Sin derecho a protesta no hay democracia

Luego de diversas postergaciones en la comisión de seguridad de la Cámara, la mayoría oficialista que la compone aprobó por 7 votos contra 6 el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter”.

Su aprobación no es novedad, considerando la composición de la comisión. Sin embargo, lo que resulta grave es que un grupo de representantes de la ciudadanía dé luz verde a un proyecto de ley abiertamente inconstitucional y antidemocrático, aprovechando mayorías derivadas de un sistema electoral binominal poco representativo.

La “Ley Hinzpeter” pretende consolidar un Estado policial que conculca derechos civiles garantizados por la Constitución, como el derecho a reunión y la libertad de expresión. Baste recordar que el proyecto de ley es enviado al parlamento en el punto más álgido del movimiento estudiantil de 2011 para entender que es lo que está detrás de él. Acallar al movimiento social que cuestiona el modelo de desarrollo económico y la Constitución que legó la dictadura.

La obsesión por el orden público llevó al gobierno a proponer un proyecto de ley que recoge parte de una propuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio, que buscaba criminalizar la protesta social, proponiendo penas de cárcel efectiva (entre 541 días y 3 años de cárcel) para aquellos que convoquen o participen en tomas a establecimientos públicos o privados o que impidan o alteren la libre circulación de autos o personas en puentes, calles o caminos.

Son diversos los argumentos que se han esgrimido para oponerse a la Ley Hinzpeter. Algunos plantean que con su actual redacción se igualan conductas que no son homologables, como el saqueo de un establecimiento con su ocupación pacífica o la destrucción de mobiliario público con una reunión masiva que impida el libre tránsito de autos o personas. Otras voces afirman que para aquellos grupos minoritarios que cometen delitos en el marco de manifestaciones masivas ya hay una amplia legislación que sanciona sus conductas y que por lo tanto no es necesario una nueva ley para enfrentar estos hechos.

Frente a tan inconsistente y ambigua redacción, Naciones Unidas, a través de tres de sus relatores especiales, envió un oficio al gobierno de Chile, vía el representante de la misión chilena en Ginebra, manifestando su preocupación por que el proyecto de ley “pudiera resultar en restricciones excesivas de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica y en la criminalización de las personas que ejerzan estos derechos”.

Lo que está en juego con la aprobación de esta ley es un tema de fondo: ¿cómo se expresa la ciudadanía cuando sus representantes en el parlamento no recogen sus inquietudes o el gobierno hace oídos sordos a sus demandas?

Cómo muy bien plantea Domingo Lovera, abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en una reciente columna en Ciper “la protesta social sirve, precisamente, para que las voces más débiles -esas que no pueden recurrir al lobby o a una llamada telefónica, o que no cuentan con el patrocinio del duopolio informativo- puedan también ser apenas atendidas. La protesta, de esta forma, sirve para que todas las voces puedan contribuir a la formación del discurso público, frente al cual, en una democracia el Estado debe responder”.

No hay que olvidar que fue justamente a través de manifestaciones masivas callejeras, no siempre autorizadas, que los habitantes de Magallanes lograron instalarse en la agenda pública y alcanzar soluciones al problema del gas que los aquejaba. Fue así también que los estudiantes pusieron al centro del debate nacional el tema de la educación y la necesidad de avanzar en su gratuidad y calidad. Lo mismo ocurrió en Aysén, Freirina o Pelequén, lugares en que sólo a través de acciones directas de protesta en el espacio público lograron ser escuchados por la autoridad y recibir respuestas satisfactorias a sus demandas.

Restringir, por lo tanto, el derecho a manifestarse en el espacio público, no sólo debilita la democracia sino que limita la capacidad de las comunidades o grupos de interés de visibilizar sus demandas cuando se han agotado todos los caminos legales y de diálogo para solucionar los problemas o resolver las injusticias de las que son objeto.

De aprobarse la “ley Hinzpeter” tal como está redactada hoy, un grupo de vecinos que salga a cortar una calle para protestar contra los malos olores de una industria o la manifestación espontánea en plena vía pública de ciudadanos indignados por la baja frecuencia de los buses del Transantiago, podría significar terminar en la cárcel hasta por 3 años.

Nuestra democracia ya está suficientemente cuestionada, y sus instituciones igualmente desprestigiadas, como para sumar a la debilitada representación de los diversos actores sociales en el parlamento, la imposibilidad de expresarse en el espacio público y manifestar su desacuerdo, disenso o definitivamente el rechazo a políticas públicas, arbitrariedades o injusticias provocadas por quienes detentan el poder económico, político o comunicacional.

Sin libertad de expresión y sin derecho a la protesta, la pobre democracia que tenemos hoy terminaría por parecerse mucho más un sistema autoritario que queremos olvidar que al país integrado que soñamos construir.

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Foto: J.P. Catepillan / Licencia CC