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Sobre la legitimidad del proceso constituyente chileno

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Desde que inició el proceso constituyente en Chile con la firma del “Acuerdo de Paz” entre las figuras y partidos de la cúpula política de nuestro país, todos nos dimos cuenta que el proceso dejaba fuera a la gran mayoría del pueblo. Fue así como se acordó un sistema de elección de constitucionales basado en D’Hont, el mismo ocupado para la elección de diputados, a través de listas partidistas que no permiten la real representatividad de la votación popular. Este sistema, asumido durante la reforma de 2017 del Servel, permitió que nuevas fuerzas partidistas actuaran en la contingencia institucionalizada, como es el caso del Frente Amplio, pero siguió dejando a los independientes en precarias condiciones. Es así como comienza la dicotomía de este proceso.


Las herramientas pueden ser variadas, pero el llamado es uno: sin participación, entregamos la Constitución a los mismos de siempre

Primero debemos entender el contexto histórico que vivimos, ya que jamás en nuestra historia republicana se había dado la posibilidad de redactar una nueva Constitución durante un gobierno elegido democráticamente. En 1828, cuando Freire planteó la primera Constitución, de carácter federalista, fue realizada por una élite que controlaba el gobierno y las instituciones. Dos años después, Portales y sus colaboradores en 1833, luego de la Batalla de Lircay, propició una nueva Constitución, la que definió un Estado centralista, presidencialista y basado en el latifundio y la recta provincia. Eso determinó que nuestro país se volviera el oasis de empresarios extranjeros, de depredadores de recursos naturales, tierras ancestrales y nos hizo pelear una guerra contra dos vecinos para cuidar los intereses de los empresarios ingleses del salitre. Ya en el siglo XX, cuando se produjo el Golpe de Estado producto de la crisis económica y sistémica de inicios de los años 20, se redactó una nueva carta magna entre especialistas y, cuando ésta debía ser ratificada, se llamó al expresidente Alessandri, quien ocupó una “comisión revisora” que terminó cambiando la Constitución a su antojo. Aún así, esa Constitución logró cambiar el modelo latifundista a uno más liberal, lo que a la postre permitió generar cambios en el Estado para tener una industria propia, educación laica y gratuita y otros triunfos durante las décadas del 40 al 60. Por obvias razones no me detendré a analizar el trabajo de la Comisión Ortúzar y Jaime Guzmán en la Constitución del 80 que se desarrolló bajo una dictadura militar y que cambió el modelo a uno neoliberal rendido a los pies de la casta más conservadora del Chile de fin de siglo. Es la que aún nos rige, maquillada, con la firma de Lagos. Es decir, hemos tenido 3 Constituciones mediante 3 Golpes de Estado.

Lo que hay que analizar ahora es lo que ocurre con el actual proceso constituyente. La ley 21.200, creada para modificar la Constitución, permite por primera vez la realización de un plebiscito para decidir si se cambia la Carta Magna y cuál es el órgano que debe redactarla. Como todas las leyes que definen estas instancias dentro de un marco “democrático”, la ley restringe las acciones de la Convención (sea mixta o constitucional) a la única y exclusiva labor de redactar la Constitución, respetando tratados vigentes, sin influir en los demás poderes del Estado. Sobre este punto se ha dicho mucho, que es una ley mordaza, que evita la realización de una Constitución real que permita cambios, manteniendo la nueva carta amarrada a los intereses de la oligarquía y la clase política. Pero ahora debemos poner el contexto latinoamericano para analizar esta ley y el proceso que vivimos.

Casi todos los procesos de cambio de Constitución dentro la “institucionalidad democrática” en los demás países latinoamericanos han tenido una evolución e implementación parecida. He aquí los ejemplos del caso:

1.- Argentina, 1993: Carlos Menem, presidente en ejercicio, decide que es necesario cambiar la constitución del siglo XIX, para lo cual convence a la oposición de Alfonsín en el llamado “Pacto de los Olivos”. Se aprobó un proceso para elegir una Convención Constituyente bajo el sistema D’Hont donde los partidos políticos tenían la prioridad, con las mismas restricciones de no poder influir en los demás poderes del Estado en ejercicio y con un quórum de aprobación de los artículos de 2/3.

2.- Bolivia, 2006: Después de un Golpe de Estado, el presidente de transición, Mesa, llama a realizar una Asamblea Constituyente con participación ciudadana de todos los sectores, donde compitieron en igualdad partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Todos los artículos se aprobaron con un quórum de 2/3.

3.- Brasil, 1988: Se realiza una “Asamblea Constituyente” que en realidad es un Congreso Constituyente, elegido entre los partidos políticos por sistema D’Hont, sin la participación de independientes. Además de redactar la Constitución, debieron trabajar en funciones parlamentarias de forma paralela.

4.- Colombia, 1991: En una elección anterior, los jóvenes colombianos llamaron a llenar una “séptima papeleta” para pedir una asamblea constituyente. El presidente escuchó el llamado ciudadano de más de dos millones de votos y llamó a un plebiscito a través de un decreto presidencial que contó con el voto del 86% del padrón de votación. Para la elección de los constituyentes, la votación fue sólo del 30%, pero se realizó de igual forma. Se ocupó una variación del sistema D’Hont, donde los puestos que quedaban rezagados quedaron en poder de movimientos sociales y se le dio 4 escaños de voz y sin voto a las guerrillas. Las dos fuerzas políticas más importantes definieron la mayoría de los aspectos del reglamento que rigió el funcionamiento de la Asamblea.

