A comienzos de 2018, el Ministro de Salud proyectó a diciembre del mismo año, una deuda hospitalaria de $800 mil millones, cifra que aún hoy no se sabe si es la correcta ya que no se ha actualizado la información pública. No obstante esta desinformación, para la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS A.G), gremio que reúne a los proveedores de dispositivos médicos del sistema de salud público y privado del país, la deuda prácticamente se duplicó, conforme a la información que maneja de sus asociados a diciembre de 2018.
Con la llegada de la nueva autoridad, hace más de 10 meses, se realizaron importantes anuncios que iban en directa relación con ordenar los pagos y reducir la morosidad que existe en el sistema. Evidentemente esto no sucedió, perpetuando el problema.Tenemos un grave problema cuando la demanda de la población no converge con la oferta que carece de una administración eficiente, que garantice una salud de calidad para todos los chilenos, con atención e insumos para ello.
La salud de las personas es uno de los ocho derechos humanos fundamentales. No obstante, tenemos un grave problema cuando la demanda de la población no converge con la oferta que carece de una administración eficiente, que garantice una salud de calidad para todos los chilenos, con atención e insumos para ello.
Por estos días el hospital Clínico San Borja Arriarán está viviendo una crisis producto de la falta de insumos y personal para atender la creciente demanda de los pacientes. Sin ir más lejos, este recinto asistencial es uno de los que más adeudan recursos.
La situación es caótica, si se considera que, por ejemplo, Maternidad cuenta con sólo 36 cunas, pero atiende 29 partos en un solo día. Simplemente su capacidad no da abasto. Y no estamos hablando sólo de números, estamos hablando de recién nacidos que necesitan una atención médica digna.
Desde nuestro rol como gremio clave del sector de los dispositivos médicos, nos impacta la despreocupación que existe, sobre todo para el segmento de la población más vulnerable, que lamentablemente no puede acceder al sistema privado y es cautiva de una gestión deficiente.
Para este 2019, la autoridad consideró una reasignación de recursos para el sector de $6.500 millones. Es de esperar que estos recursos consideren un mecanismo que garantice un sistema con una administración efectiva y transparente, que simplemente nos permita tener un sistema de salud robusto que responda a las necesidades de la población y con un trato justo y digno tanto para los pacientes como para los proveedores del sector como afectados históricos de la mala gestión en salud.
Por Eduardo del Solar,
Director Ejecutivo de Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS A.G.).
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