Divorcio y aborto en Chile, una reflexión

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Este procedimiento afecta no solo físicamente a las abortantes sino que también produce secuelas psicológicas incluso hasta daños psiquiátricos, por lo tanto, en el proceso de discernimiento, a las mujeres las dejamos sin nadie que las ampare y por omisión dejamos que se genere un mercado negro en donde la pasividad de nuestra legislación deja desprovistas de defensa a todas y cada una de las mujeres que abortan.

Expresaré algunas situaciones que demuestran el poco interés de la élite política chilena, sobre todo la más ligada a la derecha económica y en materia moral, cercana a la iglesia católica, la cual también es cómplice por omisión de los abortos que se realizan en el país de forma clandestina.

Para este examen primero haremos un breve análisis de la tramitación de la ley de divorcio que también en su discusión estuvo circunscrita por una serie de argumentos que apelaban principalmente al miedo y actuaban por medio de la desinformación de la ciudadanía y tomando como ventaja la poca información disponible para que la ciudadanía pudiera manifestarse a tanto a favor como en contra pero en una situación bien informada y responsable.

En el contexto social y político vivido en la década de los noventa se instauraba una álgida discusión sobre sí se debía permitir y legislar la disolución del contrato nupcial. En primer punto, es de común conocimiento que sin existir la norma legal que permitiere el cese de dicho contrato existían parejas que por distintas razones tomaban la decisión de poner fin a la convivencia, aún cuando estaban sujetos al tenue yugo de la legislación vigente hasta el año 2004 (año en que se promulga la ley de divorcio). Aquí el problema de dar solución al cómo legalmente, normar la relación económica entre las partes que se encontraban afectas a este contrato, con esto específicamente me refiero al patrimonio que puedan haber generado en sus años de convivencia y llegado el momento del quiebre surgen algunas preguntas tales como ¿Quién se hará cargo de la tutela de la progenie?, ¿cómo distribuir el patrimonio construido?, ¿Cuál será la relación económica entre las partes que se separan para dar estabilidad económica y garantizar el bienestar de los herederos? Entre otras.

Teniendo en cuenta que las respuestas a tales interrogantes no se podían encontrar dentro de la legislación chilena era imperativo que los legisladores chilenos generaran una discusión seria y con altura de miras para agilizar la tramitación de esta modificación a esta ley que hasta ese momento tenia ya 120 años de vida.

Como la ciudadanía comprendía esta situación y los sectores mas progresistas de la política chilena abogaban por esta modificación, ahí se generó el punto de inflexión que desembocó en la nueva legislación que nos rige hasta hoy.

Luego de que se cambiara esa ley el sector que se manifestaba abiertamente como detractor de aquel cambio inició una campaña del terror, dando a entender que la legislación aprobada representaba una seria amenaza a la familia, argumento que el tiempo se encargo de derribar ya que no contaban con estadísticas que corroboraran tal aseveración.

Dentro del debate surgió la siguiente pregunta ¿Por qué el divorcio perjudica a toda la sociedad? A la cual responde una institución que se autodenominaba PRO-FAMILIA “… si quisiéramos resumir la antítesis profunda entre divorcio y bienestar colectivo diríamos que el divorcio es el hijo del egoísmo y el egoísmo es la negación de la vida social”, pero en el punto en que en un matrimonio se genera una convivencia insalubre dado que se existe violencia tanto física como verbal que puede ser ejercida por la mujer o por el hombre y dicha situación pueda devenir en el injustificable acto de intentar poner atajo a esta situación y terminar con la vida del cónyuge o poner termino a la propia en algunos casos. Será entonces que legislar sobre estas posibles situaciones sea una mejor forma de aportar al bien colectivo en vez de asumir que no existen y dejarlos solos en donde la ley no puede actuar ni reglamentar esta situación o la prevención de la misma (?)

Aún cuando esta explicación pueda tener sentido para muchos, la misma asociación citada con anterioridad responde a la interrogante que intenté responder en el párrafo anterior “suprimir el dolor es un programa imposible, ninguna ley evitara las infelicidades conyugales mientras existan imperfecciones humanas. El divorcio tiene a multiplicarlas; la indisolubilidad a restringirlas, entre los dos males, el menor”, dentro de este tema dejaremos hasta aquí el análisis debido a que todavía resta analizar la situación del aborto que es el tema al que va intencionado este texto.

En el análisis hecho previamente sobre la situación de la legislación sobre el divorcio constatamos que la derecha representada en el parlamento se situaba en una posición de defensa de la familia, dando a entender en tal escisión que las posturas a favor del planteamiento al cual ellos fueren contrarios, seria en contra de la institución. Esta dicotomía fue hecha con motivo de desacreditar las demás posturas apelando al temor y ocupando la desinformación como método para generan una mayor adhesión ciudadana a su postura, pero conocido por todos es que la intención de tal iniciativa siempre fue contribuir a una convivencia más sana y reglamentada entre las partes y jamás fue destruir la familia.

