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La salud, otro ausente en la reforma tributaria

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El gasto privado en salud es un 10% superior al gasto público, pero atendiendo solo a una quinta parte de usuarios. Es decir, el gasto por usuario en el sistema privado es 5 veces superior al gasto por usuario en el sistema público.

En diciembre pasado Michelle Bachelet ganó legitimamente las elecciones presidenciales, con una agenda que promovía cambios como educación gratuita, nueva constitución y feforma tributaria, entre otras y aunque no comparta la profundidad ni alcance que de muchas de estas esperábamos (debido al alto nivel de áreas grises y generalidades contenidas en el programa de la Nueva Mayoría), al menos el debate se ha instalado y se debe abrir aún más a temas como asamblea constituyente para poder acordar, entre todos, que sociedad queremos construir.

Como progresista, comparto la visión de sociedad de derechos garantizados presentados en el programa de la candidatura presidencial de las últimas elecciones, cuatro derechos en particular: educación, vivienda, pensión y salud. Y en esta ocasión me quiero referir al último de estos, salud, tema que ha quedado, en parte, relegado en los últimos debates.

Entendemos la salud como un derecho humano fundamental, tal y como lo establece la constitución de la Organización Mundial de la Salud y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ambos acuerdos suscritos por el Gobierno de Chile.

Sin embargo, hoy podemos hacernos algunas preguntas como, ¿vemos la salud como un derecho? ¿Es nuestro país un defensor e impulsor de la salud como un derecho? ¿Es en realidad un derecho garantizado, cuando tenemos el mayor gasto por parte del “bolsillo” de los usuarios del sistema de los países OCDE, mientras el gasto total per capita es de los más bajos de esta agrupación?

La necesidad de hacer de la salud un derecho, es prioritaria para luchar, entre otros problemas, contra la desigualdad. En este contexto, basta saber que el gasto privado en salud es un 10% superior al gasto público, pero atendiendo solo a una quinta parte de usuarios. Es decir, el gasto por usuario en el sistema privado es 5 veces superior al gasto por usuario en el sistema público.

Mientras un 76,5% se atiende en el sistema público (Fonasa, sin incluir el sistema de Capredena y las FF.AA.), el 17,5% se atiende por Isapres, las que generan año a año millonarias ganancias. Ganancias que incluyen, traspasos de fondos a clínicas privadas, cuyos dueños son las mismas Isapres en muchos casos, para poder paliar la falta de capacidad para atención en el sistema público, es decir, el sistema público cubre, en parte, su déficit en capacidad comprando servicios a empresas que generan utilidades por atenciones de salud.

Así, el Estado chileno aporta a la generación de utilidades del sistema privado, dada la escasez de infraestructura y recursos para garantizar una atención de salud a sus usuarios. Para tener una idea y comparando con el promedio OCDE, Chile tiene la mitad de médicos por cada 1000 habitantes, un tercio de siquiatras y menos de la mitad de las enfermeras, mientras gasta, como porcentaje de su PIB per capita por debajo que cualquier país desarrollado.

Podemos seguir aportando cifras y ver como la privatización de la salud, sistema ideado bajo un concepto mercantilista, sigue generando desigualdad, mientras el sistema público entrega una atención de salud en el sistema público, por decir lo menos, deficiente.

Por eso, la invitación es a incluir en el debate que país queremos construir en derechos de salud, como combatimos desde este ámbito la desigualdad, como garantizamos una salud digna y, particularmente, como financiaremos este ítem olvidado en la reforma tributaria presentada por el actual gobierno.

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Foto: Wikimedia Commons

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29 de Julio

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