse efectivamente fin al lucro en la salud.

Sistema de Financiamiento:

La forma en que financiamos la salud en Chile, ha generado enormes problemas de desigualdad. De acuerdo a cifras oficiales, para financiar la salud de cerca de 13 millones de chilenos se utilizan 3,41% del PIB, mientras que la salud privada, donde se atienden 2,8 millones, concentra 4,4% del PIB. En este grave contexto existen al menos dos vías para solucionar el problema:

– La creación de un Fondo Único de Salud, que concentre las cotizaciones de salud tanto del sector público como privado y que pueda distribuir estos fondos según los riesgos de la población de enfermarse o requerir algún tipo de acción sanitaria. Además de incorporar un aporte patronal como parte del financiamiento de salud.

– Generar un Sistema Nacional de Salud, que este financiado desde los impuestos generales que recauda el Estado, proporcionando a la población acceso gratuito a las acciones de salud, medida que implicaría poner fin a la lógica de los seguros de salud y por cierto a las Isapres.

Una medida como la anterior requiere implementar una reforma tributaria, la cual creemos que es fundamental que se realice y que apunte a modificar la inequitativa estructura tributaria del país, logrando que las grandes empresas realicen un mayor aporte y aumentando el impuesto a la renta de los sectores más ricos de Chile.

De mantenerse los seguros privados como opción individual, no deben tener financiamiento y/o subsidio Estatal y no pueden estar en la base del sistema de salud, y deben contar con las regulaciones necesarias, evitando el lucro y las escandalosas utilidades de las Isapres y clínicas, dado que van en contra de los principios de universalidad y solidaridad.

Creemos que es a su vez fundamental que el Aporte Fiscal Directo en salud debe pasar del 2,05% a un piso del 6% del PIB, en gasto regular y permanente, siguiendo las recomendaciones de la OPS-OMS para países del tamaño de Chile.

Democratización y participación:

Requerimos de un profundo proceso de democratización en el sistema de salud en Chile, donde se contemple la triestamentalidad en los gobiernos corporativos de los diversos establecimientos de salud, así como en instancias superiores, incorporando al conjunto de los trabajadores de la salud, así como a sus usuarios, en la toma de decisiones y no como ha sucedido hasta el día de hoy, donde solo existen instancias consultivas pocas veces escuchadas.

La participación de las organizaciones sociales debe ser un eje fundamental para los procesos de salud, para lo cual se debe trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones, con la creación de un Fondo de Participación Social en Salud que entregue los fondos respectivos para el funcionamiento de dichas organizaciones.

AGRUPACION MEDICOS APS – CONFUSAM – FENPRUSS – FENFUSSAP – FENATS NACIONAL – ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA –– ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE CHILE- SALUD UN DERECHO – FRENTE DE DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA ZONA SUR- FRENTE DE DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA ZONA NORTE

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Foto: Kevindean / Licencia CC