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Sentarse a dialogar: un ejercicio de trescientos y más años

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La deliberación entre representantes de comunidades Mapuche, así como el diálogo con representantes de otras etnias/naciones, son parte de la historia política de este pueblo. Primero, con la corona española y más tarde con el gobierno chileno. El primer parlamento que registra esta historia es el de Quilín, en 1641. Éstos funcionaron como instituciones de intercambio cultural, de ejercicio del poder y de negociación con otros pueblos. Después de Quilín, varios otros parlamentos se sucedieron. El más reciente que conocemos fue el de Nueva Imperial, en 1989. Hubo un intento fallido de diálogo el año 2002, cuando organizaciones Lafkenche invitaron al presidente Lagos a un trawn (encuentro) en Trawa-Trawa y este desistió a última hora..

No es extraño decir que la institución del parlamento, como expresión del gran manejo político mapuche, sea invocada en estos días -bajo otros ropajes- por un conjunto de organizaciones como herramienta para el diálogo con el Estado de Chile. Y el diálogo -fluido o interrumpido, confiante o suspicaz- es nuevamente solicitado en un contexto desfavorable. Tanto así, que frente a un cúmulo histórico de negación y maltrato durante los últimos cuatro gobiernos de turno, un grupo de mapuches decidió iniciar una huelga de hambre para hacerlo efectivo.

Antes de entrar en el terreno de la huelga, es necesario colocar algunos antecedentes para comprender el tenor de la disputa del mal llamado “conflicto Mapuche”. Al situarnos en la avanzada militar Chilena en la Araucanía a fines del siglo XIX diversos puntos se aclaran. Parece majadero decirlo, pero este proceso estuvo plagado de injusticias y sobre todo, de humillación. El recuerdo está vivo. Ancianas en Tirúa aún narran sobre el eterno peregrinar en búsqueda de un lugar donde vivir, sobre el refugio de sus madres por meses en los riscos de la costa ante el temor de la llegada de las fuerzas de Trizano y Saavedra; sobre el ocultar el apellido y no olvidar la vergüenza. Y luego de la expoliación, la pobreza por las décadas que siguieron. Y después, el olvido, perdido en los villorrios, entre masas enormes de pinos y eucalyptus. Ésa es la magnitud y contenido del recuerdo presente hoy en día, ese que muchos no quieren ver.

Y entonces el problema del reconocimiento. Reconocimiento que no logró zanjar la “Comisión Verdad Histórica y nuevo trato”, y su informe prolífico; que tampoco consiguió el “Pacto por la Multiculturalidad”, ni menos antes, el “Acuerdo de Nueva Imperial”. Esos acuerdos gestaron una política de reconocimiento que nos llevó al abismo de los ranking internacionales –esos que nos gustan tanto- en materia de derechos indígenas. Sobre la base de políticas sociales frágiles y asistencialistas se avanzó sólo para decir que “en Chile se reducen las brechas”.

Surge entonces la pregunta, ¿qué reconocimiento es el que quieren los mapuche? Ellos, en su diversidad, están demandando soluciones políticas, aunque cueste comprenderlo. La lucha del pueblo mapuche por reconocimiento encuentra su punto más álgido en estos tiempos, cuando éste justamente es negado o no pasa de un formal reconocimiento. Nos hemos farreado una posibilidad inédita de hacer justicia con los pueblos originarios. ¡Cuántas instancias de diálogo ellos han propuesto y nosotros hemos negado!, ¡Cuántas veces han golpeado la puerta de La Moneda o del parlamento y no han sido escuchados! Hoy, nuevamente, buscan espacios legítimos de negociación tras los recientes anuncios de cambio en la política indígena. Y de nuevo, no los escuchamos.

Correcto es cuando un Estado se preocupa por reducir la pobreza o el empleo, pero no por ello se debe reducir una demanda política a un puñado de medidas económicas. Además, el desarrollo sólo es posible cuando son los propios pueblos quienes autodeterminan sus condiciones de vida. Y aquí emerge otra realidad insondable: ¿Por qué no dejar que los mapuche determinen sus propias condiciones de vida? Los reconocemos como pueblo dentro de un Estado-nación, pero les negamos el derecho a ejercer esa diferencia.

¿Cómo dialogar con un otro diferente, que no se siente parte de un Estado y con una sociedad racista que niega, sistemática y ritualmente, su carácter pluricultural? Las alternativas de diálogo deben ser sobre la base del reconocimiento mutuo entre sujetos culturalmente diferenciados, pero enmarcados en un mismo territorio y ajustados a un marco jurídico internacional, que posibilite la exigibilidad política y/o jurídica en el cumplimiento de derechos humanos. Esas son las condiciones para el diálogo que exigen los mapuche. Nada más, ni nada menos.

Las huellas de cinco siglos de violencia ejercida por las elites políticas -coloniales o republicanas- hacia los pueblos originarios de esta tierra, son bastante profundas como para pretender encontrar en la historia algún fundamento para el reconocimiento mutuo. ¿Es posible reparar todo lo dañado? ¿Existe forma alguna de pagar la eternizada deuda histórica con los pueblos originarios y con los mapuche? Tal vez no es momento de responder estas preguntas, pero es seguro decir que actualmente el pueblo mapuche ha ido enarbolando estrategias por reconocimiento que interpelan lo más profundo de nuestra sociedad, y que van mucho más allá –tristemente- de nuestras capacidades de entendimiento y valoración.

Entonces, no nos queda más que abrir la puerta y capturar el mensaje profundo de estos 35 hombres mapuche, en estos 75 días de huelga de hambre. No hay espacio para más ceguera sobre lo que está frente a nuestras narices: Los mapuche son mapuche y no chilenos, y no queda más que aceptarlo. Lo único que podemos obtener del pasado es todo aquello que permita activar una memoria histórica, para en adelante no volver a cometer los mismos errores. Sólo así estaremos, apenas, atisbando el espíritu de la demanda histórica de los pueblos originarios en Chile, que tanto nos han ayudado a repensar y transformar nuestras propias instituciones, nuestra identidad y nuestra ciudadanía.

Es hora, entonces, de remirar el sentido de esta huelga de hambre. No se trata de atentar contra la vida propia -como algunos piensan-, sino de dar la vida por otros (tal cual lo hicieron los “padres de la patria”), por la libertad de un pueblo oprimido; y también por nosotros, por la democracia y los derechos humanos. Eso es una tremenda verdad, que de seguro incomoda a la mayoría.

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