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La acusación constitucional contra la intendenta JVR tenía mérito jurídico y viabilidad política. Por ello la Concertación y la Oposición se anotaron un sonoro triunfo el día de ayer.
Para la Alianza, el tema fue lo más parecido a una pesadilla. Lo que pudo haber sido resuelto en un par de días, haciendo saltar el fusible correspondiente, que para eso son los cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, terminó comiéndose la agenda social con que el Gobierno esperaba inaugurar el 2011, dividiendo a las fuerzas aliancistas e instalando una duda más que razonable sobre la competencia política del Ministro del Interior.
La salida de JVR no quita el mérito jurídico a la acusación constitucional, pero sí le resta viabilidad política. Mantener la acusación le permitiría a la UDI y a JVR vestirse con el ropaje de las víctimas de una persecución política, para lo que contarían con la probada y siempre bien dispuesta solidaridad de los medios.
Es un error pensar que aquí hay un conflicto entre coherencia y eficacia política. La Concertación buscaba la salida de Intendenta para que la región del Bío Bío pueda concentrase en las tareas de la reconstrucción y que éstas se realicen sin la prepotencia, el sectarismo y las malas prácticas propias de la gestión de JVR. Inhabilitarla quitándole sus derechos políticos, no es el propósito buscado sino una consecuencia desmedida de una norma injusta.
La defensa que hizo el Gobierno y la UDI de JVR se convirtió en un verdadero boomerang. No vaya a ser que la Acusación tenga el mismo efecto para la Concertación.
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Foto: maderonoticias.cl
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