Si las reformas estructurales que implementa la Administración Bachelet son, en esencia y en estricto rigor, derechos sociales garantizados, como el derecho a una educación gratuita y de calidad, los derechos laborales, o los derechos de las mujeres, el desencaje entre éstas y la Constitución del régimen dictatorial aún vigente, plasmado en las resoluciones de inconstitucionalidad de partes centrales de las reformas que ha dictaminado el Tribunal Constitucional (TC), ha dejado al descubierto la colisión entre un Chile que aspira a tener unos derechos sociales garantizados como marco de entendimiento democrático y un Chile capturado en las redes de un autoritarismo larvado y vertical y sin casi sensibilidad social consagrado en la Constitución de la dictadura.
No obstante, este desencuentro pone de relieve unas cuantas certezas, llenas de futuro, por arrojar luz sobre el escenario político y sobre el proceso de cambios estructurales de la institucionalidad chilena actualmente en marcha.A cada resolución de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional contra las reformas, se hace más imprescindible una nueva Constitución que sintonice con los derechos laborales, educacionales, sanitarios o con los derechos de las mujeres; en fin, con los derechos sociales y humanos universales, y acerque a Chile a la institucionalidad de una democracia consolidada.
La primera certeza, es comprobar que la politización de la justicia y la judialización de la política, venga de las izquierdas o de las derechas, le hace un flaco favor a la calidad y eficacia del sistema democrático, y sólo demuestra la impotencia de la llamada clase política para dirimir sus diferencias dentro de un marco estrictamente político. El obsceno uso -más bien abuso- del TC, en este caso por la oposición de centro derecha, ha terminado convirtiéndole en una suerte de `Tercera Cámara´.
En efecto, el TC como único recurso en la estrategia política del centro derecha -en minoría en el Parlamento- para oponerse al programa de reformas estructurales de la Administración Bachelet, ha terminado transformándose en una maquinaria de vetos vinculantes a toda reforma que intenta cambiar el orden establecido.
Esta repetida operación política le otorga al TC un rol institucional excesivo que enrarece gravemente la convivencia democrática por producir un efecto execrable: convierten la democracia representativa en un ejercicio maquiavélico, de cara al país entero, al convertir el TC en una especie de supra poder por sobre el Ejecutivo y Legislativo. El uso del TC, excesivo como única herramienta política, la ciudadanía lo percibe como una vulneración de la voluntad popular, que tuvo la amabilidad de ir a votar por sus representantes políticos para que éstos administren y gestionen sus intereses, y no por los diez jueces que integran el TC. La judialización de la política y la politización de la justicia sólo echa más leña a la enorme hoguera donde se consumen de descrédito las instituciones de la democracia.
Pero la mayor certeza, es la constatación sostenida de que el TC con sus resoluciones de inconstitucionalidad de derechos reconocidos ampliamente por la comunidad democrática internacional, como el derecho a huelga con titularidad sindical, uno de sus recientes fallos, pone de manifiesto la insensibilidad social de la institucionalidad vigente al tiempo que confirma claramente la necesidad imperiosa de una nueva Constitución, diseñada con la participación ciudadana, ya en marcha por la Administración Bachelet.
No obstante, los ministros del TC con sus fallos de inconstitucionalidad de partes centrales de las reformas, no han hecha más que respetar la Constitución vigente. Por eso no hay razón para dudar de la imparcialidad política de los ministros. Esta aplastante verificación tiene solo una lectura dura, ya conocida pero que el TC ha tenido la gentileza de recordárnoslo en forma brutal: la arquitectura y arqueología de la Constitución de la dictadura es autoritaria y muy poco favorable (o nada) a los derechos sociales de las personas, a pesar de los variados y generosos linfting que se le han practicado en democracia.
En conclusión, a cada resolución de inconstitucionalidad del TC contra las reformas, se hace más imprescindible una nueva Constitución que sintonice con los derechos laborales, educacionales, sanitarios o con los derechos de las mujeres; en fin, con los derechos sociales y humanos universales, y acerque a Chile a la institucionalidad de una democracia consolidada.
La poca o nula conciliación entre un Chile del pasado más autoritario de su historia, coronado en la Constitución de la dictadura, y una propuesta de modernidad democrática, representado en las reformas estructurales de la Administración Bachelet, paradójicamente ha producido un desencuentro, tan determinante como positivo, por llenar de certezas el futuro. Enhorabuena.
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