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Retiro de fondos previsionales: la trizadura del modelo

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La desesperación del Ejecutivo y del sector más conservador del oficialismo por la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados de la idea de legislar del proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales, se explica por el golpe simbólico que representa contra la modalidad de capitalización individual, una de las reformas estructurales en dictadura que instauró el modelo neoliberal en Chile y contra el cual el país se movilizó masivamente en 2019.

Más allá de la posibilidad que se abriría para los trabajadores de enfrentar la gravedad de la crisis económica con el 10% de sus fondos en el caso de que lograra aprobarse en el Senado, lo que se jugó en la votación con 95 votos a favor (de los cuales 13 fueron de diputados de Chile Vamos) es la dimensión simbólica de recuperar los fondos para sus propios dueños, los ahorrantes


La preocupación de fondo del gobierno no es tanto el monto de las pensiones futuras si se permite que se extraiga parte de los ahorros hoy, sino la base del engranaje que aceita a grandes empresas y grupos económicos inyectándoles importantes flujos de capital que provienen de los fondos de pensiones

El nerviosismo se instaló en el gobierno, entre quienes intentaron a último momento aumentar el quórum para evitar la reforma, en algunos parlamentarios de Renovación Nacional que pretenden renunciar a la bancada pero no al partido, en la UDI y sus recriminaciones al gobierno y en las propias Administradoras de Fondos de Pensiones –cuyas páginas web sospechosamente se cayeron tras la maratónica votación– y probablemente en la bolsa si las empresas chilenas en las que se invierten los fondos de pensiones bajan el precio de sus acciones.

La persistente negativa del gobierno a que los cotizantes puedan acceder a sus fondos para enfrentar una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas producto del coronavirus -con una histórica caída de 15,3% del Imacec de mayo y un desempleo que ya alcanzó los dos dígitos con 11,2% (940 mil personas desempleadas)- es una muestra más de que el ahorro forzado en el sistema de cotización individual al que se obliga a las y los trabajadores, más que financiar jubilaciones persigue la capitalización del sistema financiero. 

La preocupación de fondo del gobierno no es tanto el monto de las pensiones futuras si se permite que se extraiga parte de los ahorros hoy, sino la base del engranaje que aceita a grandes empresas y grupos económicos inyectándoles importantes flujos de capital que provienen de los fondos de pensiones. A ello se refería el creador de las AFPs, José Piñera, al señalar que el debate sobre las pensiones era “la madre de todas las batallas”. Al abrir la discusión sobre la verdadera propiedad de los millonarios recursos, se puede producir una trizadura del modelo económico en que se basaron las reformas estructurales de los ochenta.

Desde hace años que se viene instalando el debate previsional en la agenda de cambios sociales que Chile exige, hasta constituirse en uno de los principales clamores populares durante el estallido social de octubre del 2019. Sin embargo, la reforma impulsada por el gobierno en respuesta a dicha demanda no apunta a la base del modelo de jubilación, sino que insiste en que el nudo del problema son las cotizaciones, proponiendo un aumento del 10% al 16%, cuya mitad iría a un fondo de reparto y la otra a cuentas individuales. Lejos de la implementación de un sistema solidario o mixto, la propuesta apela a que los propios trabajadores aumenten su aporte al sistema (para seguir financiando a las empresas).

Si bien el retiro de los ahorros previsionales es una medida extrema en condiciones extremas que sólo beneficiaría al sector formal, con estabilidad laboral y que ha cotizado por años (quedan excluidos los funcionarios públicos), dada la urgencia de la crisis es una posibilidad que la reforma constitucional recoge y que la justicia ya ha abierto con el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó la entrega de sus fondos previsionales a una profesora jubilada.

Salvataje de empresas 

Otra prueba del verdadero interés oficialista es el proyecto de ley del Ejecutivo que permitiría que las empresas puedan financiarse emitiendo bonos de deuda (el comprador de estos instrumentos financieros presta capital al emisor) sin que se les exija calificación de riesgo y que autorizaría que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) puedan comprarlos, abriendo la cuestionable posibilidad de salvataje de empresas en problemas con dineros de todos los chilenos.

Con este proyecto de ley, el Ejecutivo busca facilitar el acceso de las compañías al mercado de financiamiento, aunque ello pueda implicar pérdidas para los cotizantes por una baja rentabilidad de los bonos de empresas que podrían resultar insolventes (que los bancos probablemente no comprarían), pero que no estarían obligadas a presentar una calificación de riesgo que evidencie su deplorable situación económica.

Habrá que ver cómo sigue la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma constitucional, pero lo que hasta el momento ha quedado claro es que la propuesta de apoyo a la clase media basada en mayor deuda (mientras el 75% de las familias en Chile estaba sobreendeudada antes de la crisis) en vez de transferencias directas o de congelamiento de servicios básicos, ha dado pie a que la posibilidad de financiar la emergencia con fondos previsionales sea la primera grieta de un modelo concentrador de la riqueza altamente cuestionado, por el cual la ciudadanía ya se cansó de ser abusada.

TAGS: #AFP #Coronavirus Retiro Fondos AFP

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