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La salud en Chile, un derecho vulnerado

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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 2006. Chile ratificó este tratado internacional, promulgando el Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 25 de agosto de 2008, publicado en el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2008. Dicha Convención es la primera que versa sobre derechos humanos del siglo XXI y que compromete a los países que la ratifiquen a garantizar que todas las personas son iguales ante la ley. Con ello se prohíbe y pretende erradicar cualquier tipo de discriminación en razón de una posible discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial.


La salud es un derecho fundamental que está siendo vulnerado y que no puede esperar, menos aún en las PcD donde se requiere de un nivel de profesionales competentes, con experiencia, vocación y una asignación de recursos mayor a la actualmente destinada.

La adopción de esta Convención, está en plena concordancia con nuestro ordenamiento jurídico como instrumento jurídico vinculante y obliga al Estado de Chile a promover, proteger y garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos de las (PcD) y asegurar así que gocen del Principio Constitucional de la Igualdad ante la Ley. Además, y de manera irrestricta, obliga a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que ellas puedan hacer valer sus derechos.

En la Convención se incluyen y abordan ámbitos fundamentales como la accesibilidad, autonomía e independencia, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación, y la protección a grupos especialmente vulnerables, entre otros. Cómo no detenernos a pensar que la grave crisis en el ámbito de Salud que está viviendo nuestro país atenta directamente no sólo contra las PcD, sino contra todos los chilenos que habitamos este territorio aportando desde cada uno de nuestros sectores a construir un país mejor.

A la dimisión dada a conocer hace unos días por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, ahora se suma la Jefa de Inversiones, Francisca Toro, quien decidió dejar su cargo justamente por motivos presupuestarios en relación a la construcción de nuevos hospitales.

No obstante lo anterior, en estos últimos días en el Congreso Nacional, los parlamentarios de distintas tendencias, apelaron a que los montos solicitados para el presupuesto 2016 en salud, no son suficientes para concretar y satisfacer las necesidades de las personas; con lo cual se produce una tremenda frustración en los usuarios de estos servicios públicos. Que valga la oportunidad de expresar, su misión legal y obligación moral es justamente satisfacer las necesidades colectivas de manera regular y continua (Art. 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley Nº 18.575).

Lo precedente, porque el Gobierno busca aprobar un aumento del 5,1% respecto a 2015 (es decir, 320.376 mil millones más), siendo un total de 6,6 mil millones de pesos para el próximo año. Y esto, no alcanzaría para lo comprometido en el Programa de Gobierno de turno.

Es decir, si el acceso a la salud -un derecho básico y fundamental contemplado en la Carta Fundamental, Art 19 Nº9, inc. 2º, a saber “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley”; no sólo está restringido a la administración de recursos, sino también al diseño de una política pública seria y responsable de quienes elaboraron el Programa de Gobierno y adquirieron una responsabilidad frente a todos sus electores.

Ciertamente no midieron las graves consecuencias de lo que significa que los chilenos en vez de optar a una mejor calidad de vida, retrocedamos en materia de salud; se ve como si hubiera sido simplemente una cuestión de votos y no de compromisos reales. Un discurso que a estas alturas ni siquiera aquellos que creyeron en un cambio, que apostaron por reformas importantes para nuestro país, hoy se desmarcan de aquellas líneas pues no obstante ha habido críticas y rechazos transversales del mal diseño y elaboración en todas las Reformas presentadas.

Por un lado, se rechaza la partida de presupuesto para nuevos hospitales, y por otro, se aumentan los recursos para Pago de Honorarios y Gastos Reservados de la Presidencia para 2016 que ascenderán a $1.669.304.000, lo que equivale a 4,5 millones diarios. Como se quiera llamar “Realismo, sin Renuncia” u otra forma, en un país con un gasto de bolsillo altísimo, con un grave problema de déficit hospitalario de más de 200 mil millones de pesos, con listas de espera de miles de personas, con graves problemas de recursos humanos tanto en el mundo de salud municipal como en el hospitalario, la salud es un derecho fundamental que está siendo vulnerado y que no puede esperar. Menos aún en las PcD donde se requiere de un nivel de profesionales competentes, con experiencia, vocación y una asignación de recursos mil veces mayor a la actualmente destinada para los más de 2 millones de personas con discapacidad que actualmente viven en nuestro país.

TAGS: #PolíticasPúblicas Salud

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