El refugio es un antiguo derecho reconocido en normas nacionales e internacionales, consistente en la protección de las personas en situación de movilidad que por fundados temores de persecución se encuentran fuera de su país de origen o de su residencia habitual. Los refugiados, huyen de las consecuencias de la guerra, de la persecución racial, religiosa, étnica o política e incluso de las adversas condiciones medioambientales. El refugio, además de representar una obligación para los Estados, es un deber con la humanidad, la solidaridad universal y el bien común.
Nuestro país, se cuenta entre los signatarios del Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo desde 1967 y desde 1999 realiza esfuerzos que han contribuido al reasentamiento de centenares de personas provenientes de zonas en conflicto. Igualmente, desde el año 2010 se han promulgado distintas iniciativas legales sobre la materia. Pese al inobjetable compromiso político que se expresa en dichas iniciativas, resulta preocupante que no se manifieste en acciones concretas que faciliten la tramitación, gestión y acceso a la condición de refugiado de aquellos que requieren de la especial protección por parte de Chile.El refugio, además de representar una obligación para los Estados, es un deber con la humanidad, la solidaridad universal y el bien común.
Recientemente, los medios de comunicación dieron a conocer la difícil situación de algunas familias provenientes de Ucrania, quienes arribaron a Chile huyendo del dramático conflicto que vive su país, luego del acto de agresión ejecutado por Rusia. Estas familias padecen los problemas estructurales de la política de recepción de solicitantes de refugio, entre los cuales se observan la compleja y lenta tramitación de sus solicitudes, la existencia de trabas burocráticas y la ausencia de acompañamiento del Estado para apoyar sus procesos de integración social e inserción laboral.
Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, entre 2010 y 2021 se registraron un total de 21.847 solicitudes de refugio, de las cuales solo 701 fueron aceptadas luego de períodos de 3 a 10 años. En muchos casos, esta espera lleva a los solicitantes a abandonar el país u optar por otros permisos para residir legalmente en Chile. Esto contribuye a agravar la vulnerabilidad de los solicitantes de refugio y en algunos casos a su eventual revictimización, al enfrentarse a condiciones sociales hostiles e impedimentos constantes para acceder al ejercicio de derechos.
No podemos olvidar la promesa fundacional de nuestro país de ser el asilo contra la opresión y mucho menos omitir el deber humano fundamental de acoger, proteger, promover e integrar a quienes buscan en nuestras fronteras especial amparo y la oportunidad de continuar su vida con dignidad y sin miedo.
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