Amigos y amigas, esta semana estuvo marcada por sucesos impactantes que están pasando en los países de nuestro entorno. Nos enteramos este martes, de la condena en Argentina, de la vice presidenta peronista, Cristina Fernández. Se trata de un juicio iniciado en 2019, en que fue encontrada culpable, de administración fraudulenta de fondos públicos, en concesión de obras públicas. Por hechos ocurridos en el período 2003 al 2015, durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal Oral federal, condenó a Cristina Fernández a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero goza de inmunidad hasta diciembre de 2023, cuando termina su cargo de vice presidenta. La sentencia está sujeta a recursos que están pendientes, por lo que puede transcurrir un buen tiempo, hasta que sea ratificada o revocada por la Corte Suprema. El gobierno peronista enfrenta una crisis de gran impopularidad, debido a su manejo económico, por lo que, de optar a algún cargo de elección popular, se estima que Cristina Fernández lo haría a senadora, lo que le permitiría mantener su condición de inmunidad. El presidente Fernández y jefes de piquetes de adherentes, se han movilizado acusando una persecución política, también lo ha hecho la propia Cristina Fernández, a través de encendidos discursos, donde acusa al poder judicial de estar coludido con la derecha.
Como si no fuese suficiente con lo anterior, el día miércoles, pudimos ver al Presidente del Perú Pedro Castillo, quien, en un acto insólito e inesperado, anunció la disolución del Congreso y nuevas elecciones. El congreso peruano, dominado por la oposición de derecha, recientemente le había impedido asistir a una reunión de la Alianza del pacífico. Y, asimismo, se aprestaba a votar una nueva moción de censura en contra del presidente Castillo. El anuncio efectuado en los medios, por el Presidente, precipitó las cosas, y el Congreso decidió seguir adelante con la tercera moción de censura en contra del presidente. Esta vez fue apoyada por 101 votos, despojando del cargo de presidente a Castillo, y procediendo al nombramiento de la vicepresidenta, Dina Boluarte, como su sucesora y primera mujer que presidirá el Perú. En el continente esta noticia, ha producido gran conmoción, los países integrantes de la alianza del pacífico, esperaban realizar su reunión en Perú, ya que México debía traspasar la presidencia al presidente Castillo. Inicialmente, se pensó que la aprobación del voto de censura, correspondía únicamente al ejercicio de una mayoría política en el Congreso. Con el paso de las horas, se aclaró que el anuncio de disolución del congreso y llamado a nuevas elecciones, efectuado por el presidente Castillo, carecía de asidero constitucional. Se trataría de un intento de golpe de estado, el que no fue secundado ni por las fuerzas armadas, ni por las fuerzas políticas de izquierda que sustentan su gobierno. Tan brusco fue el vuelvo, que Pedro Castillo, que por la mañana era el Presidente del Perú, por la tarde figuraba detenido por el delito de sedición, en la prisión de Barbadillo, la misma en la que está preso el expresidente Alberto Fujimori.El debilitamiento de las instituciones democráticas termina afectando a todos, incluso a aquellos, a los que no les gusta la política, y detestan tener que votar
De las dos situaciones referidas, se puede extraer una verdad más grande que una catedral. La separación de poderes, y la autonomía del poder judicial, son esenciales para el buen funcionamiento del Estado de derecho, y para la buena salud de la democracia. La corrupción puede afectar incluso a las más altas esferas del poder, y un sistema judicial que pueda procesar sin intervenciones, a los más poderosos, es garantía tanto para los ciudadanos, como para las organizaciones de la sociedad civil, los actores sociales y económicos. Un cargo de elección popular, no puede blindar a quien delinque o comete irregularidades. Suficiente de eso, pudimos ver en Chile, con los procesos por el financiamiento irregular de campañas. Sólo un parlamentario preso, de docenas de involucrados. Algunos aún en el parlamento, y llevando la voz cantante. El debilitamiento de las instituciones democráticas termina afectando a todos, incluso a aquellos, a los que no les gusta la política, y detestan tener que votar.
En el Chile de hoy, no estamos, afortunadamente, pasando por una crisis como la del Perú o Argentina, pero no podemos jactarnos de nada. Hoy nos afecta una bacteria, que corroe por dentro las instituciones, capaz de destruir en corto tiempo a las más sanas. La bacteria del populismo y la irresponsabilidad. Eso es lo que vemos hoy, en las postergaciones y dilaciones, de grupos minúsculos, que torpedean las negociaciones para un nuevo proceso constituyente.
De pronto, vemos que quienes alzan más la voz, ni siquiera cuentan con representación popular, ni tampoco están debidamente reconocidos como partido político. Me refiero al grupo denominado “amarillos”, que ha puesto en jaque a la derecha tradicional. A la fractura existente entre RN y la UDI, en una lucha sin cuartel por la hegemonía del sector, ahora son jaqueados, por un grupo de conservadores de última hora, que muestran un apetito inusitado y voraz por el poder. Ninguna alternativa propuesta por el oficialismo, les satisface. Los partidos progresistas, estuvieron incluso dispuestos, a reducir el número de constituyente a 50, como proponía la derecha.
A estas alturas resulta evidente, que tanto el grupo de amarillos, como las escisiones de la DC, no constituyen actores de centro izquierda, como se quiso hacer entender durante la campaña del rechazo, sino que son un actor de derecha más, disputando poder a los partidos tradicionales del sector. La discusión para dotar a Chile de un nuevo contrato social, y de una nueva constitución, está secuestrado por grupos disputando la hegemonía política en la derecha.
Es una mera disputa de poder por el poder, y la reducción del número de constituyentes, o la exigencia de expertos con derecho a voto, ha sido una simple excusa, para prolongar el debate ad aeternum. Prueba irrefutable del secuestro del proceso constituyente, por el conservadurismo, es la negativa rotunda de la derecha, a que sea el pueblo quien decida, el órgano constituyente, en un plebiscito de entrada. Esa es la verdad de la milanesa, y ni los llamados al patriotismo y a la responsabilidad con Chile, efectuados por parlamentarios progresistas, han sido atendidos.
Por esta razón, en Chile, no podemos ufanarnos de lo bien que lo hacemos, de lo probas y transparentes que son nuestras instituciones, porque en la búsqueda del interés personal, o de grupo, por sobre el bien general, se alberga el germen que ha destruido economías y democracias. Esperemos que quienes hoy entraban el progreso, entren en razón, y pongan el bien de Chile primero.
Ernesto Sepúlveda Tornero
Punta Arenas, lunes 12 de diciembre de 2022.-
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