Era evidente que la decisión del Gobierno iba a ser la mantención de Jacqueline Van Rysselberghe como Intendenta de la Región del Bío Bío.
La forma frontal y con dureza extrema en que la UDI defendió a una de sus estrellitas -que por lo demás es la forma que siempre ha actuado cuando alguna de ellas es cuestionada- hacía inviable que fuera destituida. Renovación Nacional lo experimenta una vez más y debe, como titula El Mostrador, morder el polvo de la derrota. O, sea, "como si no supierai con la chichita que te estai curando".
Era evidente, asimismo, que la principal razón pública para la mantención de autoridad iba a ser la inexistencia de irregularidades -léase ilegalidades- en la tramitación de subsidios de vivienda para las familias afectadas por el terremoto en la población Aurora de Chile, en Concepción.
Y ello era obvio desde el momento en que, por lo que se ha dicho, las postulaciones no habían sido aprobadas aún en Vivienda. Por lo tanto, no hubo recursos públicos mal entregados. O sea, como diría Benny, el popular personaje de Año 0, las estimaciones éticas que han hecho reventar Twitter durante dos semanas –que en resumen han cuestionado que sólo cumplir la ley sea el factor principal para mantenerse en un cargo gubernamental- aquí “valen callampa”.
A ello hay que sumar que, según El Mercurio, estuvo sobre la mesa de la decisión presidencial –aunque transmitida por el ministro del Interior- la gestión realizada por Van Rysselberghe al frente del Gobierno Regional del Bío Bío, así como su, hasta ahora, destacada carrera política. A ello hay que sumar la certeza de que no hay carne para una acusación constitucional. Según Cooperativa, quien convenció al mandatario de esto es el ministro de Justicia.
La Tercera coincide con las consideraciones de la versión mercurial y agrega que también se tuvo en cuenta el hecho de que Van Rysselberghe fue la jefa de campaña regional del candidato Piñera, que sus gestiones no fueron en beneficio de nadie más que los pobladores y que tampoco estaban involucrados dineros públicos ya que el proyecto estaba en la fase de estudios. Añade el tabloide que además tuvo peso que se estaba frente a una operación política de Alejandro Navarro -el principal impulsor de todo el escándalo- para sacarla de la carrera senatorial.
Pero, el aporte principal que hace este diario al episodio de las últimas horas es el hecho de que la declaración emitida por la Intendenta desde Brasil -donde se refugió estratégicamente estos días- fue una exigencia formulada por la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, incluso bajo amenaza de renuncia.
De esta forma, el respaldo expresado por La Moneda a la autoridad del Bío Bío si bien tuvo el envoltorio jurídico de la presunción de inocencia, le llevó adjunto las excusas de ésta por haber involucrado al Ministerio de Vivienda en toda la polémica –no hay que olvidar que en sus últimas declaraciones sostuvo que todo lo obrado en la región estaba al tanto de esta Secretaría de Estado- y, asimismo, su compromiso de observar rigurosamente los principios de comunicación requeridos por el Gobierno.
Ello, tras aprovechar de apuntar un mensaje para el conjunto de actores oficialistas: "una comunicación precisa y ajustada a los hechos es un imperativo que las autoridades de nuestro Gobierno deben observar permanentemente".
Esto no es un hecho baladí, porque Palacio situó todo el problema de la Intendenta en algo que ella misma trató de explicar como un error al hacer coloquial el mensaje dirigido a los pobladores. Esto es que no se les estaba informando una tramitación trucha, sino que la construcción de un relato que diera sustento a la postulación masiva de subsidios. Por lo tanto, si hubo un error, éste fue comunicacional.
Como era de esperar, así como se le proporcionó un coscorrón verbal a la Intendenta, el Gobierno no dejó de arremeter contra el senador Navarro y los opositores que han mantenido el tema en el lugar 1 de la agenda política del verano.
Estos, como si lo resuelto fuera una sorpresa, se mostraron escandalizados y anunciaron que harán todo lo posible para que la acusación constitucional tenga sus frutos, por supuesto a la vuelta del merecido descanso parlamentario.
La Vocera de Gobierno, por su parte, hizo su reestreno en su papel descartando que haya sustento para eso, por cuanto ni siquiera hubo alguna mentira a la autoridad central.
Independientemente de este sihay–nohay base para la acusación, se debe tener en cuenta que no sólo esta discrepancia mantendrá vivo el asunto, porque en Concepción siguen su marcha la investigación que realiza la Contraloría y las diligencias del Ministerio Público.
Y aquí el Gobierno debe tener cuidado, porque se supone que debe guardar distancia del trabajo que realizan estos órganos autónomos. Por supuesto, sólo muy malpensados podrían sostener que las presiones del abogado Mario Rojas –un reconocido derechista, contemporáneo de La Coca- para que la Fiscalía termine su trabajo a la brevedad, publicadas hoy en El Sur, no son a título estrictamente personal.
Lo que está claro, entonces, es que la Doctora Polo, en este asunto, no podría decir "¡caso cerrado!"
En este marco, el Gobierno tiene muchos flancos políticos y comunicacionales abiertos. El primero de ellos, que debiera ser el más fácil, es enfrentarse a los opositores, que por cierto no se tragan la afirmaciones de que el respaldo a Van Rysselberghe fue fruto de una acuciosa investigación –sobre todo si se tienen en cuenta que los audios de su encuentro en Aurora de Chile revelan que hubo mucho más que la frasesita del invento de una historia-, para lo cual seguramente estaremos en presencia de originales declaraciones como “aprovechamiento político”, “tienen miedo a perder el doblaje en la senatorial”, “no aceptan que se solucione los problemas a pobladores que no fueron capaces de enfrentar en 20 años”.
Por otro lado, y en consideración a su posición legalista, el Gobierno tiene la obligación de, además de prepararse para enfrentar la acusación constitucional -no puede dejar sola a la Intendenta después de que salió con todo a decir que no hay fundamento que lo avale-, monitorear lo que sucede en la zona penquista con las investigaciones que realizan la Contraloría y el Ministerio Público, entendiéndose monitorear por hacer seguimiento y estar al tanto de lo que ocurre y no por intervenir, y contribuir a dilucidar adecuadamente las interrogantes que se presenten en estas esferas.
Finalmente y, en el aspecto más complicado de este cuento, debe tratar de abuenar a la UDI y Renovación Nacional, que en esta vuelta se dieron con todo. Principalmente, así como le hizo nanai a la Ministra de Vivienda, tendrá que hacer algo para que los RN no se sientan tan heridos luego de esta mocha. Un punto a favor es que los principales gestores de la solución encontrada fueron -por lo que dicen los medios- precisamente dos ministros militantes de la tienda de avenida Antonio Varas. Y lo tiene que hacer ya, porque la aseveración de que aquí no hay orden de partido debe leerse como que en algunas mentes no está descartada la acusación constitucional. Recomplicado, sobre todo si el que finalmente dice que ese mote con huesillos no tiene jugo es nada menos que el propio correligionario Presidente.
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