5.- Ecuador, 2008: Una vez que fue elegido por mayoría el presidente Correa, decidió promover una consulta popular a través de un decreto presidencial para cambiar la Constitución. La aprobación fue del 80%. Fueron elecciones libres, donde el partido del presidente acaparó 80 de 130 escaños. Esta asamblea además tuvo labores legislativas.

6.- Paraguay, 1992: Luego del Golpe de Estado de 1989 se proclama un gobierno transitorio. El presidente Andrés Rodríguez en 1991 se llama a elecciones para un proceso constituyente, donde se elige la Convención Nacional Constituyente. El sistema para la elección es D’Hont con participación de independientes. La aprobación de cada una de las leyes necesita 2/3 de los votos al interior de la Convención.

7.- Perú, 1992: Fujimori, luego de dar un autogolpe, llama a crear una nueva Constitución, para lo que designa un “Congreso Constituyente Democrático” armado con 80 integrantes parlamentarios. En esos momentos, el Senado y la Cámara de Diputados habían sido disueltos por el presidente e intervino todos los demás poderes del Estado. La cantidad de votos blancos y nulos permitió que las fuerzas de gobierno tuvieran mayoría para redactar la Constitución a su gusto.

8.- Venezuela, 1999: Una vez ganada por mayoría la elección presidencial por parte de Hugo Chávez, éste hace un decreto para llamar a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución, aprobado por la Corte Suprema. Como dicha Asamblea fue convocada, pero no existían regulaciones para su funcionamiento, la propia asamblea decidió otorgarse a sí misma el poder de abolir las instituciones gubernamentales y despedir a personeros y oficiales de gobiernos que a su criterio eran corruptos. Este proceso permitió la participación de 1.171 candidatos para los 131 escaños disponibles. Hubo una abstención del 62% de los votantes. Los partidarios del gobierno de Chávez arrasaron en las elecciones acaparando el 95% de los escaños. Tres de esos escaños eran exclusivos de los pueblos indígenas.

Cómo podemos ver, salvo los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, todos estos procesos fueron realizados en condiciones parecidas o peores a la que estamos viviendo en el proceso chileno. Este proceso ocupa las mismas estructuras e incluso nombres de algunas de estas iniciativas latinoamericanas, por lo que, a ojos de la comunidad internacional, es un proceso completamente válido. Y es aquí donde tenemos la gran piedra de tope frente al llamado a no votar en el proceso constituyente impulsado en Chile: el voto de entrada y de salida.

El voto de entrada fue designado como voluntario. Aquello significa que, sin importar la abstención, el proceso será validado con los resultados porcentuales que se obtengan del universo de votos válidamente emitidos. Es decir, si el 51% de chilenos que no votó en la elección pasada repite su accionar y votan aún menos chilenos en el total de sufragios, de todas maneras se realizará el proceso y se elegirá una de las alternativas para la convención. Entonces, cualquiera de las iniciativas ciudadanas paralelas que existen quedarán invalidadas por las instituciones y leyes vigentes. Es este panorama el que nos debe preocupar. La desconfianza en las instituciones y la clase política ha llevado a pensar que se puede boicotear este proceso, pero dadas las circunstancias nacionales internas y el contexto latinoamericano, no sucederá.
¿Qué podemos hacer entonces?

La ciudadanía empoderada debe buscar que su voz sea escuchada. El mayor rechazo que tiene este proceso es el sistema de elecciones por listas D’Hont que deja en inmejorable posición a los partidos políticos e impide la competencia de los candidatos independientes y la participación de los movimientos sociales. Es por ello que debemos generar una tercera papeleta e ir a votar en masa. Si votamos “Apruebo”, “Convención Constitucional” y además ingresamos una tercera papeleta con el voto AC, impediremos que la Convención mixta gane, que es lo primordial. Luego, con la Convención Constitucional ganada, los votos AC demostrarán que nuestra intención es redactar la constitución en igualdad de condiciones. Pediremos expresamente mediante ese voto que se modifique el sistema de elecciones por uno de mayoría simple y donde los partidos políticos no tengan ninguna preferencia por parte del Servel y las leyes como la 21.200 para presentar sus candidatos y que no exista el sistema de arrastre por lista de D’Hont que impide la competencia de los candidatos independientes. Debemos presionar de esta forma, porque de otra forma podemos perder todas las oportunidades que tenemos de participación en un proceso constituyente que ya empezó, con o sin nosotros.

Aún así, si el gobierno con la menor aprobación histórica no escucha el clamor popular, la instancia de ocupar partidos instrumentales que entreguen los cupos a la ciudadanía es una de las armas con que podemos ingresar constituyentes que sean del pueblo y lleven a esa redacción todos los postulados y proyectos preparados en las asambleas territoriales, cabildos y reuniones sociales. Debe existir una cofradía entre movimientos políticos nacientes y las asambleas para evitar que la clase política se robe este proceso y entregue una Constitución que puede resultar aún peor que la anterior.

No hay que perder el foco. Hay que cambiar la Constitución del dictador. Las herramientas pueden ser variadas, pero el llamado es uno: sin participación, entregamos la Constitución a los mismos de siempre. Debemos luchar desde todos los frentes, desde las urnas, las asambleas, en las marchas, Plaza Dignidad, creando nuevos referentes políticos y utilizando todas las instancias que se nos vayan dando. Chile quiere un nuevo trato, un nuevo comienzo, pero para ello debemos entender que no podemos darles nuestro futuro en bandeja a quienes han usufructuado de Chile por décadas. Por no participar. Los hemos dejado hacer con nuestro país lo que han querido.  No es el momento de restarse.

Pablo A. Escobar

TAGS: #NuevaConstitución #ParticipaciónCiudadana legitimidad

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