El bono auge es una política anunciada con bombos y platillos por el gobierno de Sebastián Piñera, el objetivo “oficial” es reducir las listas de espera AUGE e introducir mayor “libertad de elección”. Esta política ha demostrado ser costosa y con un bajo impacto en su objetivo: reducir la lista de espera. El nivel de sobreprecio que presenta la oferta privada hace sospechar que el real objetivo de esta política es generar un nuevo mecanismo de transferencias de recursos desde el sector público al privado.
Este bono nace como una forma de generar una reducción de lista de espera en las patologías AUGE. Sin embargo, al segundo semestre de este año hay 3026 bonos emitidos, de los cuales un 24% no fueron utilizados (fuente, Superintendencia de Salud). De esta forma el impacto en reducir efectivamente la lista de espera, alcanza solo un 4,3% (de enero a mayo del 2011). Esto es mínimo si consideramos que la ejecución presupuestaria a la misma fecha alcanza los 3.000 millones de pesos.
Desde el punto de vista de la evidencia internacional para reducir las listas de espera, encontramos tanto un informe de la OCDE como del Banco Mundial, donde se señala que el mecanismo con más respaldo, desde el punto de vista de la evidencia, es la inversión en aumentar la capacidad del sector público, algo que claramente fue desoído por esta administración. Es más, se plantea que formas como el “bono AUGE” no cuentan con evidencia que sustenten los resultados; además de ser excesivamente costosas, la sustentabilidad en el tiempo de este tipo de políticas es muy limitado.
Este bono comienza a operar cuando no hay oferta pública disponible para hacer cumplir la garantía AUGE, lo cual a priori parece bien. Sin embargo, cuando comenzamos a ver qué hay detrás de esto, vemos que hay una trampa. El Estado, para enviar a los pacientes al sector privado, debe pagar un alto “sobreprecio”, que no es más que el lucro de los holdings de la salud obtienen a costas del Estado. Esto lo podemos confirmar si consideramos los datos que la misma licitación del Bono AUGE evidenció. En el caso del cáncer cérvico uterino, está la intervención quirúrgica del cáncer pre invasor, donde se adjudicaron once clínicas privadas, con una oferta promedio de $ 1.211.855. Sin embargo, el Estado paga a los hospitales públicos por esta misma prestación $ 174.250. Esto muestra que por cada bono que entregue el Estado para esta prestación, se podrían haber realizado 6,95 prestaciones en el sistema público. Pero vamos más allá: ¿Quiénes ganaron esta licitación? Dentro de las clínicas privadas adjudicadas, están las clínicas ligadas a dos grandes holdings, Banmédica y Red Salud (Cámara Chilena de la Construcción). Ambos se adjudicaron no solo esta prestación en particular, sino también la mayor parte de las prestaciones que entraban dentro del convenio marco, con ofertas que tienen un alto grado de sobreprecio en relación con el valor pagado a los hospitales públicos.
Como Salud un Derecho hemos denunciado en al menos tres ocasiones los problemas ligados a este “subsidio portable”, así como los problemas que está generando esta improvisada política. Estamos ad portas de comenzar la discusión del presupuesto 2012. En este contexto se debe hacer una exhaustiva revisión de los recursos que se han utilizado para esta política, además de considerar si es adecuado seguir generando mecanismos que vayan directamente a financiar el lucro privado en Salud.
Nota elquintopoder.cl: Si crees que Chile requiere una reforma a su modelo de financiamiento de la salud, para hacerlo más solidario, te invitamos a adherir y difundir esta carta.
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