La necesidad de una profunda refundación de la Concertación por la Democracia es obligatoria y no admite dilaciones. Ella, en su conjunto, resguardando su diversidad como gran conglomerado de la centroizquierda, debe asumir el desafío de construir una nueva mayoría progresista en el país. Esto comprende reformular su identidad política en consonancia con los nuevos desafíos que generan a la política una sociedad compleja y en cambio permanente como la del mundo del siglo XXI y, a partir de ello, ampliar su alianza hacia el conjunto de los partidos progresistas y hacia una sociedad civil mas exigente, que coloca nuevos temas, nuevas aspiraciones que sobrepasan las realizaciones y los cambios producidos por los 20 años de gobierno de la Concertación.
Para ello, la Concertación debe abordar los motivos de fondo que llevaron a la derrota presidencial e interrogarse sobre como expresar hoy una política progresista en el plano económico, social, político y valórico.
Tres son los ejes que, en mi opinión, deben presidir la construcción de la nueva identidad. El primero, es la superación de la economía de mercado de matriz neoliberal. Ella está en crisis en el mundo y en nuestra propia experiencia de gobierno las políticas correctivas destinadas a producir equidad y derechos dentro del modelo han tocado techo y, por ello, las políticas públicas y sociales que redujeron significativamente la pobreza y dieron mayores oportunidades a la mayoría de la población, no lograron, sin embargo, reducir la brecha entre riqueza y pobreza sino de manera muy modesta.
Los ricos son mas ricos que antes aún cuando haya menos pobres y estos hayan tenido acceso a bienes materiales e inmateriales superiores, las utilidades de las grandes multinacionales y de los sectores financieros se multiplicaron exponencialmente en la misma medida en que aumentó la diferencia de ingresos en la sociedad. Ello nos habla de un límite estructural que ya no es posible abordar sino con un cambio profundo del modelo de desarrollo de nuestro país y con una nueva política tributaria que la Concertación no se propuso o no pudo abordar significativamente mientras fue gobierno.
Repensar el modelo implica ir a la esencia de los objetivos del crecimiento económico que han servido de parámetro durante los decenios de los gobiernos de la Concertación y darse cuenta que ellos llevan ineluctablemente, mas allá de las políticas correctivas de índole socialdemócrata aplicadas y de las políticas públicas destinadas a producir integración social, a una sociedad profundamente inequitativa, a un agotamiento de los recursos naturales del país, a una destrucción creciente del medio ambiente y de la calidad de vida de los chilenos y a una enorme concentración monopólica de la riqueza que va acompañada, también, de una concentración y dominio de los medios culturales e ideológicos de la sociedad. Ello comporta la concentración del poder que hoy es más patente cuando el progresismo ha perdido el gobierno y debe operar desde la oposición para impulsar sus políticas.
El segundo, estrechamente ligado al anterior, es la imperiosa necesidad de promover una economía verde, una economía sustentable que resguarde el medio ambiente y cuyas metas de desarrollo no estén ligadas a la explotación irracional de los recursos y a un tipo de crecimiento que coloca en cuestión la sobrevivencia misma del planeta.
La defensa del medio ambiente, la economía ecológica, es hoy una necesidad imperiosa de un nuevo modelo de desarrollo en todos los planos y especialmente en los límites que hay que establecer a la desenfrenada inversión extranjera en recursos naturales que desnacionaliza la economía y al crecimiento irracional de las necesidades energéticas del país que permiten que toda forma de generación de energía sea lícita más allá de las verdaderas catástrofes naturales que ello produce. La eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables no convencionales deben ser la base de una reformulación del desarrollo económico del país proyectado con una nueva filosofía del crecimiento económico basado ya no en la obtención de riqueza de cuyas utilidades se apropian las grandes multinacionales y los grandes capitales sino en el de asegurar una mejor calidad de vida para todos los chilenos.
El tercero, dice relación con una nueva democracia y con la participación horizontal de la ciudadanía en los asuntos políticos y públicos del país. Más allá de la necesidad de terminar con todo vestigio de la herencia institucional de la dictadura sin aceptar los condicionamientos impuestos por la derecha en todos estos años. Es evidente que la Concertación avanzó significativamente en la democratización del país, pero dejando pendiente aspectos que limitan fuertemente el ejercicio de la democracia, del pluralismo, de la representatividad y de la legitimidad de las instituciones. Hoy el objetivo debe ser reformular la institucionalidad del país, terminar con el centralismo asfixiante, con un presidencialismo casi monárquico, generar una Constitución que en su origen y contenido responsa a los estándares de una democracia incluyente y, sobretodo, diseñar una presencia protagónica de la sociedad civil, en toda la multiplicidad de expresiones que ella alcanza en la nueva sociedad de las comunicaciones y de la información. Esto, máxime, cuando uno de los límites principales de la experiencia gubernativa de la Concertación es el de haber desmovilizado la sociedad civil, es el de no haber acompañado con ciudadanía sea sus realizaciones como la lucha por imponer los cambios en aquellos temas bloqueados permanentemente por las políticas neoliberales y por la concepción de democracia limitada que caracterizaron la política de la derecha desde el desplazamiento de la dictadura.
Ello pasa por repolitizar la sociedad, por mejorar la calidad de la política y dar prestigio a sus actores, por democratizar la vida de los partidos, por recolegarse de manera horizontal con las opiniones y aspiraciones de la sociedad de hoy. Pasa por la construcción de una nueva hegemonía cultural del progresismo que coloque los temas emergentes de la feminización de la política, de la mayor autonomía de las personas, de la diversidad de las formas de vida, de una educación y de una salud pública de calidad como responsabilidad del aparato público, de un acceso expansivo de la población a los mecanismos de la revolución digital. Un nuevo rol del Estado que no renuncia a ser un factor de construcción de integración e igualdad, a garantizar seguridad a las personas, a crear ciudades y vidas mas amables, a resguardar los derechos de los ciudadanos, de los usuarios, de los consumidores, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de las personas que tienen mayores límites y que requieren para abrirse paso del apoyo de las políticas públicas hacia diversos estratos de la sociedad. Una sociedad menos competitiva, menos individualista y solidaria es la esencia de una mirada progresista para crear una vida mas feliz para todos.
Me parece que es en torno a estos objetivos que se debe abrir el diálogo proyectado al futuro entre todos los progresistas, resguardando la esencia de una alianza, como la Concertación por la Democracia, diversa en sus concepciones ideales, que debe ser la base de una nueva mayoría política y social que no solo asuma el desafío de una oposición con proyecto sino que levante una alternativa capaz de derrotar a una derecha que tiene una identidad y un modelo económico y cultural del cual hay que distinguirse muy nítidamente para poder volver a gobernar el país.
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