Se hizo conocer hace pocos días el resultado de la comisión constituida por expertos del gobierno y de la Concertación para “Evaluar la factibilidad de crear un Plan Garantizado de Salud (PGS) al interior del sub-sistema ISAPRE”. Esta es la primera entrega para un tema que, por cierto, es de trascendental importancia porque involucra varios aspectos: necesidades básicas de la población, un fuerte sesgo en acceso a servicios básicos y una “industria” que lucra con tales servicios.
En esta oportunidad solo nos referiremos a aspectos estructurales. El primero, ¿cuál es la razón ética para tener salud para afiliados al sector privado y salud para afiliados al sector público? Es decir, ¿con qué criterio el Ministro Mañalich puede buscar “soluciones” al interior de las Isapres que posterguen o sean independientes de las necesidades de los 12,5 millones de chilenas y chilenos afiliados a Fonasa? Chile es uno (o debiera serlo) y no hay razón para que en necesidades sociales básicas como salud o educación, haya quienes puedan tener derecho a acceder a ciertas prestaciones o derechos y otros no lo tengan.
El diseño del llamado Plan Garantizado de Salud, más parece que es una solución a las dificultades de las Isapres para enfrentar las decisiones del Tribunal Constitucional que les impedía seguir discriminando a quienes por edad, sexo o presencia de enfermedades crónicas eran castigados en sus cotizaciones hasta obligarlos a migrar a Fonasa. Es decir, la Comisión no fue convocada para tratar los problemas de salud de la población sino para aliviar el problema financiero de las Isapres luego de las advertencias del Tribunal Constitucional que, valga recordarlo, abogaba simplemente porque los chilenos debíamos tener todos los mismos derechos.
En efecto, existe hace años -para todos- el plan de Garantía Explícitas de Salud (GES o AUGE), y asimismo, las coberturas catastróficas están integradas a las Isapres luego que Fonasa las instituyó en 1999; el examen de medicina preventiva es parte del AUGE y, el acceso a consultas es igual a la modalidad de Fonasa. En suma, nada nuevo. Lo novedoso -dice el texto- es que la propuesta “permitirá la existencia de un límite superior de gasto anual en copagos por familia”. Este cálculo no tiene nada de novedoso puesto que está contemplado en el AUGE en que nadie puede pagar más allá de aproximadamente un 20% del ingreso mensual por año.
En segundo lugar, este plan -reducido y básico- debe costar 17.000 pesos mensuales, según afirma la Comisión, a lo cual hay que agregar lo que deberá pagarse para tener derecho al Subsidio de Incapacidad Laboral, SIL, que no está cuantificado en el documento. Para muchos esta cifra puede parecer baja o asequible pero no es así. En efecto, hay que agregar alrededor de 3.000 pesos para el SIL. Por lo tanto, es necesario ganar $260.000 para pagar el plan básico individual. Pero, los problemas aumentan si su familia está constituida de 3 personas (familia tipo modal en Chile hoy) que implica que Ud. debe ganar $780.000 mensuales para solventar su salud “básica” al precio de las cotizaciones actuales: 7% de su ingreso.
¡En Chile, casi el 80% de la población recibe ingresos inferiores a este monto! El promedio de ingresos de los hogares del séptimo quintil fue de $625.250 en 2009 según la Casen de este año, y si por casualidad tiene un hijo en la universidad su ingreso disponible será de alrededor de $350.000. Es decir, el 80% de los y las chilenos esperan que se produzcan cambios y aportes sustantivos en el sector de la salud pública para resolver sus necesidades.
En concreto, los cálculos y sofisticaciones de la Comisión ayuda a resolver el problema de las Isapres pero no el de la inequidad en salud que se refleja en que los afiliados al sector público disponen de un cuarto de los recursos que sus pares de las Isapres porque éstas, además, van reciclando hacia el sector público a quienes son o se ponen más “caros”.
La solidaridad, o criterio justo, sería que quienes se afilian a las Isapres no puedan volver cuando son más caros al sector público (como en Alemania) o, que las Isapres que rechazan clientes que fueron proveedores paguen por su expulsión. No obstante, todo esto, más bien debiese resolverse -aunque paulatinamente- a través de que el sector público se haga cargo de la totalidad de las cotizaciones a la seguridad social y las personas -que lo quieran o puedan- paguen seguros de salud adicionales. El Banco Mundial apoya esta idea.
* Rafael Urriola U. es director de Programa Protección Social, Fundación Chile 21
Nota elquintopoder.cl: Si estás de acuerdo con la reforma al financiamiento de la salud, te invitamos a firmar y difundir esta carta.
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Foto: Daniel Semper / Licencia CC
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