Un tema poco debatido por la opinión pública pero que es de vital interés, dice relación con la defensa nacional y sus grandes definiciones. Del puñado de expertos y analistas del área, pocos están al tanto de que actualmente el Ministerio del ramo se encuentra elaborando una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSyD). Aunque la atención esté enfocada en el tema educacional, la reforma tributaria, el presupuesto nacional, los encapuchados, la baja popularidad del gobierno, o los futuros candidatos presidenciales, la preocupación por la defensa no debiese ser menor si consideramos la centralidad estratégica de esta área para el Estado y los cuantiosos recursos destinados para las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
También debiésemos esperar una mayor atención, si consideramos que tras largos años de debate y controversias sobre la existencia y pertinencia de la Ley Reservada del Cobre para las adquisiciones militares, finalmente será reemplazada por una nueva ley de financiamiento que vinculará las adquisiciones con las definiciones surgidas a partir de la elaboración de la ENSyD, la cual además, será sumamente relevante ya que se proyectarán a doce años los requerimientos estratégicos del país, incluyendo la planificación sobre las adquisiciones militares con un horizonte de cuatro años.
Si bien a simple vista los cambios que se están suscitando representarían un avance en cuanto a transparencia, aun persisten numerosos déficits que no dan cuenta de un cambio sustantivo en atención a los requerimientos de una política que es central para el sector defensa y para los intereses nacionales. En este sentido, tanto la ENSyD como la nueva forma de financiamiento de las adquisiciones militares presentan a lo menos tres problemas fundamentales.
Primero, ¿quiénes elaboran las políticas de Estado? Si bien la nueva forma de proyectar los requerimientos de la defensa nacional y por lo tanto de las adquisiciones para las FF.AA. presentaría avances en cuanto a mayor publicidad de las partidas presupuestarias asignadas, el problema se produce cuando observamos quienes elaboran y deciden respecto de qué se comprará. En este sentido el Congreso, pese a jugar un rol más preponderante en la aprobación del presupuesto para la Defensa, no posee injerencia en cómo serán utilizados los recursos asignados para el sector y solo tendrá la capacidad de “oír” a través de sus comisiones de defensa los informes entregados por el Ministerio, no cumpliéndose el rol fiscalizador del Legislativo sobre el Ejecutivo y los demás componentes del Estado, en este caso, sobre las FF.AA.
Segundo, la excepcionalidad del sector defensa. El nuevo proyecto de financiamiento de las FF.AA. establece un mínimo presupuestal, es decir, antes de realizar una planificación sobre las necesidades de la defensa, ya se tiene claro que igualmente se dispondrá de una cantidad importante de recursos, lo cual podría distorsionar las reales necesidades e “inflar” los requerimientos para las FF.AA. Además, se establece un presupuesto plurianual y un fondo de contingencia estratégico, lo que significa –a diferencia de cualquier otro sector del Estado igual o más importante- que la defensa tiene asegurado su financiamiento en el mediano plazo.
Tercero, transparencia y fiscalización. La nueva forma de adquisición mantiene un importante grado de secretismo -al igual que su predecesora Ley Reservada del Cobre- en cuanto a la fiscalización que los organismos competentes del Estado realizan. En este caso la fiscalización y el control sobre inversión y gastos que corresponde a la Contraloría General de la República, tendrá el carácter de reservado, quedando a discreción del Contralor el procedimiento de fiscalización.
Los tres problemas aquí advertidos –entre varios otros- representan serios déficits en cuanto a: pluralismo en la definición de políticas de Estado, excepcionalidad de un sector en desmedro de otros y transparencia. En términos de pluralismo, el debate sobre la ENSyD no solo debe estar supeditado a las opiniones de los asesores ministeriales, los expertos y think tanks afines al gobierno, o los militares activos y en retiro que actualmente ejercen funciones en el Ministerio de defensa: se debe incluir un espectro más heterogéneo de visiones y generar un debate más amplio, ya que lo tratado es una política de Estado que trasciende el alcance del gobierno actual.
Lo planteado será determinante para definir democráticamente la pertinencia o no de la mantención de la excepcionalidad del sector defensa, transparentar y fiscalizar los procesos asociados a su funcionamiento y, principalmente, enriquecer el debate respecto de cómo avanzar en un área central para el futuro de la nación y que contará con una buena cantidad de recursos asignados.
* Gonzalo Álvarez Fuentes, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Diego Portales. Consejero de la Asociación Chilena de Ciencia Política.
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