Seguridad ciudadana: nada nuevo en la oferta Piñerista

Desde los años 90, y coincidente con el retorno a la democracia, la preocupación por la delincuencia y la seguridad ciudadana han ido ganando un lugar importante en la discusión y debate público nacional, liderando el ranking de los mayores problemas que el país debe enfrentar, según los resultados de distintas encuestas de opinión. Ocupó un lugar relevante en la agenda política y electoral recién pasada, constituyéndose  como uno de los principales elementos de crítica a los gobiernos de la Concertación. Expresiones como “combate a la delincuencia”, “derrotar a la delincuencia”, “mano dura contra la delincuencia”, “fin a la puerta giratoria” y “la tercera es la vencida”, proliferaron en el discurso político, particularmente de la derecha. La cuestión de la delincuencia y la inseguridad ganaron relevancia política exactamente en la medida que se interpeló a las autoridades  en su capacidad de reacción y de gestión frente al problema. La derecha política, hasta entonces oposición al gobierno, promovía la imagen de un Ejecutivo que había “perdido la batalla contra la delincuencia”.

Ejemplo de lo anterior es la editorial del diario El Mercurio del día 4 de abril, que centraba su atención en resaltar el “claro estilo en seguridad pública” del nuevo gobierno. Al respecto, el texto señalaba que “hubo una clara percepción de que el gobierno no será permisivo frente a la delincuencia, lo que denota coraje político y siempre conlleva riesgos. En seguridad pública, los gobiernos permisivos siempre tienen el expediente de atribuir las causas de la delincuencia a múltiples factores que relegan a un segundo plano el ejercicio de la autoridad”. Agrega, además, que “el sostenido crecimiento de la delincuencia en los últimos años exige un giro radical en la forma de combatirla, y el gobierno de Piñera parece decidido a hacerlo”.

Pero, ¿qué significa un gobierno no permisivo? ¿La agenda anti delincuencia que la administración de Piñera acaba de presentar es un ejemplo de ello? Y si eso es cierto, ¿significa entonces que los gobiernos de la Concertación fueron  permisivos con la delincuencia? Nos  encontramos frente a una  de esas encrucijadas que a los sociólogos nos parece que vale la pena desvelar en el intento por encontrar  factores, variables, dimensiones y un montón de  etcéteras. Porque más allá del punto de vista policial y de sus  consecuencias,  la pregunta que hay que hacerse es  qué explica el hecho que frente a un mismo problema social, las sociedades pueden tener distintas respuestas políticas e ideológicas, que se traducirán en distintos modelos de acción como respuesta a ello.

Con esta interrogante en la cabeza, hemos analizado los resultados de las encuestas del CEP entre los años 1996 y 2008, cruzando las respuestas de quienes se definen como simpatizante o cercanos a partidos políticos tanto de la Concertación como de la Alianza, junto a la pregunta por el problema más importante que el gobierno debe preocuparse. Y es interesante destacar que algo que inicialmente nos aparecía una intuición se va transformando en constatación empírica, en la medida en que avanzamos en el análisis: quienes se definen como simpatizantes o cercanos a partidos de derecha (UDI y RN) muestran una marcada tendencia a considerar la delincuencia como el primer problema de preocupación de gobierno, distanciándose de aquellos que tradicionalmente se entienden como problemas propios del aparato público: salud, educación, desempleo. Por otro lado,  entre quienes se definen como simpatizantes o cercanos a los partidos de la Concertación, la preocupación por la delincuencia está “mezclada” con los otros problemas que los gobiernos deben resolver.

Si separamos la delincuencia de las otras demandas sociales,  nos permite concebirla como un problema más cercano a factores individuales de quien comete esa acción y más cercano a una elección racional y a la frase de “la ocasión hace al ladrón”, y no como un resultado de otros factores sociales que puedan intervenir.  Esta respuesta de la delincuencia como acción independiente y separada de otros problemas sociales ya ha sido analizada como característica de  personas simpatizantes  de derecha en otros países como Inglaterra, quizás uno de los pioneros en estos temas, y frente a la pregunta sobre por qué las personas comenten delitos,  se ha constatado diferencias entre laboristas y conservadores: para los primeros, no habría una sola respuesta o motivo por el cual las personas comenten delitos (dejando de lado aquellos casos de enfermedades patológicas o psiquiátricas), puesto que una serie de variables sociales, educacionales, etc., entran en juego a la hora de entender al delincuente, su entorno y su actuar. Para los conservadores, por el contrario, la lógica de la oportunidad y de  una suerte de método de elección racional en quienes comenten delitos permiten explicar sus motivaciones (algo así como si el delincuente pensara que robar es una vía más rápida de acceso a ciertos bienes que no posee).

¿Significa que en el tratamiento  de la delincuencia podemos ser lo “ingleses de América Latina”?  Más allá del sarcasmo, lo cierto es que los caminos que el gobierno de Piñera está tomando en materia de seguridad pública no presentan ninguna novedad de otros países que tomaron las mismas medidas y que no han tenido los resultados prometidos. Tampoco se aleja mucho de lo que  Lagos y Bachelet implementaron como medidas de prevención. Ejemplo de esto es el programa Barrio Seguro, que fuera blanco de críticas de connotados personeros de derecha por su supuesta ineficiencia en sus resultados, que hoy se llama Barrio en Paz,  y que, sin embargo, mantiene la misma estructura de intervención que su antecesor, pero con un nuevo nombre.

Por otra parte, la lógica de menos delincuentes en las calles gracias a más cárceles no ha dado resultado y su fracaso está a la vuelta de la esquina, aunque nos prometan que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Porque no por esconder el polvo debajo de la alfombra la pieza se ve más ordenada ni menos limpia.

Hasta el momento, ninguna nación puede izar la bandera de “país sin delincuencia”, aunque hay casos, como los de Canadá, que son notables emblemas en madurez cívica y gubernamental en el tratamiento de éste  y muchos otros temas. Por nombrar uno, la política ministerial en prevención de la criminalidad de Quebec, sustentada en el reconocimiento de la ONU a la seguridad como bien fundamental de todo ser humano y condición esencial al desarrollo de toda sociedad.

No hay recetas de éxito en esto, pero sí podemos afirmar con mediana razón que la vía del control no ha dado resultado y que muchas veces resulta tan nocivo como apagar el fuego con bencina.  Si somos capaces de analizar  sin prejuicios los diversos factores que componen las motivaciones de  las conductas delincuenciales, seguramente tendremos a mano mayores y mejores herramientas para su comprensión, primero, y luego un accionar coherente con ello.

¿Fueron tan permisivos los gobiernos de la Concertación en este tema? Claramente no. Pero sí debemos reconocer que  la derecha chilena se ha “apoderado” de este concepto, junto al de familia, la modernidad, el cambio, y que quienes nos decimos, incluso en estos días, concertacionistas, hemos quedado perplejos al ver cómo ideales tan propios de nuestra corriente hoy  han pasado a manos de la derecha sin pudor alguno.

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Foto: El operador y su sombra 3 – Simón Paredes