Una se pregunta qué buscan tan afanosamente este dúo dinámico llamados Mikel Uriarte y Jaime Mañalich, respectivamente el director de FONASA y el Ministro de Salud. Y los pongo en ese orden porque el segundo le ha dado tal poder al primero, que es el primero el que manda hoy: quien tiene la plata pone la música.
Me los encontré el otro día en la calle a ambos. Dan conferencias de prensa juntos. Diseñan políticas, juntos. Pareciera que el verdadero cerebro de las transformaciones por venir que tanto anuncia este gobierno, es Uriarte. ¿Qué rol le queda entonces al ministro?
La gente que trabaja en el sector salud ya sabe lo que está pasando. Les están recortando los fondos que son escasos de por sí y les están exigiendo que se atengan al presupuesto negociado en 2009 y aprobado para 2010. Sin embargo, este presupuesto es solamente referencial, ya que los establecimientos de salud y por ende los servicios de salud que están a cargo de la planificación presupuestaria de sus territorios no tienen cómo vaticinar qué necesidades surgirán al año siguiente, como pandemias o terremotos grado 8,8. Antes, Hacienda se hacía cargo de cerrar la brecha con aporte fiscal directo.
Pero ahora no. En este gobierno, Hacienda no cerrará la brecha. Ahora FONASA, empoderado como única entidad que transfiere recursos financieros a los hospitales, decidió no hacer las transferencias pactadas y conocidas en el sector como “duodécimos”. De hecho, no hizo la transferencia de julio, dejando a los establecimientos públicos a la deriva total.
Lo que una trata de entender es por qué este dúo dinámico, que también ha recibido otro tipo de apodos más punzantes de parte de la comunidad tuitera, se da tanta “maña” en “amañar” la información sobre la deuda hospitalaria. Cuesta entender la lógica que los anima a, por una parte, recortar el presupuesto a su más mínima expresión y así generar aumento de las listas de espera y mayor deuda hospitalaria, y por otra, anunciar que han reducido las listas de espera de patologías GES y vacunado a millones de chilenos, anuncios hechos por Sebastián Piñera hace no mucho y que ya se ha demostrado ampliamente que son falsos.
La lógica que está detrás de todo esto es terminar la obra que inició Büchi y el hermano de Sebastián Piñera en la década de los ochenta, don José Piñera. La obra era privatizar todas las prestaciones que el Estado por mandato constitucional debe ofrecer a los ciudadanos y residentes de nuestro país. Lo lograron en previsión social, creando el nefasto sistema de las AFP, que a los únicos que sirve bien es a sus administradores y a la bolsa accionaria local, 50% de cuyas acciones están en manos de no más de 5 familias, como acaba de denunciar el economista Luis Eduardo Escobar.
En educación avanzaron más, con este pérfido sistema del subvencionamiento, lo que llevó a un progresivo desfinanciamiento del sistema fiscal de educación pública que más encima se municipalizó, sin acompañar esta reforma administrativa de las compensaciones en equidad que necesariamente deben existir cuando en un país hay segregación territorial por clase social.
Y la salud. Büchi creó el sistema de aseguramiento privado, conocido como isapres, con lo que robó el principal activo que tenía nuestro país en su sistema sanitario: la solidaridad. La solidaridad es esencial a la hora de distribuir el riesgo entre comunidades que no son iguales. Como los jóvenes se enferman menos, ayudan, solidariamente, a financiar los gastos de salud de los mayores. Otras formas de solidaridad son las que existen entre ricos y pobres, o entre varones y mujeres en edad fértil, o entre los que viven en localidades urbanas y los que están en las zonas rurales.
Despojar a los sistemas de salud de la solidaridad, y crear tantos “pooles” de riesgo como fondos haya, isapres (cada isapre es un pool de riesgo por sí misma), FONASA, fuerzas armadas, etc., tiene su contracara, y esa cara oscura es la del individualismo. La solidaridad robada se traduce en políticas de capitalización individual para las pensiones, en que las personas ahora deben pagar por escolaridad concesionada a privados, y que los enfermos deben atenderse en sistemas públicos que para evitar endeudarse recortan prestaciones, o la mayor de las inmoralidades: se atiende quien puede pagar.
Entonces, ¿qué buscan Uriarte y Mañalich en sus deliberaciones entre cuatro paredes y ausencia de políticas y programas escritos? Probablemente buscan poner el dinero al centro de la cuestión. Que FONASA sea un comprador de prestaciones tal y como si fuera una isapre más. Qué importa si esa compra la hace a un hospital público o privado. La lógica del presupuesto y de la cuadratura se antepone ahora dramáticamente por sobre la lógica de la planificación sanitaria sobre la base de las necesidades de los pacientes. Ahora importa que exista un sector privado prestador de servicios clínicos pujante y distribuido en todo el país.
Así se entiende cuando Uriarte les dice a los directores de hospitales que cierren si no tienen plata. Total, ya llegará un privado a llenar el vacío y atender a ese paciente FONASA que deja de ser un ciudadano con derecho a la salud, y pasa a ser un consumidor de prestaciones médicas. Y mientras más enfermo, mejor el negocio.
(*) Vivienne Bachelet es médico-cirujano, miembro de Salud1derechO y del Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública.
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