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Voto voluntario: la promesa incumplida

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Hace más de 2 años y medio los diputados y senadores vociferaron al país que se había aprobado la inscripción automática y el voto voluntario. Muchos pensamos que agregar algo de incertidumbre electoral  a las elecciones municipales del año 2012, podría ayudar a “despeinar” la política y agregar “aire nuevo” a un sistema seriamente dañado y asfixiado. 

Con nuestro mayor optimismo, pensamos que llegaría el día del retiro de aquellos  alcaldes y concejales que cumplirán 24 años en el mismo cargo, gracias a un electorado clientelar que por un grupo de beneficios y unas cuantas promesas, vuelven a otorgar el voto a las mismas autoridades de la comuna, en un ejerció cada vez más automático.

Resulta que, tras 32 meses del bullado anuncio, nada se ha resuelto para cumplir con la promesa del voto voluntario. Incluso algunos diputados, aduciendo la legitimidad que no tienen, respecto de los chilenos mayores de 18 años, desean que el voto además ahora, sea obligatorio. Vale decir, inscripción automática y voto obligatorio. 

El escenario de la obligación como un deber ciudadano respecto de la comunidad política en que se desenvuelven los electores, podría resultar atractiva, en la medida que los deberes sean iguales para autoridades y votantes. Sin embargo, ese pacto se rompe una y mil veces por parte de la clase política, que por su deseo de perpetuación en el poder, destroza con demasiada facilidad su compromiso con los ciudadanos.

Seamos directos. Una diputada que deja su distrito electoral para ocupar un sillón de ministra en La Moneda, está rompiendo su obligación con sus electores y con aquellos que no votaron por ella, pero les representa. Cuando el Presidente de la República obliga a un senador o senadora a que deje su circunscripción electoral para tratar de superar una crisis de gabinete, rompe sin duda alguna, el compromiso que tenían dichos congresistas con sus votantes. 

Cuando un diputado muere en el ejercicio político, es el partido que designa a uno de sus militantes para ejercer dicho reemplazo, lo que violenta a los electores del distrito, que deben aceptar la designación de alguien impuesto por las cúpulas partidarias, que carecen de legitimidad. La nueva autoridad puede no haber sacado ni un solo voto. O sea, impera la ley del dedo o la dedocracia.  

Entonces de qué obligatoriedad habla la clase política cuando aduce un supuesto compromiso de los votantes con la comunidad. Ocurre que el mayor infractor, del pacto gobernantes-gobernados es, lejos, la autoridad pública, que, además, le vuelve a solicitar a los electores que asuman mayores compromisos, aunque una vez más se imponga la ley del embudo.

En este caso, comparativamente, la clase política se parece bastante al caso de “La Polar”. La diferencia es que para un caso, las personas son clientes y para el otro, los ciudadanos son simplemente electores. En el fondo, el relacionamiento es muy similar.

Ambos saben que los clientes y electores son quienes sostienen el sistema pero, a la vez, los castigan mediante obligaciones a aquellos que les proporcionan las ganancias y los instalan en el poder. Sin embargo, cuando entran en crisis, sea la empresa o el sistema electoral, piden con total soltura, una vez más, que sean los clientes los que paguen las deudas de la multi-tienda y en el caso comparado, sean los electores quienes vuelvan a darle aire a un sistema electoral asfixiado, mediante la obligatoriedad.

 El voto obligatorio dejó de ser legítimo, a causa de los múltiples incumplimientos de la clase política, especialmente los partidos políticos, el excesivo presidencialismo y las malas prácticas de senadores y diputados, que han mantenido un sistema electoral que reproduce el poder y la perpetuación de una elite política que esencialmente es la misma en los últimos 50 años.    

Esperemos que la clase política cumpla con los plazos y se apruebe el voto voluntario, por que ello podría servir para recomponer en parte la confianza de los electores y de muchos chilenos que a pesar de poder participar de los procesos electorales, prefieren distanciarse de un derecho esencial, para elegir a las autoridades. 

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