La ciudadanía está molesta con la institucionalidad política, y eso se manifiesta en cierta irritabilidad, la cual se amplifica en las redes sociales por los “encapuchados de Twitter”, donde se comenta sin dar la cara, con acidez y cero tolerancia, fenómeno que responde básicamente a la falta de un tejido social amplio y abierto que impide generar confianza en la población, menos cristalizar un nuevo pacto social que permita mirar el futuro en términos de colaboración.
La crispación y frustración por la crisis derivada del financiamiento opaco de la política, se agrava por los antecedentes que surgen a diario y entorpecen la gestión gubernativa y de la política en general. Estamos frente a un escenario complejo en que los misiles salen de distintas direcciones a la línea de flotación de las instituciones democráticas y, particularmente, a la institución presidencial. Un cóctel difícil de saborear.El nuevo gabinete no puede paralizarse y quedar prisionero de las situaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público.
Las omisiones respecto a la denominada pre-campaña de Bachelet han tenido un impacto negativo en un bien público: la confianza, elemento esencial para que un sistema político pueda operar sin cuestionamientos y sin causar exacerbaciones disfuncionales. Es de público conocimiento que el Partido Socialista efectuó, junto al PPD, una intensa campaña para convencer a la actual mandataria a regresar a Chile para asumir una candidatura presidencial. De acuerdo a versiones de ambas colectividades, la hicieron con recursos propios, lo que no es controvertible, ni en el ámbito político como tampoco ético.
La acción política tiene, necesariamente, que ir acompañada de la palabra (lexis), del discurso, de propuestas programáticas, de un relato de sociedad, de manera de darle sentido a la política como paradigma de espacio público. La NM reconoció, por tanto, desde un inicio, que se requerían nuevas respuestas tras la experiencia marcadamente pro neo liberal de Sebastián Piñera para establecer distinciones en una nueva perspectiva histórica. Y actuaron de consuno para concordar un programa, debatido de cara a la ciudadanía, para respaldar la candidatura de Bachelet, como también disponiendo el capital humano para armar los equipos de campaña.
Lo discutible son las acciones de financiamiento que habría llevado a cabo Giorgio Martelli – quién es sindicado como gestor de un sistema irregular de recaudación, independiente de los partidos de la NM- para pagar a personas que posteriormente formaron parte del comando de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, incluyendo a Rodrigo Peñailillo, durante el periodo entre 2012 y 2013, con recursos provenientes de una empresa privatizada a precio vil por Ponce Lerou en los últimos meses de la dictadura de Pinochet.
La Presidenta Bachelet ha declarado que ella no autorizó y que no tuvo conocimiento de ese sistema y entramado de financiamiento. Por consiguiente, es urgente que los involucrados en este esquema recaudatorio reconozcan y admitan lo indebido de su proceder, asumiendo los costos políticos de lo que hicieron al margen de los partidos. Es necesario que lo hagan a la brevedad para superar el clima político enrarecido en que esta el país, signado por la desconfianza e incredulidad, sino que también está ralentizando la agenda del gobierno.
No va a ser rápido ni fácil salir del atolladero político-judicial en que se ha convertido la cotidianeidad política. El desafío del gobierno es gestionar con celeridad el fortalecimiento de las instituciones, aprobando y promulgando la legislación requerida para terminar con el maridaje entre política y dinero cambiando drásticamente las reglas de juego en los términos que lo ha indicado la comisión Engel. Sólo así, podría recuperarse la credibilidad pública y el gobierno retomar el control de la agenda y establecer una hoja de ruta sólida.
Por consiguiente, el nuevo gabinete no puede paralizarse y quedar prisionero de las situaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público; tiene que focalizarse en las tareas que le son propias: gestionar política, técnica y socialmente las reformas pendientes, posibilitando una agenda centrada en la probidad de la política, la reactivación de la economía, la reforma educacional y laboral, junto a concordar con su coalición un proceso constituyente viable.
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