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Vacíos en la constitución: las consecuencias del caso PENTA

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En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo un secreto a voces tenía un asidero en la realidad: el uso de dineros fraudulentos para el financiamiento de campañas políticas y el sobrepago de sueldos. El partido más castigado por estos hechos, la UDI, ha respondido de forma blanda y desmarcada de los responsables materiales del uso de dineros desde el banco PENTA para las candidaturas de sus personeros políticos. Anteriormente hice un análisis en el que aclaraba lo difícil de poder fiscalizar los dineros desde los privados hacia los candidatos y de cómo un sistema mixto crearía las condiciones para que el caso PENTA se repita. Ahora me avoco a un problema aún mayor: el vacío constitucional que impide la remoción de representantes elegidos de sus cargos, el poder revocatorio del pueblo sobre sus representantes.


Aunque el caso PENTA se lleve a sus últimas consecuencias, será impensable que los parlamentarios acusados pasen tiempo en la cárcel o que deban renunciar a sus cargos. Peor aún, nada nos asegura que se inhabiliten a votar las leyes por las cuales fueron financiados de forma irregular por empresas con un claro conflicto de interés.

La constitución política de Chile señala que el único soberano es el pueblo: es el pueblo el único habilitado para el nombramiento de los representantes. Sin embargo, la constitución no explicita la capacidad revocatoria del pueblo, es decir, puede nombrar cargos pero es incapaz de removerlos en casos planteados como específicos. Tampoco existe la figura de remoción inmediata por falta cometida, es decir, no es posible remover a un representante que haya incurrido en una falta grave a la ética. Las únicas formas de remoción establecidas en la constitución son poco frecuentes: renuncia, interdicción del representante, y ser sentenciado a una pena aflictiva real. Sobre este último hay un conjunto de pasos que deben cumplirse: debe demostrarse la posibilidad real de haberse cometido un delito, votarse el desafuero del representante (en el caso de ser parlamentario), el desarrollo del proceso penal y que su consecuencia sea una pena que implique cárcel. Debido a que lo que se acusa a los parlamentarios es la recepción de dineros destinados a boletas a terceros, ninguno de los parlamentarios (con excepción de Jovino Novoa, que se le acusa de la malversación de fondos pagados a su secretaria desde el año 2003) será acusado por cometer un delito con pena aflictiva efectiva, lo que les permite mantenerse en sus cargos.

Este vacío en la constitución responde a la lógica con la cual fue creada. El pueblo se dedica a elegir representantes, los cuales poseen tales grados de libertad que no poseen control ciudadano real. La remoción de cargos está altamente restringida, lo que permite que el cometer crímenes como usar 100 millones de pesos de forma irregular se resuelvan pidiendo disculpas públicas. Detrás de estas malas prácticas existen problemas estructurales en la constitución, que impiden un control efectivo hacia los representantes, al igual que no existe una instancia más que la penal para resolver los problemas éticos o políticos que son parte de la política. Aunque el caso PENTA se lleve a sus últimas consecuencias, será impensable que los parlamentarios acusados pasen tiempo en la cárcel o que deban renunciar a sus cargos. Peor aún, nada nos asegura que se inhabiliten a votar las leyes por las cuales fueron financiados de forma irregular por empresas con un claro conflicto de interés. A medida que pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que nuestra constitución no está a la altura de los tiempos políticos ni económicos que el país vive. Una nueva teoría democrática, como nuevos mecanismos legales para el control de los representantes son vitales para que las personas dejen de desconfiar en las instituciones pilares de nuestra sociedad: el parlamento y el poder Ejecutivo. Una nueva constitución, vía asamblea constituyente, es fundamental para construir un nuevo Chile.

TAGS: #AsambleaConstituyente #CasoPenta

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12 de enero

Discúlpeme que discrepe con usted señor, no quiero ser hostil pero no se otra forma de dar a conocer lo que pienso.

Hay un vacío respecto a la forma de financiar las campañas. Eso es un vacío bastante menor que el que queda al delegar la constitución a una asamblea, eso es hacerla a espaldas de la ciudadanía, no de frente.

Una constitución hecha de frente es una que se publica para que después de leerla la ciudadanía la apruebe, como es la constitución vigente de 1980. Si tiene una constitución mejor que la actual ¿Por qué no la publica para que la leamos y la aprobemos? ¿Por qué prefiere la cuchufleta de aprobar una asamblea para así dar por aprobada una constitución sin que nadie la lea? ¿Cree usted que así se da la cara a la ciudadanía?

Saludos y disculpe si le parecí agresivo por manifestar otra forma de pensar.

12 de enero

El caso Penta sigue arrojando esquirlas sobre la UDI. Para los ingenuos va quedando claro la relación entre la política y el dinero, de cómo la patronal le exige a los políticos que actúen en beneficio de sus intereses a cambio del apoyo económico: es el costo de los “aportes”. Entonces, a los mismos ingenuos les pregunto: ¿Un Parlamento con sueldos millonarios, y al que se llega con el financiamiento de la élite, es una institución funcional al sistema democrático?

No. De hecho estamos ante una «democracia» de los ricos, que por lo tanto es ajena a los intereses de los trabajadores. Hace tiempo empezamos a entenderlo; lo hacemos no solo por esa toma de conciencia que se va desarrollando con la lucha del movimiento social sino también por la impudicia e impunidad con la que actúa la derecha duopólica. En cuanto a la UDI sabemos que está debilitada pero no derrotada. Y busca de contragolpe salir a la calle a favor del negociado de la educación. No es la derecha la que tiene que estar movilizada, la que gane la calle, porque cuando eso pasa somos los trabajadores los perjudicados.

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