A propósito de la violencia creciente en la Araucanía, y especialmente por lo ocurrido en las municipalidades de Traiguén, Curacautín, Ercilla y Victoria, en redes sociales he sido interpelado insistentemente respecto a la forma de solución del conflicto mapuche y cómo es posible establecer un diálogo con un pueblo que no tiene liderazgos claros.
La respuesta no es simple y no hay recetas. Hay un chiste que dice que si preguntas de este tema a dos mapuche (o sobre cualquier otro), probablemente tendrás tres respuestas distintas. La opinión personal que uno tenga no es demasiado relevante dado que, por las características propias de la cultura mapuche, la solución debe ser un diseño construido desde lo colectivo y encabezado por la mayor cantidad posible de autoridades tradicionales de todos los territorios.
Es importante tener en cuenta que uno de los valores ancestrales más apreciados, hasta el día de hoy, es la autonomía política de los lof, de cada comunidad. En ese sentido, la sociedad mapuche, al menos desde una óptica occidental, siempre fue políticamente fragmentada y territorialmente diversa. Pero desde el punto de vista mapuche, esa es una de sus grandes fortalezas, que le ha permitido prevalecer los últimos 500 años. El éxito o fracaso de la política winka para relacionarse constructivamente con el pueblo mapuche, siempre ha pasado por entender y respetar esto. El conquistador español lo aprendió de la manera difícil y es el primer desafío político del Estado de Chile si quiere honestamente superar el conflicto actual en la Araucanía.Va a ser necesario redefinir, nuevamente con la participación del pueblo mapuche, la política pública de restitución territorial, que reconsidere el alcance y nuevos mecanismos de un imprescindible proceso de recuperación del territorio ancestral
Dicho esto, hay bastante consenso al interior del pueblo mapuche en que el primer paso para desarrollar un diálogo intercultural constructivo, es el reconocimiento constitucional de los derechos políticos, económicos y culturales de los pueblos originarios. Un compromiso que distintos gobiernos, tras el retorno a la democracia, han asumido con los pueblos originarios, pero no han sabido o podido honrar. Es la razón por la que muchos tenemos depositada nuestra esperanza para poder avanzar en estos temas tan importantes y recuperar la paz social en la Araucanía, en un eventual proceso constitucional.
Sin embargo, lo anterior no es suficiente. La materialización de los derechos de los pueblos indígenas debe diseñarse e implementarse con la participación de estos. Para ello, es imprescindible reinstalar una vieja práctica colonial bastante exitosa en el pasado, desde que en 1641 los mapuche se sentaron a dialogar con el gobernador Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, para terminar con una guerra que ya llevaba 100 años y que estaba resultando muy costosa para la Corona. Se trata de los Koyaktun o Parlamentos, que a partir de ese momento y realizados con frecuencia, se constituyeron en instrumentos esenciales para asegurar una relativa paz en la frontera con el país mapuche. Ciento ochenta y cuatro años y 12 koyaktun después, se realizó el último parlamento en 1825, en la localidad de Trapiwe, muy cerca de Yumbel. En el se acordó el estatuto que regularía las relaciones entre la recién independizada república de Chile y el pueblo mapuche, y se reconoció la autonomía indígena al sur de la antigua frontera del río Biobío.
Para contar con una versión moderna de los parlamentos, es necesaria la aprobación de dos proyectos de ley, que actualmente están en el Congreso en las primeras etapas del trámite legislativo, y que crean los Consejos de Pueblos Indígenas y el Ministerio respectivo. El Consejo del Pueblo Mapuche, cuyos miembros, formas de elección, tiempos y funcionamiento debe ser definido por los mapuche, sería el equivalente a los antiguo Koyaktun. El Ministerio debiera ser la voz del Estado en este diálogo.
Pero también se requiere la reconstrucción de la estructura social y política mapuche, incluida la restauración de la estructura político social que existía a partir de los lof. Esa es una tarea que la sociedad mapuche tiene pendiente, pero que requiere por parte del Estado el reconocimiento de la autoridad de los lonko y werken como representantes de sus comunidades, en lugar de los actuales Presidentes de comunidad.
Al respecto, va a ser necesario redefinir, nuevamente con la participación del pueblo mapuche, la política pública de restitución territorial, que reconsidere el alcance y nuevos mecanismos de un imprescindible proceso de recuperación del territorio ancestral, no necesariamente en términos de titularidad de la propiedad de la tierra, pero si al menos en cuanto a derechos de uso y goce, sobre todo para su uso en prácticas culturales. Nueva Zelanda tiene una experiencia muy interesante al respecto.
Todos estos cambios requieren una firme voluntad política para para llevarlos a buen puerto, diálogo permanente, preparación y tiempo para desarrollarlos. Aquí las urgencias no caben, pero iniciar el proceso, ya será un paso importante para reducir el nivel de conflictividad en la Araucanía y empezar a incorporar toda la riqueza que la diversidad cultural puede aportar a una sociedad a la que le hace tanta falta reconocerse en el otro.
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