Como último punto frente a la situación de la discusión que abordaron los legisladores chilenos frente al divorcio es necesario hacer evidente para todos y todas que la separación legal y posterior disolución del contrato apareció como la solución más eficaz y bajo ningún examen fue una solución que estuviera exenta de dificultades tanto en su tramitación como en su ejecución, fue una elección por el mal menor buscando siempre el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Para iniciar el examen de la situación actual de la practica del aborto en Chile revisaremos algunos datos históricos que darán luces de cómo se viene desenvolviendo el debate y argumentos tanto a favor como en contra de una restitución de una legislación sobre los tipos de practicas relativas a este procedimiento.

En Chile solo se manejan estimaciones del numero del abortos,  que son muy variadas. En el texto producido por Lidia Casas y Limeta Vivaldi sobre “La penalización del aborto como una violación de los derechos humanos de las mujeres” se cita un calculo reciente de un epidemiólogo, quien basado en la tasa global de fecundidad (1.94 hijos por mujer en edad fértil) la prevalecencia del uso de anticonceptivos (%64) y las más de 33.000 hospitalizaciones por aborto, estima una cifra que fluctúa entre los 60.000 a 70.000 abortos por año, que es la mayor de América del Sur.

Con esta estimación podríamos reconocer atisbos sobre la ineficacia de una legislación que penaliza y persigue a quienes realizan o se someten a esta practica. Enmarcados en esta temática revisaremos algunos proyectos que son atingentes al tema del aborto.

En el contexto legal, el aborto terapéutico fue regulado dentro del código sanitario del año 1931 por la ley 18.826 y posteriormente derogado en el año 1989  consignando que toda practica de aborto realizada en el país es ilegal. En el año 1990 se inició un tibio debate sobre el tema. En 1991, el 17 de noviembre se ingresa el proyecto que modifica el articulo 119 del código sanitario en lo relativo al aborto terapéutico, que tenia como fin restablecer una legislación sobre ese tipo de abortos, finalmente no se avanzo en el proyecto presentado por Letelier, Montes, Muñoz y Smok (PS).

En la vereda de enfrente se gestaba una respuesta a tal proyecto y el día 2 de agosto del año 1994 H. Larraín envía un proyecto que buscaba aumentar las penas, incorporar la figura de delación compensada y mover este ilícito al titulo de los delitos y crímenes contra la vida, pero como era de esperarse este proyecto fue rechazado.

Otra arista que vale la pena analizar es la situación en que se toma esta difícil decisión, dado el contexto legal y la posible persecución, las que optan por este camino no pueden acceder a un especialista, ni a un consejero u orientador que busque prevenir que se incurra en tan desesperado acto.

Como punto subyacente aparece el problema de la mala practica de médicos que lucran con este ilícito, donde el carácter de ilegalidad les da el espacio para exigir abultadas sumas de dinero u otro tipo de pagos, mas este no es el único problema, ya que al no regirse por ninguna ley ni regla no hay estándares mínimos de sanidad en el lugar donde se realice el procedimiento, dejando a las mujeres que deciden optar por esta salida a la deriva.

Este procedimiento afecta no solo físicamente a las abortantes sino que también produce secuelas psicológicas incluso hasta daños psiquiátricos, por lo tanto, en el proceso de discernimiento, a las mujeres las dejamos sin nadie que las ampare y por omisión dejamos que se genere un mercado negro en donde la pasividad de nuestra legislación deja desprovistas de defensa a todas y cada una de las mujeres que abortan.

Como conclusión final de este texto no está la intención de exhortar a la sociedad para que se manifieste a favor del aborto, porque caeríamos en la misma lógica de pensamiento dicotómico en materia de ética y moral de la derecha más conservadora, sino invitar a un debate y a la promoción de una legislación que regule el tema del aborto para que este carácter de ilegalidad no siga siendo el nicho de las malas practicas y/o abusos y a su vez proporcionar a toda mujer que opte por el camino del aborto las herramientas y el acompañamiento psicológico oportuno que busque en primera instancia persuadirla de la decisión que está por tomar y en caso que decida efectuar el aborto de todas maneras, entregarle un acompañamiento posterior a la intervención para que esa difícil decisión y su consecuencia inmediata no tenga que ser enfrentada en silencio y soledad tal como hasta hoy deben hacerlo por la inexistencia de una ley sobre esta situación.

Otra invitación para reflexionar, es que tampoco es necesario estar discutiendo como punto de partida el aborto, primero sería más efectivo incentivar una educación sexual adecuada sobre cómo prevenir los embarazos no deseados (que son previos a la decisión del aborto) y dentro de esta temática, generar políticas de Estado en donde se facilite el acceso a los mecanismos para controlar la natalidad.