Las protestas sociales que han cruzado a nuestro país durante los últimos días son viva prueba de que la «democracia en la medida de lo posible» que nos legó la Concertación no logró destruir al poder popular, sino tan solo adormecerlo, para poder así prescindir del pueblo en las grandes decisiones, y reducir la tarea del gobierno a su más mínima expresión. La gran vocación del gobierno democrático es la conducción nacional, en virtud del principio de representación popular, y lo que hemos tenido durante décadas no ha sido más que una sombra de ese ideal, pues se ha reducido la tarea del gobierno a tan solo administrar a las gentes y sus miserias dentro de ese largo territorio llamado Chile.
Por fuera de esa política mediocre, el poder popular logró expresarse durante esos años de sueño neoliberal. Hubo momentos de explosión social, genuinos y valiosos gestos de una voluntad política y social transformadora, que lograron escapar de la camisa de fuerza constitucional, encarnados por las demandas estudiantiles de 2006 y 2011, y también por el movimiento feminista el 2018. Todos ellos procesos marcados por eventos multitudinarios, extensas convocatorias y marchas gigantescas. Todos ellos, también, neutralizados por el poder político, que prometió grandes reformas transformadoras, que habrían de cambiarlo todo, para que al final, todo siguiera igual.
Podemos ver todas esas marchas, todos esos procesos de levantamiento social y articulación ciudadana como el prólogo, la insinuación de algo grande que se venía, y que hoy ha llegado. La gran marcha del 25 de octubre de este año es la continuación de todos esos procesos de descontento social, es la máxima expresión del poder popular que hemos visto desde “el retorno a la democracia”, y por ello mismo, contiene todas las reivindicaciones sociales pendientes, que fueron respondidas falsamente a través de la neutralización política inherente a nuestro modelo político. Desde Arica a Punta Arenas, en todas las comunas de Chile, miles se han lanzado a las calles para desafiar a un sistema caduco, a un modelo que ni siquiera puede ya lograr apaciguar a las masas con esas promesas miserables que nos han vendido como grandes soluciones, cuando nos resulta tan obvio que no son más que migajas. El 25 de octubre de 2019 será recordado en la historia como el día en que Chile dijo basta, como el día en que se hizo patente la consigna que se grita una y otra vez en cada marcha, en cada una de las jornadas de protesta que han habido. Será recordado como el día en que Chile le rugió a los poderosos que el pueblo despertó, que ya no aceptaremos más abusos, y que no nos detendremos hasta que la dignidad se haga costumbre.Hemos de coordinar todos nuestros esfuerzos a través de cabildos, juntas de vecinos y cualquier otra forma de organización social ciudadana que tenga como meta principal y directa incidir en la reorganización del Estado
Este despliegue sin precedentes en la historia de Chile es también un prólogo. Es también la insinuación de algo más grande que está aún por venir. Nos encontramos ante una oportunidad histórica sin igual, en que nos hemos acercado como nunca antes a acabar con este sistema de abusos e indiferencia. Para lograrlo, es absolutamente necesario entender que la protesta social es un momento fundamental del cambio radical, pero que es solo un momento, y que para concretar los cambios profundos que la ciudadanía demanda, hemos de avanzar aún más en este proceso de transformación nacional.
Los movimientos sociales, como señalara Fernando Atria hace algunos años, en su libro “Neoliberalismo con rostro humano (2013)», se articulan principalmente en oposición a ideas o entidades, y se constituyen como una manifestación de rechazo, de protesta contra ciertas instituciones o situaciones. Basta con pensar en las reivindicaciones más famosas de los últimos años para dar cuenta de ello, tales como «no al lucro”, «No + AFP”, el reciente “Piñera, ¡renuncia!» o la ya casi legendaria consigna “¡que se vayan todos!”, gritada por miles de argentinos durante “El Corralito» de 2003, de la cual se ha hecho eco en las calles de Chile en los últimos días.
Lo que tienen en común todas estas consignas es un rechazo a cierta porción del mundo en el cual vivimos, que puede ser una idea hegemónica (el lucro en educación hasta el 2011), instituciones concretas y específicas (las AFP) o incluso, un sistema de gobierno entero, mediante la exigencia popular de que se vayan todos y no quede ni uno solo. Sin embargo, esto no soluciona el problema de fondo.
Posibles respuestas a la actual coyuntura vendrán desde el poder, con mayor o menor éxito, en mayor o menor sintonía con las demandas ciudadanas, pero también podrán venir desde abajo, desde la ciudadanía, aprovechando este gran impulso social para lograr los cambios que Chile necesita, a través de la organización ciudadana en pequeñas entidades democráticas (como se ha visto en la figura de los cabildos convocados por los vecinos de distintas comunas de Chile), que en sus diversos procesos habrán de converger en una fuerza política independiente del poder establecido, y elaborar desde esa posición de poder organizado un nuevo pacto social que reemplace al que nos fue impuesto en dictadura, y que ha delimitado las posibilidades de nuestra vida política hasta ahora.
