Punta de Choros: ¿la nueva forma de gobernar?

La decisión tomada por el presidente Piñera para revocar otra de la COREMA de Coquimbo, cuando ésta acepta el establecimiento de una planta termoeléctrica en Punta de Choros, no solo deja de manifiesto las posibilidades institucionales que presenta el sistema presidencialista chileno, o bien lo importante que puede ser la presión de la sociedad civil organizada a través de los medios para hacerse escuchar frente a un tema que despierta gran sensibilidad.  La situación planteada, conlleva una problemática mayor que involucra la principal característica del sistema político chileno de los últimos 20 años, la gobernabilidad sistémica –basada fundamentalmente en el consenso- y su importancia para el desarrollo de las políticas públicas y la toma de decisiones.

 

La publicación del informe sobre políticas públicas en America Latina del BID del 2006, dio cuenta  de la principal fortaleza del sistema político chileno, su estabilidad institucional y como esta afecta positivamente el proceso de formulación y evaluación de las políticas públicas, donde más que centrarse en la política en sí, establece una correlación de importancia entre la política y el proceso político que la lleva a cabo.  En base a distintas variables –estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, calidad en la implementación, con sentido público y eficiencia en el manejo de los recursos-, y donde el proceso de formulación y evolución de las políticas califican en baja – media y alta, el informe considera que nuestro país  califica con una consideración de muy alta, muy por sobre el resto de los países de la región.  

 

A partir del estudio nos podemos dar cuenta que las características que tiene  nuestro sistema político son un importante factor a la hora de calificar el desarrollo de las políticas públicas, por ende solo basta con que la política pública se desarrolle en los márgenes de carácter institucional para que sea calificada con distinción máxima.  En una sociedad donde el proceso político y sus instituciones –sistema de partidos, sistema electoral, parlamento, contraloría y poder judicial- están fuertemente asentados, se demuestra una solidez institucional que se traduce en poderes con capacidad de veto y en algunos casos, un conservadurismo y rigidez del proceso; así pareciera ser que el desarrollo de las política y su calificación, en los primeros 15  años de Concertación, se definía más que nada por esos últimos factores que por la calidad en sí de estas, apoyado además por la capacidad de consenso entre los distintos actores que forman el circuito institucional y extrainstitucional del poder.

 

Sin duda alguna que la decisión del Presidente no es inconstitucional, pero tensiona al sistema en cuanto a las distintas variables que en otros momentos el organismo internacional ha destacado. 

 

Por una parte, las políticas bajan en términos de estabilidad, ya que independiente de la orientación ideológica del gobierno de turno, la institucionalidad –buena o mala- había demostrado un funcionamiento apegado a la norma, lo que otorga predictibilidad y confianza en los mismos actores que forman parte del proceso –Instituciones del Estado, empresas y sociedad civil-, sin que necesariamente se ajusten a la discrecionalidad de la autoridad de turno, situación que el Presidente ha dejado en evidencia. Sin duda que en este punto el Presidente demuestra capacidad resolutiva, pero desconoce la principal característica de nuestro sistema político, la capacidad de consenso entre quienes forman parte del sistema y su estabilidad institucional.

 

Por otro lado, la adaptabilidad puede verse beneficiada, pero cuando no existen reglas claras, transparentes y conocidas por todos, también estas pueden atentar contra la primera variable y a su vez las políticas no son adaptables cuando existe desconfianza.

 

En tercer lugar, la coordinación y coherencia se ven fuertemente afectadas ya que el Presidente revoca una decisión adoptada en su mayoría por funcionarios que son de su exclusiva confianza, lo que indica que al interior del gobierno aún no queda clara la línea que este quiere desarrollar en materia energética.

 

En cuarto lugar, sin duda que la decisión puede ser aplaudida por una gran cantidad de actores y la sociedad civil en general, y estar orientada hacia un bien común, además el Presidente demuestra ser capaz de tomar una decisión que puede afectar a un actor poderoso, pero claramente deja un manto de dudas con respecto a los beneficios otorgados a una empresa en específico para que esta acepte sin mayores conflictos –la aprobación del proyecto siempre estuvo apegada a la norma- una decisión que debería significar al menos un perjuicio económico importante.  

 

Además la capacidad de implementación se ve perjudicada, ya que el sistema de controles institucionales que posee el sistema político es pasado por alto.

 

Y por último, en términos de eficiencia, surge la duda, sobre cual será el criterio adoptado de aquí en adelante para las discusiones en torno a la instalación de otras plantas que buscan por un lado generar desarrollo energético pero en muchos casos con un alto costo para el desarrollo medioambiental del país.

 

Claramente, en esta situación es fácil detectar quienes ganan y quienes pierden. En primer lugar, el Presidente –ya subiendo en las encuestas- asume un rol en defensa del medio ambiente que por la transversalidad del tema podría ser causa de algunos puntos más en su popularidad en el próximo sondeo. Con respecto a la empresa ejecutora del proyecto, aún cuando debería verse afectada, no existe mayor claridad en cuanto a los incentivos para frenar un negocio que en nuestro país es muy rentable como la energía. Por otro lado –y pasado este pequeño triunfo de los sectores ambientalistas, la algarabía bicentenaria y el drama de los mineros- la sociedad civil debería encontrarse a la expectativa en como la discrecionalidad, la política a corto plazo y la búsqueda de dividendo populares directos, no sólo podría dejarlos fuera en las próximas discusiones, sino que también no se manifieste en un verdadero cambio en la normativa existente. Finalmente, es evidente que la más afectada en este proceso es la propia institucionalidad implementada por los gobiernos concertacionistas, que no sólo se manifiesta deficitaria en cuanto al establecimiento de normas de carácter medioambiental cuando se discuten proyectos energéticos, sino que además puede perder una de sus más grandes características, la estabilidad.

 

 

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