Una economía política de paz requiere de la participación activa de ciudadanos empoderados que definan, construyan y defiendan sus derechos. Por lo tanto, debe sustentarse en un principio de autonomía territorial, descentralizando las atribuciones y capacidades de regulación local del uso de bienes comunes.
Creo que la política debe sustentarse en un principio de realidad y de justicia inter-generacional: quiero que mi hijo tenga las mismas oportunidades que yo tuve y para eso necesitamos un planeta sano. Actualmente, un cuerpo de evidencia científica irrefutable demuestra que cada año consumimos una vez y media los recursos naturales que pueden explotarse de forma sostenible en el tiempo. Eso anula la posibilidad de resolver la pobreza mediante el crecimiento cuantitativo y atenta injustamente contra la calidad de vida de las futuras generaciones.
Esta deficiencia de regulación se debe al principio de dominación de la economía global contemporánea. Es un sistema de organización productiva cuyos fundamentos fueron establecidos en un contexto de guerra entre monarquías europeas, que luego usaron este instrumento para invadir a otros pueblos y crear imperios coloniales. El objetivo era acumular capital más rápido que el rival, sin contar el costo que se imponía al territorio conquistado. Esta deficiencia de contabilidad aun persiste en el modo en que se calcula el PIB, en todas las naciones. Así, hasta hoy, potencias privadas vienen, extraen los recursos de las comunidades, no compensan esta apropiación de valor y se van cuando la riqueza local se agota.
Hoy necesitamos una transición hacia una economía política de paz, de cooperación entre iguales y que considere adecuadamente el costo ambiental y de salud de las actividades productivas. Que redistribuya la riqueza considerable que ya existe en vez de incentivar un sistema de consumo que favorece la acumulación de capitales en muy pocas manos. Que garantice un ingreso mínimo digno y de por vida. En suma, que priorice la libertad de sentido como derecho de autodeterminación de cada ciudadano, por sobre la libertad de mercado.
Este modo de organización social requiere de la participación activa de ciudadanos empoderados que definan, construyan y defiendan sus derechos. Por lo tanto, debe sustentarse en un principio de autonomía territorial, descentralizando las atribuciones y capacidades de regulación local del uso de bienes comunes. Al contrario, la concentración de poder y el exceso de centralismo, público o privado, aleja las instancias de decisión de la ciudadanía y no dan espacio a la participación efectiva.
Entre los nueve candidatos a la presidencia de Chile, solo encuentro este planteamiento político trascendental en el programa de Alfredo Sfeir. Tenga o no opción de ser electo, votar por las ideas que ha propuesto es el comienzo de un trabajo necesario para integrar estos principios en la agenda legislativa del próximo gobierno.
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