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Resolver el tema de probidad y proyectarse al futuro

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Sólo generando una institucionalidad inclusiva se le podrá dar un marco ético a nuestro desarrollo económico, como también a los modos de representación política

Como ya es sabido urbi et orbi, la institucionalidad política en Chile está sufriendo un fuerte cuestionamiento ciudadano, lo que provoca un ambiente tóxico que se expresa en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se hace imperioso que el gobierno y las élites políticas pongan el acelerador en la definición de normativas claras que garanticen el hecho de resolver el tema de probidad y transparencia en el ámbito público y en los negocios para mirar el futuro, sin que ello desmonte la acción de la justicia.

Es indispensable salir del hoyo en que nos encontramos. El rol del gobierno en esta tarea es vital, pues debiese iniciar una etapa que desinfecte la política de los negocios, enviando para tal efecto al congreso un paquete de proyectos con urgencia máxima y que hagan inviable los fraudes y comportamientos ilícitos. Simultáneamente, que se centre en reactivar la agenda de reformas que sean parte de la estructura y el ADN de la Nueva Mayoría, sustentándolas con argumentos sólidos y mejor gestión política, evitando los impactos negativos que todo intento de reformas conlleva.

Las causales de la crisis exigen pasar de la reacción indignada a una reacción proactiva para lograr la esterilización del sistema. Con decisión se tiene que crear un nuevo contexto político, con los anticuerpos suficientemente fuertes para generar la confianza pública y proyectarnos a un futuro sin las sombras del presente, lo que implica también solucionarlos problemas que son permanentes, incluyendo las medidas para disminuir las enormes brechas de desigualdad. La legitimidad de este gobierno dependerá, en gran medida, de cómo resuelve en ambas dimensiones  el tema de la probidad y de la implementación exitosa de su proyecto transformador.

Para viabilizar a todo nivel un comportamiento acorde con las normativas legales y la ética, se requiere también una profunda reevaluación de los valores morales que están primando en nuestra sociedad, particularmente la preeminencia del tener sobre el deber ser, lo que motiva conductas en las personas, en su accionar cotidiano, que subvaloran las consideraciones éticas para obtener dinero, poder y prestigio. Por consiguiente, es fundamental poner en el debate público esta realidad para socializar nuevos estándares éticos.

Es imperioso establecer diálogos más fluidos entre el gobierno y la Nueva Mayoría, que no sólo aborden la coyuntura y la implementación participativa de las reformas, sino también, la proyección estratégica de la coalición. Juega en contra de este objetivo efectuar ahora un cambio de gabinete – lo que no resulta sensato y sería contraproducente porque amplificaría la crisis y retardaría las medidas rectificatorias sobre los problemas que requieren una pronta solución – con el agravante de generar una pugna intra coalición en la carrera por los reemplazos, lo que tensionaría la relación entre los partidos de la NM en momentos cuando se necesita evitar ruidos innecesarios y enfocarse en superar las turbulencias.

Es fundamental aprovechar el “momentum” psicológico-político, no sólo para regular el financiamiento de la política, sino también para responder en una perspectiva sistémica sobre el tema constitucional, para que la ciudadanía chilena se reconozca en un nuevo contrato social, se incorpore como sujeto político y le proporcione legitimidad a la acción del Estado. Sólo generando una institucionalidad inclusiva se le podrá dar un marco ético a nuestro desarrollo económico, como también a los modos de representación política para propiciar las confianzas y la participación de los votantes. Un nuevo pacto constitucional facilitaría emprender desafíos comunes y modelar conductas para alcanzar objetivos colectivos, por tanto, el tema constitucional no puede posponerse para el próximo gobierno.

TAGS: #CrisisPolítica Crisis de Representación

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