La actual Constitución consagra una democracia alejada del pueblo, que por ello mismo, ha producido una estructura política y económica fundada en el abuso. La lógica del sistema diluye la idea de ciudadanía y colectividad, reduciendo a los chilenos a simples individuos, que por sí mismos no logran incidir en las grandes decisiones, y cuya participación política se reduce a votar cada cuatro años. Eso deja a los ciudadanos indefensos frente al poder fáctico, constituido por aquellos que tienen poder económico para lograr hacer avanzar sus intereses personales en la agenda legislativa, y por el nulo control público existente, también inmiscuirse en la función administrativa del Estado, obteniendo regalías ilegales. Lo problemático es que estas manifestaciones del abuso no son accidentales, caso en el cual podrían solucionarse de manera particular, como nos han hecho creer por décadas, sino que son esenciales al sistema mismo, pues por su mismo diseño antidemocrático, conduce a un régimen oligárquico en que el poderoso no encuentra en el Estado al contrapeso de su poder, sino a un agente servil, dispuesto a vehiculizar su interés.
El objetivo primordial a corto plazo del movimiento social es lograr canalizar toda esta energía, aunar todos los esfuerzos de cada uno de los ciudadanos que se han lanzado a las calles a protestar, y dirigirlos a la preparación de una nueva fase, deliberativa y propositiva, de organización social con miras a cambiar las bases fundamentales de nuestro sistema de gobierno y representación popular. Hemos de coordinar todos nuestros esfuerzos a través de cabildos, juntas de vecinos y cualquier otra forma de organización social ciudadana que tenga como meta principal y directa incidir en la reorganización del Estado, para lo cual debemos iniciar un proceso que ha de culminar en una Asamblea Constituyente, única vía certera de la cual disponemos para refundar la democracia y nuestras instituciones políticas, frente a la posibilidad de que el sistema institucional vigente y la clase política se apropien del proceso, que por cierto, lo intentará. Ya hemos visto como han intentado despolitizar el problema mediante la «Agenda Social”, intentando hacernos creer que todo esto es por problemas particulares o sectoriales, y luego, cuando intentaron apropiarse del significado de la marcha. Esta estrategia de neutralización y despolitización seguirá siendo desplegada, porque es la forma en que nuestra democracia ha funcionado hasta ahora: haciendo énfasis en lo técnico, y negando toda importancia a lo político.
En el caso de que se ponga sobre la mesa el cambio constitucional, seriamente, por parte del gobierno, debemos desconfiar y estar alertas, pues se intentará nuevamente, y cada vez con mayor sutileza, la estrategia del gatopardismo: hacernos creer que se vienen los grandes cambios, para que todo siga igual, y en eso, las organizaciones ciudadanas que se levanten desde el movimiento social serán cruciales, para dar voz al movimiento popular, y elaborar discursivamente una crítica capaz de hacer frente a las promesas ilusorias que vendrán desde el poder. En este sentido, resulta fundamental tomar conciencia de que el poder para establecer instituciones no es privativo del gobierno, sino que en verdad, reside de manera esencial en el pueblo. Debemos oponer a sus instituciones, inspiradas por principios anti-democráticos establecidos en dictadura, nuestras instituciones, genuinamente participativas, hechas en democracia, desde la democracia misma. Enfrentar sus acuerdos a puerta cerrada, nuestros acuerdos, tomados en las plazas y en las calles. La clase política ha tenido por mucho tiempo ya el poder de decidir y comandar, ineptamente, los destinos de la nación. Ahora el pueblo tiene la batuta, y es parte de esta oportunidad histórica, mantenerla en las manos del pueblo.
La soberanía reside en el pueblo, y el poder que tiene el Estado depende de la adherencia que el pueblo tenga a sus instituciones, procedimientos y normas. Las instituciones deben tener estabilidad y perdurar a través del tiempo, las normas han de ser claras y conocidas por todos, y los procedimientos caracterizarse por ser transparentes y estar fundados en el principio de probidad. Todo ello es cierto, y es parte fundamental de cualquier democracia funcional. Pero una visión en extremo funcionalista, puede olvidar que la democracia es el gobierno del pueblo, y que si las instituciones no están fundadas seriamente en el principio democrático, careciendo de una conexión real y profunda con la vida política de un pueblo, lo único que tendremos serán vetustos y anquilosados organismos burocráticos de los que la gente desconfía, que la gente no respeta, y que tarde o temprano, serán tumbados por ese pueblo que está siempre en busca de hacerlos suyos. Los cabildos son el primer paso de una ciudadanía que ha despertado y se ha percatado de su poder, que ha hecho que «democracia» deje ser ser una palabra bonita, pero vacía, y que ha roto el ciclo de la melancolía y del silencio privado, para lanzarse a marchar y a discutir en conjunto, entre todos, porque es posible ir del yo al nosotros, y así crear un nuevo Chile.
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