Sorprendentemente, no ha habido reacción alguna a la información aparecida hace unos días en El Mercurio, sobre el lugar de funcionamiento de la Convención Constitucional que elegiremos en abril próximo, la que sesionaría en la sede del Congreso (sic) en Santiago. Ello se habría conversado en el marco de la ley de presupuesto.
Lo anterior me parece gravísimo, ya que, una vez más, la repudiada clase política actual se estaría apropiando de un protagonismo que no le pertenece y pasando a llevar la voluntad del pueblo soberano, recién manifestada en el plebiscito de 25 de octubre, en el que, con rotundidad, la ciudadanía le dijo No a la participación de los actuales parlamentarios en el proceso constituyente, rechazando por más de un 80% la alternativa de una Convención Mixta, frente a la triunfante Convención Constitucional, conformada enteramente por ciudadanos, con exclusión de parlamentarios, con integración paritaria y representación de pueblos originarios e independientes.El proceso constituyente en curso ha sido un logro absolutamente ciudadano, que se ha ido ganando a pulso frente a una clase política acorralada, que ha tenido que ir cediendo ante la magnitud del descontento social.
El proceso constituyente en curso ha sido un logro absolutamente ciudadano, que se ha ido ganando a pulso frente a una clase política acorralada, que ha tenido que ir cediendo ante la magnitud del descontento social. Tan evidente es ello, que, incluso después de alcanzado el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y hasta la misma realización del plebiscito, presenciamos infinidad de intentos de las cúpulas políticas por abortar el proceso constituyente, partiendo por la opinión del propio presidente de la república en contra de la realización del referéndum por motivos de austeridad económica.
Pretender secuestrar a los constituyentes integrantes de la Convención Constitucional en la sede del actual Congreso, resulta un disparate mayúsculo y una agresión a la ciudadanía empoderada. Muy por el contrario, la Convención Constitucional debiera sesionar -con total autonomía y libre de acoso o presiones- en regiones (no más de 2 ó 3 locaciones por 3 ó 4 meses cada una), partiendo, probablemente, por Concepción, pero lejos del Congreso de Valparaíso o Santiago.
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